El Concejo Deliberante de Junín se convirtió en el escenario de un fuerte cruce político tras la aprobación unánime de un pedido de informes impulsado por el bloque Fuerza Patria. La bancada opositora, liderada por la senadora provincial Valeria Arata y el concejal Fernando Burgos, exige al Ejecutivo municipal explicaciones detalladas sobre el destino de los fondos recaudados a través de la Tasa de Alumbrado Público, la cual se cobra mediante un recargo directo en las facturas de energía.
La controversia principal radica en el impacto que tiene este esquema en el bolsillo de los vecinos. Actualmente, el municipio aplica un recargo general del 25% sobre el consumo neto de energía. Sin embargo, Fuerza Patria denuncia que este sistema genera distorsiones extremas e inequidades graves debido a que se calcula de manera porcentual sobre el consumo privado y no por el servicio real prestado en la vía pública.
Desde la oposición presentaron casos concretos de usuarios residenciales para demostrar el desfasaje:Un vecino que consume $56.000 de energía neta termina pagando $17.000 extras únicamente en concepto de tasa municipal (un impacto real que supera el 30% al sumarse a otros cargos fijos), elevando su boleta total a casi $98.000 debido al peso de los impuestos.
Por el contrario, un hogar con bajo consumo eléctrico en la misma cuadra paga un monto sustancialmente menor por la tasa de alumbrado, a pesar de que ambos frentistas reciben exactamente la misma iluminación de la lámpara de la calle.
El argumento central de Fuerza Patria es que el municipio concretó una migración masiva a luminarias LED, lo que redujo drásticamente el consumo eléctrico global de la ciudad y abarató los costos de mantenimiento. Por este motivo, exigen que la tasa se reduzca de inmediato del 25% al 15% para trasladar ese ahorro tecnológico a los ciudadanos.
Como se puede ver en esta factura de un usuario juninense, el componente impositivo es altísimo y el municipal, el más gravoso: De energía, es poco más de 56.000 pesos al mes, pero de impuestos, es casi otro tanto, es decir que al final del mes un usuario termina pagando casi el doble por la energía que consumió.
Por su parte, el bloque oficialista ("Somos") defendió la gestión del intendente Pablo Petrecca y justificó la continuidad del esquema de recaudación. Desde el Ejecutivo local argumentan que los fondos de la tasa son esenciales para sostener el plan de infraestructura urbana y seguridad vial.
Según la postura oficial, mantener estos recursos permite financiar la extensión de la red de iluminación en barrios periféricos, zonas vulnerables y caminos rurales que antes estaban a oscuras. Para el municipio, la inversión en tecnología LED no debe verse como un saldo a favor para recortar ingresos, sino como una herramienta de eficiencia que permite reinvertir en la seguridad de todo el partido de Junín.
La resolución aprobada obliga ahora al Ejecutivo a transparentar las cuentas: deberá rendir detalles de los montos totales percibidos, los pagos efectuados y el destino específico del superávit generado por el ahorro energético.