Si bien no hay datos exactos en Junín respecto a cuántos son los perros y gatos que se abandonan mes a mes por no poder cuidarlos, aseguran que estos comienzan a verse con mayor frecuencia.
Por lo general, se los suele hallar perdidos en caminos rurales, ya que sus desalmados dueños evitan ser captados por las cámaras o ser encarados por los propios vecinos de la ciudad.
En ese marco, las mascotas terminan deambulando con un gran riesgo para su vida, ya que, acostumbradas a la domesticación, no están aptas para conseguir alimento por sus propios medios.
La situación resulta preocupante tanto en Junín como en otros lugares de la provincia y del país, ya que la crisis económica impacta de manera crítica tanto en los dueños particulares de mascotas como en los refugios y grupos proteccionistas locales.
La inflación en alimentos y servicios veterinarios generó complicaciones severas en la región, y el recorte en los salarios produce un combo que dificulta la convivencia con los animalitos.
Si bien, en la mayoría de los casos, la mascota es parte insustituible de la familia, está claro que así como se resiente la calidad de vida y la alimentación del grupo familiar, lo mismo ocurre con estos compañeros.
De esa manera, se nota una baja en la atención y el cuidado, motivo por el cual muchos hogares juninenses se ven obligados a cambiar a marcas de alimento de menor calidad o a postergar los controles anuales de salud y vacunación por falta de presupuesto. Peor aún es cuando la mascota sufre un accidente o una enfermedad grave y deben recurrir a una atención veterinaria compleja. En esos casos, suelen observarse pedidos de donaciones o ayuda en las redes sociales para costear los tratamientos, reconociendo también que existen profesionales de la medicina veterinaria que hacen su aporte, a veces bajando los costos y otras brindando los medicamentos necesarios, lo que produce un ahorro sustancial para el cuidador.
Uno de los mayores inconvenientes frente a este tipo de casos, en relación con la ajustada economía doméstica, ocurre con el problema de los alquileres: ante una mudanza en la que la crisis obliga a las familias a buscar viviendas más chicas o departamentos en la ciudad, encuentran serias trabas para que les acepten animales.
De este modo, termina registrándose un incremento de animales dejados a su suerte en la vía pública. El problema se agrava con ejemplares adultos o viejos que padecen problemas de salud que los dueños no pueden atender como debieran; lamentablemente la patología sigue empeorando hasta que mueren.
La misma situación la padecen los refugios y proteccionistas locales, que aducen falta de espacio y saturación. Así, las organizaciones y las redes de rescatistas trabajan al límite de su capacidad o se rinden frente a la impotencia de la situación.
Incluso, los hogares de tránsito se encuentran desbordados y, a pesar de la buena voluntad de los siempre serviciales voluntarios, su capacidad está económicamente sobrepasada.
Como en un efecto dominó, las donaciones de alimento y dinero por parte de la comunidad disminuyeron drásticamente porque los vecinos también recortan sus gastos.
Finalmente, no hay que dejar de lado que cuesta mucho trabajo conseguir familias dispuestas a adoptar de manera responsable a largo plazo. La mayoría busca cachorros (a veces ni eso) y rechaza a los perros adultos, que terminan pasando toda su vida en los caniles.
En medio de este escenario, y con el problema crucial de los animales en las calles y sin rumbo, resulta un buen motivo para abrir un debate acerca de las responsabilidades de sus dueños.
Y así como en nuestro medio se estableció una ordenanza en ese sentido para los caballos sueltos, bien podría analizarse cómo ordenar la situación de los perros que, más de una vez, han causado lesiones a transeúntes, ciclistas y motociclistas.
Al respecto, el mes pasado el municipio de Villa María, en Córdoba, fue uno de los primeros en debatir una ordenanza amplia para regularizar la tenencia de mascotas.
La iniciativa había sido planteada desde el propio Ejecutivo con “la pretensión de ordenar y reglamentar la tenencia de mascotas y la situación de los animales callejeros”.
No se pudo lograr la unanimidad y hubo críticas por parte de la oposición. El objetivo es ir más allá, institucionalizando una política integral y sustentada que supere el mero enfoque de la castración.
Si bien se estipulaba incluso determinar una cantidad límite de animales por vivienda (algo que podría afectar a los vecinos lindantes), no hubo consenso y la medida quedó sin límites precisos, adecuándose a “condiciones edilicias y de salud pública”.
Se logró la creación de un registro municipal de animales, con tecnología de microchip, para identificar a los responsables y recuperar mascotas perdidas.
La ordenanza aprobada en el municipio cordobés, entre otros puntos, incorpora la figura del Animal Comunitario, definido como aquel “principalmente canino o felino, que no tiene un guardador individual, pero es cuidado, alimentado, esterilizado e identificado por miembros de una comunidad o barrio”.
De hecho, la normativa va en un sentido opuesto a la criminalización de estas conductas a través de figuras como el reconocimiento del Animal Comunitario, al contemplar y validar la acción comunitaria de alimentarlos y cuidarlos.
Por otra parte, la tenencia de animales de compañía (caninos y felinos) en un domicilio está supeditada al espacio físico disponible y a las condiciones higiénico-sanitarias, aunque no se fija un límite puntual. Lo que se exige es no perjudicar la tranquilidad ni el bienestar de terceros o de las propias mascotas.
Para una tenencia responsable, se obliga a contar con un ambiente físico y una higiene óptimos para los animales y las personas, cumplir con el plan de vacunación, la desparasitación y el registro de la mascota, presentar una Declaración Jurada de no haber sido sancionado por contravenciones de maltrato animal en los últimos dos años, y realizar la inscripción obligatoria a partir del cuarto mes de vida en el Registro Municipal de Animales (RMA).
En cuanto al paseo o la presencia de animales en la vía pública, los requisitos son portar collar, medalla y carnet o acreditación identificatoria (física o digital).
Se establece la “prohibición absoluta de dejar animales sin vigilancia en la vía pública, plazas o paseos, así como el traslado obligatorio con correa y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas o animales propensos a la agresividad”.
Entre otros puntos, se prohíbe atar animales a árboles, postes, rejas o pilares en la vía pública si esto interfiere en el tránsito peatonal o genera riesgo; tampoco se puede dejar a los animales alojados sin recibir los cuidados correspondientes por más de 48 horas.
Asimismo, se restringe totalmente la presencia permanente de caninos y felinos dentro de restaurantes, bares, cafeterías y locales de elaboración o almacenamiento de alimentos, con la exención de los perros lazarillos.