SEMANAGRO | 9 AGO 2026
SEMANAGRO
La motosierra libertaria no quiere a los pequeños productores
El gobierno busca derogar la histórica Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales.
SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 526 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DE 2026
Si el gobierno logra derogar la ley actual que lleva vigente casi 80 años y prospera en el Parlamento la nueva, los alquileres pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial, sin la tutela o mediación del sector público sobre los plazos, formas de pago y condiciones de la explotación.
Esto, en la práctica, significa que el Estado dejaría su función reguladora y los nuevos contratos de arrendamiento de tierras quedarían a la “libre” negociación entre las partes ‘borrando’ el precio razonable para miles de familias campesinas o pequeños agricultores ante el dueño del terreno o los pooles de siembra.
La nueva ley no sólo dejaría más indefensos a los trabajadores de la tierra de lo que hoy están, sino que elevaría sus ya altos costos de manera prohibitiva. Según consignó Patricio Ballesteros Ledesma en una nota de Tiempo Argentino, para un productor agrícola argentino en la campaña 2026/2027, el costo del arrendamiento absorbe entre el 35% y el 40% (o más del 50% según la zona y el cultivo) del ingreso bruto o de la producción esperada, sin contar contratiempos climáticos o de rinde.
LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTORES PAGAN ALQUILER
Conviene recordar que la mayoría de los grandes, medianos y pequeños productores no son propietarios, arriendan una determinada extensión de tierras por varias campañas en función de las expectativas, pero como con cualquier materia prima la clave económica es la escala; el que más abarca es el que mejor precio consigue.
Alrededor del 70% de la superficie total en cultivo de trigo, maíz y soja en la Argentina lo hacen personas físicas y jurídicas sobre tierras alquiladas, según datos de la Secretaría de Agricultura y el sistema de información agrícola de ARCA.
El 67% de los productores de trigo produce en menos de 100 hectáreas, mientras que en soja y maíz esa escala se ubica en 54% y 60%, en cada caso.
El promedio ponderado del arrendamiento rural ronda los US$380 por hectárea, el nivel más alto de los últimos años para zonas productivas como Córdoba, lo que complica la ecuación financiera de los productores más chicos frente a los costos directos de siembra y la carga fiscal.
Esta iniciativa oficial involucra el manejo de las tierras rurales, pero casi no se habla
LOS GANADORES SE RELAMEN
En las golpeadas economías regionales, o los emprendimientos de menor escala de todo tipo de productos (hortícolas, frutícolas, apícolas, viñedos, yerbatales, olivares, legumbres), la situación es más crítica, ya que las unidades productivas son aún más pequeñas, se financian con la reinversión, ya que no cuentan con créditos bancarios ni estímulos de entidades públicas, y tienen que conseguir las tierras cerca de su zona de arraigo.
El texto con más de 100 artículos que elaboró Sturzenegger y su equipo atraviesa las últimas revisiones en la Casa Rosada antes de su ingreso formal al Congreso para ser debatido por los legisladores. Como recurso amplio y valioso pero finito, el tema de la propiedad, acceso y uso de la tierra está en debate en la actualidad por varios frentes y con intereses contrapuestos.
La administración libertaria lleva adelante desde su inicio una política de apertura hacia el agronegocio, la minería y la extracción de recursos naturales y una desregulación orientada a sacar del medio al Estado y dejar que el mercado negocie. Incluso está enajenando tierras fiscales y terrenos de instituciones públicas, que durante décadas fueron utilizados como zonas estratégicas y para actividades de investigación aplicada, como los de las Fuerzas Armadas y los del INTA.
Al mismo tiempo tiene en la mira a los pueblos originarios que ocupan dominios ancestrales muy buscados por capitales foráneos del ocio y el real estate, y a los asentamientos campesinos que trabajan en tierras rurales y suburbanas desde hace décadas. Hasta las vías navegables son negociables, como hicieron con la polémica reiterada licitación de la Hidrovía.
Del otro lado hay unas pocas voces políticas y algunas organizaciones sociales que plantean alternativas, como es el caso de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que impulsa proyectos de contención, como la Ley de Acceso a la Tierra y una mejora de la Ley de Arrendamientos Rurales, que buscan frenar la concentración de tierras, promover su acceso a los pequeños productores, impulsar la agroecología, proteger los derechos de los campesinos y garantizar alimentos sanos a precios justos para toda la población.
