Durante casi un año, los juninenses asistieron a una sucesión de anuncios grandilocuentes sobre un emprendimiento que prometía transformar la ciudad. Videos en redes sociales, entrevistas periodísticas, fotografías derribando paredes y declaraciones sobre un futuro polo cultural, comercial y gastronómico ocuparon titulares y despertaron expectativas.
Sin embargo, detrás de aquella puesta en escena se escondía una realidad mucho menos espectacular y era la propia municipalidad terminó reconociendo que la obra avanzaba sin la documentación exigida por la normativa vigente.
El dato adquiere una dimensión todavía mayor porque no surge de una denuncia política sino de la respuesta oficial que el Departamento Ejecutivo brindó a un pedido de informes aprobado por el Concejo Deliberante presentado por la edil Belén Veronelli.
Allí admite que, hasta el 4 de agosto de 2026, los responsables del emprendimiento no habían presentado la documentación requerida y que las reiteradas inspecciones municipales nunca pudieron concretarse. Como consecuencia, Obras Particulares concluyó que la construcción se desarrollaba "en forma clandestina".
"Carucha", presentada como un futuro símbolo de identidad local, terminó convirtiéndose en la metáfora perfecta de un proyecto sostenido mucho más por el marketing político y las promesas que por los expedientes
Todo comenzó en plena campaña electoral nacional del año pasado. Eduardo "Condorito" Dimarco, responsable del Teatro San Carlos, apareció ocupando importantes espacios en el diario La Verdad y en videos difundidos por redes sociales anunciando la recuperación de la histórica planta de exFecovita, ubicada sobre calle Rivadavia 574, donde antiguamente funcionó el centro de distribución de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.
El proyecto prometía convertir aquel predio ferroviario en un moderno multiespacio cultural y comercial que modificaría la fisonomía urbana de Junín y volvería a integrar dos sectores históricamente separados por las vías.
Las imágenes mostraban el inicio de trabajos de demolición y limpieza. Incluso trascendieron denuncias sobre el retiro de maquinaria y otros elementos existentes en el lugar.
Mientras tanto, el municipio, tan atento a dar publicidad a los mínimos logros propios y ajenos, jamás informó públicamente si aquellas tareas contaban con autorización, si existían permisos o si la obra se desarrollaba dentro de las normas urbanísticas que habitualmente exige con rapidez a cualquier vecino que inicia una construcción o abre un pequeño comercio.
La coincidencia temporal tampoco pasó inadvertida. Mientras el emprendimiento ocupaba espacios destacados en los medios afines al oficialismo, el gobierno municipal utilizaba el mismo clima de optimismo para volver a exhibir el reinicio del paso bajo nivel, otra obra convertida desde hace años en una promesa recurrente cuya ejecución continúa avanzando con extrema lentitud.
¿Cómo pudo desarrollarse durante diez meses una obra de semejante magnitud sin que las autoridades hicieran pública esa situación?
La escena comenzó a cambiar cuando la concejal Veronelli presentó un pedido de informes impulsado por denuncias de vecinos. La solicitud apuntaba a cuestiones elementales: conocer si existía un proyecto aprobado, quién era el responsable de la obra, si el Estado nacional había autorizado el uso del predio ferroviario y si el emprendimiento respetaba el Código de Ordenamiento Urbano, considerando que el terreno figura como Zona de Reserva. También preguntaba por la inexistencia del cartel obligatorio de obra.
La respuesta oficial terminó siendo mucho más reveladora que cualquier especulación y el Ejecutivo informó que había requerido a los responsables copia de la documentación de la cooperativa IDECON, memoria técnica, planos y el permiso otorgado por el Estado nacional para utilizar el predio.
Pero agregó que, al 4 de agosto de este año, ninguno de esos documentos había sido presentado. Todavía más contundente fue el informe elaborado por Obras Particulares.
Según consta en el expediente municipal, la Dirección de Fiscalización e Inspección realizó reiteradas solicitudes para ingresar al lugar, aunque nunca obtuvo respuesta. De esa situación el propio Municipio concluyó que "la obra se venía realizando en forma clandestina".
La pregunta inevitable surge sola: ¿cómo pudo desarrollarse durante diez meses una obra de semejante magnitud sin que las autoridades hicieran pública esa situación?
La respuesta resulta todavía más difícil de comprender si se recuerda que el mismo municipio mantiene una postura similar respecto de la falta de habilitación definitiva del Teatro San Carlos, cuyo funcionamiento también motivó un pedido de informes que, según denunció la propia Veronelli, nunca llegó a debatirse por decisión del oficialismo.
El proyecto prometía convertir aquel predio ferroviario en un moderno multiespacio cultural y comercial que modificaría la fisonomía urbana de Junín
Sin embargo, mientras la documentación brillaba por su ausencia, el discurso público seguía creciendo. Dimarco aseguraba que mantenía conversaciones con importantes cadenas comerciales y gastronómicas. Entre ellas mencionó a Kentucky y sostuvo que varias marcas nacionales e internacionales estaban interesadas en desembarcar en Junín.
El diario La Verdad reforzaba esa expectativa afirmando que existían contactos avanzados con franquicias de distintos rubros y que el futuro centro comercial avanzaba "lento, pero firme".
El relato alcanzó incluso dimensiones simbólicas y apareció en escena a fines del año pasado el desarrollador Ernesto Portalet quien presentó la gigantesca máscara denominada "Carucha" como una obra destinada a convertirse en un emblema turístico y artístico para la ciudad, capaz de proyectar a Junín más allá de las fronteras nacionales. La iniciativa llegó incluso a transformarse en un libro presentado durante la reciente Feria del Libro local.
Sin embargo, tal vez advertido por el municipio sobre el negativo informe, el pasado 22 de julio, el propio Portalet explicó que el predio había sido cedido temporalmente a la empresa encargada de construir el viaducto ferroviario, una versión que tampoco parece coincidir con la respuesta oficial del Municipio, donde se afirma que no existía documentación presentada respecto del emprendimiento.
La discusión, entonces, deja de ser si el multiespacio llegará algún día a concretarse y ahora el verdadero interrogante es otro: por qué durante casi un año una obra anunciada como estratégica para el desarrollo de Junín pudo avanzar sin cumplir los requisitos administrativos básicos que cualquier vecino debe respetar para construir, ampliar su vivienda o abrir un pequeño comercio.
"Carucha", presentada como un futuro símbolo de identidad local, terminó convirtiéndose en la metáfora perfecta de un proyecto sostenido mucho más por el marketing político y las promesas que por los expedientes. Porque, a la luz de la documentación oficial, detrás de la enorme máscara parece haber habido bastante más humo que certezas.