Objeto bajo la lupa: Okupas de la interminable

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 529 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE  DE 2026

Hace 14 años, el Concejo Deliberante aprobó la construcción de una nueva terminal de ómnibus en un predio adquirido por el municipio en el ingreso a la ciudad, a pocos metros de la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Avenida de Circunvalación.

Para llevar la tarea a cabo, la gestión de Mario Meoni firmó varios convenios. Uno de ellos fue con la empresa Rowing, que se encargó de las obras a cambio del predio donde se ubicaba la vieja terminal de avenida San Martín y Rivadavia, recientemente demolida.

Sin embargo, la llegada de Pablo Petrecca al gobierno mantuvo frenado el proyecto a pesar de estar a muy poco tiempo de su conclusión.

De todas formas, con Meoni a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, se firmó un convenio en enero de 2021 por el cual se otorgaron unos 120 millones de pesos ($3.700 millones actuales) a Junín para “para dotarla de una correcta potencia eléctrica a través de la red pública, llevando línea de media tensión desde el centro de transformación más cercano, en Edén, convirtiéndola en el centro de trasbordo más importante de la región”. Luego llegarían los aportes respectivos para ejecutar -entre otras- las obras de acceso desde Circunvalación a cargo de Vialidad Nacional.

Sin embargo, a tal punto llegó la desidia que, luego de 10 largos años en el poder el Ejecutivo comunal a cargo de Petrecca, declaró no estar capacitado para administrar y organizar la terminal y al mismo tiempo infló los gastos necesarios para convencer a los vecinos. Con ese motivo, armó una licitación que tuvo un único oferente: casualmente, el mismo holding empresario que la construyó, al cual le entregaron la explotación por 30 años de una estructura valuada en varios millones de dólares a cambio de un alquiler irrisorio.

LICITACION Y NEGOCIO

El 30 de abril de 2025, en la apertura de sobres de la licitación para la Administración, Renovación y Explotación Comercial de la Terminal de Ómnibus (ETOJ), se presentó un solo postulante: la Unión Transitoria (UT) integrada por Soluciones Químicas y Planet Partner Development S.A., por un monto de 380 millones de pesos.

Esta empresa es la misma que presentó la iniciativa privada que dio origen a la licitación. Además, una de las firmas integrantes del grupo, Soluciones Químicas S.A., es la encargada de realizar contrataciones con terceros para los proyectos de obra en el predio ubicado en Pastor Baumann y Ruta Nacional 188 —donde se construye la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)— de acuerdo con información divulgada el año pasado por el propio Gobierno de Junín y que se halla momentáneamente paralizado.

Esta red de contratos se entrelaza también con Rowing, la compañía que en la gestión anterior se quedó con la obra de la nueva terminal, la pista de atletismo y el fallido “centro cultural” ya que ahí funciona el Centro de Observación y Monitoreo de la secretaría de Seguridad.

Cabe recordar que el caso de la terminal de Circunvalación y Ruta 7 —que el petrequismo recibió hace 12 años a punto de finalizarse— consistió en una licitación de objeto múltiple. Esta incluyó, por un lado, la administración y modernización de la estación, bajo un régimen de concesión privada a partir del 1 de enero de 2026, precedida por un período de transición en 2025 bajo la modalidad de provisión de servicios.

Por otro lado, la licitación contemplaba la concesión de uso de sectores de la terminal y terrenos aledaños para construir y explotar espacios comerciales, recreativos y culturales complementarios. Es decir, el proyecto del “shopping” ya habría estado ideado desde el inicio pero sólo era cuestión de esperar el momento oportuno.

Asimismo, se establecía que el concesionario final sería responsable de: refaccionar, mantener y operar la terminal, prestar servicios esenciales como boleterías, sanitarios, gastronomía, seguridad, limpieza, atención al usuario, maleteros y recepción de encomiendas.

También construiría nuevos espacios comerciales y culturales en zonas específicas del predio. El acuerdo era para “garantizar el buen funcionamiento anteposibles aumentos en la demanda del transporte”.

Sin embargo, cuando la ciudadanía creía que el transporte de pasajeros por carretera contaría en Junín con servicios e infraestructura de vanguardia, los funcionarios municipales y los concesionarios privados alteraron por completo el «objeto específico» del predio.

De este modo, lo transformaron en un negocio inmobiliario privado, vulnerando todos y cada uno de los convenios y contratos firmados oportunamente con el Estado nacional.

Si los juninenses nos hemos quedado sin una representación política dispuesta a defender los intereses comunitarios, sería honesto que sus representantes lo admitieran públicamente

DESNATURALIZACION DEL ESPACIO

De este modo, se configura un claro conflicto en torno a esta suerte de usurpación: sin los debidos permisos, se transformó el patrimonio de todos los juninenses para favorecer a un privado dedicado a la explotación de locales comerciales, relegando lo que fue una obra de avanzada como terminal de ómnibus a quedar más reducida que la demolida estructura fundada en abril de 1962 en el centro de Junín.

Ante este panorama, resulta imperativa la intervención de diversos organismos federales de investigación. Del mismo modo, los concejales no deberían actuar como cómplices de lo que, a todas luces, representa una entrega del patrimonio local para el usufructo de particulares, en términos y plazos que exceden largamente a la actual gestión.

Para comprender con precisión la gravedad de la alteración del «objetivo específico» en el marco de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, es necesario analizar las herramientas técnicas que utiliza la norma para gestionar los recursos públicos: la Técnica del Presupuesto por Programas y el Clasificador por Objeto del Gasto.

La ley estipula que el presupuesto nacional debe expresar las políticas públicas mediante programas dotados de metas cuantificables y objetivos jerarquizados. El objetivo general era la construcción de una moderna terminal de ómnibus con financiamiento del Ministerio de Transporte, destinada a reemplazar a la antigua estación por cuestiones logísticas y de seguridad vial.

Por su parte, el objetivo específico aludía al resultado concreto e intermedio asignado a un proyecto específico: una infraestructura moderna, de avanzada, con capacidad ampliada en el acceso a la ciudad sobre una ruta nacional.

La Ley N° 24.156 es tajante al exigir que los fondos asignados a un proyecto determinado no puedan desviarse arbitrariamente hacia otros fines. No obstante, lo que iba a ser una terminal de ómnibus terminó convertida en un “cambalache”, donde hoy existen más boleterías (un total de doce) que dársenas operativas (apenas ocho), muy lejos de los cerca de 20 espacios de llegada y salida con los que contaba el diseño original previo a esta remodelación compulsiva.

Resulta inexplicable, además, que se haya implementado un proyecto de tal magnitud sin exigir previamente un Estudio de Impacto Vial o de Tránsito, herramienta técnica indispensable para medir cómo un centro comercial de estas características altera la circulación, la capacidad de las arterias viales y la seguridad de conductores y peatones, variables que jamás fueron contempladas más allá del flujo básico de pasajeros, ya que para eso había sido construida.

¿Alguien conoce el conjunto de medidas propuestas para mitigar la congestión vehicular en un punto que podría recibir hasta 50 veces más público del proyectado para una terminal? Ni hablar, claro está, de un estudio de impacto ambiental: un dato no menor para aquellos pseudo ambientalistas que hace 14 años pusieron “el grito en el cielo” ante la ubicación del predio en una zona de humedales, pero que hoy guardan un comedido silencio frente a la inauguración de este centro comercial, evidenciando que sus acciones respondían más a especulaciones partidarias que a una defensa genuina de la comunidad.

LA TERMINAL DE BABEL

Visitar la «interminable» terminal de Junín resulta hoy un espectáculo lamentable. Tras ser inaugurada a las apuradas por Petrecca en plena campaña electoral el año pasado, lo que se levanta actualmente es una fachada de fantasía que incluye una hamburguesería de cadena (probablemente la única en el país que no cuenta con baños propios). Por eso como solución provisoria, desde hace más de nueve meses la terminal ofrece a los usuarios tres baños químicos, muy alejados del glamour prometido para los locales comerciales. Según trascendió la franquicia de comidas rápidas fue la que cumplió con los plazos para el inicio y solicitó que el resto también debía hacerlo en el mismo momento cuando todo estaba atrasado y obligó al caos constructivo que se vivió en los últimos días.

Por si fuera poco, esta semana escaló una fuerte controversia en la previa de “otra” inminente inauguración: la cartelería histórica que identificaba a la Terminal de Ómnibus de Junín fue reemplazada por la marca del nuevo paseo comercial, confirmando de manera explícita el incumplimiento definitivo del objetivo original.

En la torre emblemática, sobre las letras corpóreas originales aún visibles, cuadrillas particulares instalaron los nuevos carteles con la marca del emprendimiento privado: «Aló».

La medida despertó el inmediato rechazo de diversos sectores de la comunidad, cuyas críticas apuntaron al silencio cómplice del municipio ante la apropiación simbólica y física de un edificio financiado y construido con fondos públicos, transformado ahora en la marquesina de un negocio estrictamente privado. No solo se achicó el espacio público concebido para los vecinos, sino que se optó por invisibilizarlo por completo.

Consultado por SEMANARIO, el arquitecto Agustín Pinedo, exsecretario de Obras Públicas de la gestión de Mario Meoni y alma mater del proyecto expresó: «Hoy Junín ya no es el Fuerte de la Federación, pero tampoco es Junín. Hoy es Aló. Su nombre fue instalado en lo alto de una torre, en la entrada de la ciudad, en la terminal de ómnibus. Ese nombre, Junín, que evocaba la gloriosa batalla de la caballería peruana y del ejército colombiano por nuestra independencia, hoy cayó vencido por la laya de los mercaderes».

Durante la recorrida efectuada por nuestro medio a 12 horas de otra inauguración apresurada, se constató el caos imperante y el avasallamiento sobre una obra estructural prácticamente tapada por el despliegue del centro comercial. Relegada al fondo, con más boleterías que dársenas, menor comodidad para los pasajeros que la estación construida hace 66 años, sin señalización adecuada y oculta tras lonas, el panorama resultaba desolador.

Las dársenas destinadas a los micros aparecían colapsadas de vehículos particulares, al igual que los carriles exclusivos para el ingreso de unidades de transporte, atestados de autos y camionetas estacionadas. Hasta la firma McDonald's instaló carteles de «reservado» en áreas de uso exclusivo para colectivos de transporte de pasajeros.

EL DESVIO LEGAL

Los artículos 33 y 37 de la Ley N° 24.156 imponen un límite estricto: si un organismo público cuenta o ha contado con créditos aprobados para el objeto específico de una terminal de ómnibus, no puede utilizar legalmente esos recursos para financiar, de manera indirecta o subsidiaria, la construcción de un centro comercial que degrade el propósito inicial. Todo ello, además, sin que el jefe de Gabinete haya firmado en su momento una modificación presupuestaria formal como para establecer el acuerdo entre el municipio y la empresa privada.

Claro que hoy el actual jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli —cómplice de los cambios camaleónicos de la política al igual que Petrecca— podría tal vez conseguir ese permiso de manera exprés. Pero ¿qué ocurriría en ese escenario obsceno con los bienes de los juninenses, cedidos alegremente por 30 años a un privado? ¿Quedará consumada esta estafa en los papeles mientras los concejales miran hacia otro lado?

Es indispensable y para la salud institucional, ya que lo establece el marco normativo, que esta situación sea sometida a una revisión exhaustiva por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y los organismos de control de cuentas provinciales.

Si los juninenses nos hemos quedado sin una representación política dispuesta a defender los intereses comunitarios, sería honesto que sus representantes lo admitieran públicamente. Así podríamos actuar en consecuencia y hacernos cargo de aquella premisa de la dramaturga española Ana Diosdado:

«Hay pueblos a los que se les soborna con el nivel de vida para que no se paren a pensar por dónde anda el nivel de su vida».