LOCALES | 14 AGO 2026
NOTA DE TAPA
Debate político en Seguridad: ¿reforma o lo mismo de siempre?
La provincia de Buenos Aires abrió el debate para modificar una ley que lleva casi tres décadas de vigencia. La discusión ofrece una oportunidad inédita para revisar no sólo el funcionamiento de la Policía Bonaerense, sino también la relación entre el poder político, la Justicia y los municipios. ¿Cómo reconstruir un sistema cuya mayor deuda sigue siendo la falta de conducción, controles eficaces y coordinación institucional?
NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 526 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DE 2026
La inseguridad continúa ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones de los bonaerenses y Junín no se aparta de ello.
Cada administración, independientemente de su signo político, ha intentado encontrar respuestas, sin embargo las estadísticas criminales, las reiteradas crisis policiales y la permanente tensión entre policías, fiscales, jueces y dirigentes políticos muestran que el problema difícilmente pueda resolverse con cambios de nombres, nuevas estructuras administrativas o mayores recursos económicos.
La discusión de una nueva ley aparece entonces como una oportunidad para revisar cuestiones que históricamente quedaron relegadas.
Desde SEMANARIO entendemos que no es sólo cómo combatir el delito, sino también cómo controlar a quienes ejercen el monopolio de la fuerza pública, cómo profesionalizar la conducción política de la seguridad y de qué manera integrar a todos los actores que intervienen en el sistema penal.
Porque la seguridad pública bonaerense no depende exclusivamente de la Policía. Tampoco de la Justicia. Ni de los municipios. Es el resultado de una cadena institucional donde cada eslabón necesita funcionar de manera coordinada. Cuando alguno falla, el sistema completo pierde eficacia y, casi inevitablemente, cada institución termina responsabilizando a otra por los malos resultados.
La inseguridad continúa ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones de los bonaerenses y Junín no se aparta de ello
DEUDA PENDIENTE
Hablar de una reforma policial en la provincia de Buenos Aires obliga inevitablemente a volver sobre una expresión que, aunque nació hace más de dos décadas, continúa describiendo muchos de los problemas estructurales de la fuerza: la llamada "maldita Policía".
La expresión sintetizó una época marcada por denuncias de corrupción, recaudación ilegal, connivencia con el delito organizado, participación de efectivos en redes de narcotráfico, enriquecimiento patrimonial injustificado, violencia institucional y utilización discrecional del poder policial. Desde entonces pasaron gobiernos de distintos signos políticos, se sucedieron ministros de Seguridad y se anunciaron profundas transformaciones, pero muchos de aquellos problemas continúan apareciendo, una y otra vez, bajo nuevas formas.
El gobernador, Axel Kicillof, envió al Senado bonaerense el proyecto de ley para la reforma de la Policía Bonaerense.
Uno de los especialistas que más profundamente estudió el funcionamiento de la Policía Bonaerense es Marcelo Saín. Hace más de una década, en declaraciones que generaron una enorme polémica, sostuvo que incluso aquella "maldita Policía" poseía un grado de conducción institucional superior al actual. Su planteo no reivindicaba las prácticas ilegales del pasado, sino que advertía sobre un fenómeno diferente: la pérdida de control político sobre una organización que había adquirido altos niveles de autonomía.
Saín describía entonces una fuerza fragmentada, con estructuras de poder difíciles de supervisar y donde las comisarías, según denunció, eran asignadas en función de su capacidad de recaudación ilegal. Más allá del impacto mediático que provocaron aquellas afirmaciones, el núcleo de su análisis sigue siendo motivo de debate entre especialistas: una policía sin conducción efectiva resulta tan peligrosa como una policía atravesada por prácticas de corrupción.
La reforma que ahora comienza a discutirse debería responder precisamente a ese desafío. No alcanza con incorporar tecnología, sumar patrulleros o modificar organigramas si no existen mecanismos permanentes que garanticen transparencia, supervisión y responsabilidad institucional.
Administrar patrulleros no equivale a conducir una política de seguridad: esa diferencia puede determinar el éxito o el fracaso de cualquier reforma
EL CASO JUNIN
La reciente condena judicial a tres efectivos policiales de nuestra ciudad que debían velar por la seguridad de los vecinos volvió a poner en evidencia que las irregularidades dentro de la fuerza siguen siendo una realidad que no puede minimizarse. El caso expuso conductas incompatibles con la función policial y demostró que los mecanismos internos de prevención y control continúan mostrando serias debilidades. No se trata de un episodio aislado ni de una anomalía exclusiva del ámbito local. Constituye, por el contrario, una expresión concreta de un problema que atraviesa desde hace décadas a la institución policial bonaerense.
Pero reducir el análisis únicamente a los casos de corrupción sería un error tan grave como ignorarlos. Miles de hombres y mujeres integran diariamente la fuerza policial desempeñando una tarea que los especialistas describen como una de las profesiones con mayor nivel de exposición al estrés, al riesgo físico y al desgaste emocional. Diversos trabajos académicos sobre salud laboral policial sostienen que el contacto permanente con situaciones de violencia, la utilización cotidiana de armas de fuego, la presión psicológica y la convivencia con escenarios traumáticos generan mecanismos de defensa que, si no reciben adecuado acompañamiento institucional, terminan afectando tanto la salud del personal como la calidad del servicio que presta a la comunidad.
La reforma de la seguridad, por lo tanto, tampoco puede construirse desde una mirada que enfrente a la sociedad con la Policía.
Debe diferenciar con claridad a quienes utilizan el uniforme para delinquir de los miles de efectivos que cumplen honestamente su tarea en condiciones muchas veces adversas. Fortalecer los mecanismos de control interno y externo no significa desconfiar de toda la institución; significa precisamente proteger a quienes ejercen correctamente la función policial y aislar con mayor rapidez a quienes la deshonran.
Por eso, si el debate se hace seriamente se enriquece y mira todos los aspectos y no unos pocos. Quizás por primera vez en muchos años exista la posibilidad de dejar de pensar exclusivamente cómo enfrentar el delito para empezar a preguntarse cómo reconstruir las instituciones encargadas de combatirlo.
Las instituciones sólo cambian cuando modifican sus reglas de funcionamiento, sus mecanismos de supervisión y la calidad de quienes las conducen
CONDUCIR NO ES ADMINISTRAR
Uno de los temas también irresueltos gira alrededor del papel que deberán asumir los municipios en el futuro sistema de seguridad.
Desde distintos gobiernos locales se sostiene que los intendentes y sus equipos conocen mejor que nadie el territorio, las dinámicas barriales y las modalidades delictivas que afectan a cada distrito. Esa cercanía, afirman, justificaría una mayor participación municipal en la planificación y ejecución de las políticas de seguridad.
En Junín, esa postura fue expresada por el secretario de Gobierno, Lisandro Benito, quien planteó la necesidad de que los municipios tengan una intervención más activa en la futura legislación, precisamente porque son quienes conviven diariamente con las demandas de los vecinos y conocen las particularidades de cada comunidad.
El razonamiento posee fundamentos aunque también claroscuros. Los gobiernos locales reciben las primeras denuncias, administran los centros de monitoreo, sostienen las áreas de prevención, coordinan con los foros vecinales y a través de una tasa destinada a la seguridad, aportan recursos para combustible, móviles, cámaras y equipamiento que originalmente corresponden a la Provincia.
Sin embargo, el conocimiento territorial constituye apenas una parte de la ecuación.
La conducción de una política pública de seguridad exige competencias mucho más amplias que la administración cotidiana de recursos. Implica interpretar estadísticas criminales, comprender el funcionamiento de organizaciones complejas, coordinar organismos con competencias diferentes, establecer prioridades operativas, evaluar resultados y diseñar estrategias de mediano y largo plazo.
Allí aparece un concepto desarrollado por el investigador Diego Galeano que resulta especialmente oportuno para este debate: el “expertise”.
Según su trabajo sobre el gobierno de la seguridad, las decisiones en esta materia no deberían descansar únicamente sobre la voluntad política o la experiencia territorial, sino también sobre conocimientos técnicos especializados capaces de transformar información compleja en políticas públicas eficaces.
En síntesis, si se va a reformar una ley que sea explícita la seriedad, profesionalismo y eficiencia con que se deben llevar a cabo las acciones.
La seguridad, sostiene Galeano, no puede reducirse a un problema exclusivamente policial ni exclusivamente político. Es una construcción en la que intervienen saberes especializados, agencias estatales, organizaciones sociales y múltiples actores que deben actuar coordinadamente.
Esa mirada obliga a superar una falsa discusión. El interrogante no debería ser si los municipios deben o no participar. Lo hacen desde hace años y probablemente deban hacerlo todavía más. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo garantizar que esa participación esté respaldada por equipos técnicos, planificación y evaluación permanente? Y un detalle más: que los números sean transparentes al máximo para que la tasa que abonan los vecinos y los recursos provinciales sean volcados íntegramente en el área.
Convengamos en que administrar patrulleros no equivale a conducir una política de seguridad. Y esa diferencia puede determinar el éxito o el fracaso de cualquier reforma.
CADENA FRAGMENTADA
Hay una escena que se repite después de casi todos los delitos de alto impacto.
La Policía sostiene que el problema es la Justicia porque libera rápidamente a los detenidos. Los fiscales responden que muchas investigaciones fracasan porque los procedimientos policiales presentan deficiencias o porque las pruebas llegan incompletas.
Los jueces recuerdan que sólo pueden resolver sobre la base de la evidencia incorporada a las causas.
Los municipios reclaman mayores recursos. La Provincia señala las limitaciones presupuestarias.
Mientras tanto, la sociedad observa un intercambio permanente de responsabilidades sin encontrar respuestas satisfactorias y padece como el caso de Junín, los robos de motos, bicicletas, comercios, además de entraderas, escruches y una variedad de delitos al que se suman fuertemente las estafas virtuales.
Ese mecanismo de culpabilización recíproca entre organizaciones revela uno de los mayores déficits del sistema bonaerense: la ausencia de una verdadera gobernanza integrada.
Cae de maduro, que la seguridad no funciona como compartimentos estancos, sin embargo esa es lamentablemente la cruda realidad.
Si la prevención falla, aumenta el delito. Si la investigación resulta deficiente, disminuyen las posibilidades de condena. Si las fiscalías trabajan sin información suficiente, las causas se debilitan. Si el sistema judicial actúa con lentitud, la sensación de impunidad crece. Y si el poder político no coordina a todos esos actores, cada organismo termina desarrollando sus propias prioridades sin un objetivo común.
Paradójicamente, la futura ley tiene la oportunidad de corregir esa fragmentación y no es creando nuevos organismos, sino estableciendo mecanismos permanentes de articulación entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, municipios y Ministerio de Seguridad, con indicadores comunes, intercambio sistemático de información y evaluación periódica de resultados. Y atentos al último punto, ya que evaluación periódico no es salir a buscar soluciones urgentes ante una ola delictual, sino estar monitoreando permanentemente, algo a lo que no están acostumbradas las entidades públicas.
La coordinación institucional no elimina el delito, pero reduce la improvisación y, sobre todo, permite que el ciudadano deje de escuchar explicaciones cruzadas para comenzar a exigir resultados medibles.
CONTROLAR AL QUE CONTROLA
Si hubiera que resumir en una sola palabra la deuda histórica de la seguridad bonaerense, probablemente esa palabra sería “control”.
Durante décadas, las distintas administraciones impulsaron reformas, reorganizaciones y cambios de conducción. Sin embargo, pocas veces lograron construir sistemas permanentes de supervisión capaces de trascender a los gobiernos de turno.
La experiencia demuestra que ninguna institución mejora únicamente por la buena voluntad de sus autoridades. Las organizaciones complejas funcionan mejor cuando saben que serán evaluadas. Eso vale para un hospital, una universidad y lógicamente para un municipio o una fuerza policial.
La futura ley debería aprovechar esta oportunidad para fortalecer los organismos de control interno, pero también para consolidar instancias independientes de auditoría, seguimiento patrimonial, análisis estadístico y recepción de denuncias, capaces de actuar con autonomía respecto de la propia estructura policial, buscando proteger su legitimidad.
Porque cada episodio de corrupción, violencia institucional o connivencia con organizaciones criminales deteriora la confianza social en miles de efectivos que cumplen honestamente con su trabajo y hay que fortalecer ese lazo por medio de la transparencia.
La Provincia tiene hoy una oportunidad excepcional. Puede limitarse a actualizar una ley sancionada hace casi treinta años o iniciar una reforma mucho más profunda, orientada a reconstruir la confianza entre la sociedad y las instituciones encargadas de protegerla.
La diferencia entre una opción y otra no estará dada por la cantidad de artículos que finalmente apruebe la Legislatura.
Estará dada por la capacidad de comprender que la seguridad no depende únicamente de más patrulleros, más cámaras o penas más severas, sino de instituciones capaces de actuar con profesionalismo, coordinación y controles permanentes.
Las instituciones sólo cambian cuando modifican sus reglas de funcionamiento, sus mecanismos de supervisión y la calidad de quienes las conducen, ese es el verdadero desafío que enfrenta hoy la nueva reforma y también la discusión que la sociedad no debería dejar pasar.
CINCO REFORMAS NECESARIAS
Después de casi treinta años de vigencia de la Ley Provincial de Seguridad Pública, la discusión abierta por el Gobierno bonaerense ofrece la posibilidad de revisar cuestiones que distintos especialistas vienen señalando desde hace décadas. Más allá de las diferencias políticas, existe cierto consenso académico respecto de algunos cambios imprescindibles.
1. Controles verdaderamente independientes
La supervisión de la actividad policial no debería depender exclusivamente de la propia estructura de la fuerza. Auditorías externas, declaraciones patrimoniales periódicas, estadísticas públicas y sistemas de denuncias protegidas contribuirían a detectar irregularidades antes de que se transformen en escándalos institucionales.
2. Profesionalizar la conducción política
Dirigir una política de seguridad requiere conocimientos técnicos específicos. La experiencia territorial constituye un activo importante, pero debe complementarse con equipos especializados capaces de analizar información criminal, evaluar resultados y diseñar estrategias de largo plazo.
3. Integrar Policía y Justicia
La investigación criminal continúa funcionando con altos niveles de fragmentación. La nueva ley debería crear mecanismos permanentes de coordinación entre policías, fiscales, jueces y municipios, con objetivos compartidos y sistemas comunes de evaluación.
4. Cuidar también a quienes cuidan
Las investigaciones sobre salud ocupacional coinciden en que la actividad policial se encuentra entre las profesiones con mayor exposición al estrés, al riesgo y al desgaste emocional. La formación continua, la asistencia psicológica, el acompañamiento posterior a hechos traumáticos y condiciones laborales adecuadas no sólo protegen al personal, sino que también mejoran la calidad del servicio que recibe la sociedad.
5. Medir resultados, no anuncios
La eficacia de una política de seguridad no debería evaluarse por la cantidad de patrulleros incorporados o de operativos realizados, sino por indicadores verificables: reducción de delitos, tiempos de respuesta, niveles de esclarecimiento, confianza ciudadana y disminución de hechos de violencia institucional. Lo que no se mide, difícilmente pueda corregirse.
