¿Qué hace el poder cuando se equivoca?

Hay una pregunta bastante más importante que saber quién difundió el episodio ocurrido en el Concejo Deliberante, donde se exhibieron accidentalmente fotos de desnudos durante la presentación realizada por un concejal, ex funcionario de Obras Públicas, en una reunión de comisión.

La interpelación debe ser mucho más responsable: ¿qué hace el poder cuando se equivoca?

La pregunta viene a cuento porque, después del insólito episodio algunos integrantes del oficialismo parecen más preocupados por encontrar al responsable de que la situación haya tomado estado público que por analizar cómo pudo ocurrir.

Por ese motivo convocaron a una reunión para este martes con el objetivo de saber quién relató el desliz a la prensa.

Partiendo de la base de que nadie debería convertir un error involuntario en un escándalo moral, entendemos que el concejal tiene derecho a su intimidad y no hay elementos para atribuirle una intención que, según todo indica, no existió.

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Pero que el episodio haya sido accidental no significa que no exista una responsabilidad sobre lo ocurrido. Mucho menos cuando sucede dentro de una institución pública y durante el ejercicio de una función pública.

Responsabilidad no es lo mismo que culpabilidad. Reconocer el error no implica necesariamente admitir una mala intención.

La cuestión, entonces, no debería ser quién "filtró" la información. Porque el hecho existió antes de que alguien lo contara.

Lo que debería preguntarse una gestión seria es qué falló, por qué ocurrió y qué medidas pueden adoptarse para evitar que vuelva a suceder.

Buscar al mensajero antes que revisar el error supone invertir las prioridades.

Es una conducta que, lamentablemente, no parece exclusiva de este episodio. Existe una forma de hacer política por parte del petrequismo que, ante cada cuestionamiento, intenta correr el eje desde el hecho hacia quien lo revela; desde el error hacia quien lo señala; desde la responsabilidad hacia la victimización.

Entonces, en medio de ese andamiaje, el problema deja de ser equivocarse y pasa a ser que alguien se entere.

En ese sentido, tanto el Ejecutivo como el Deliberativo debieran levantar la vara para no caer en la simple irresponsabilidad de no hacerse cargo de las situaciones que ellos mismos generan.

El Concejo Deliberante no es simplemente un lugar donde un grupo de personas discute expedientes. Allí están representados todos los vecinos de Junín. Cada concejal ejerce una responsabilidad que le fue conferida por el voto ciudadano y, por lo tanto, debe estar a la altura de esa representación.

La ética pública no exige funcionarios infalibles. Eso sería absurdo. Exige algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más difícil: funcionarios capaces de reconocer sus errores, hacerse responsables y aprender de ellos.

Por eso, la reunión del oficialismo debería servir para algo más que una “cacería de brujas”, sino para preguntarse qué ocurrió y cómo evitar que vuelva a ocurrir.

Cuando el poder se equivoca, tiene dos caminos: puede asumirlo y corregirlo, o puede buscar a quién responsabilizar por haberlo dejado en evidencia.

El primero fortalece las instituciones. El segundo las debilita.

El Gobierno de Junín no necesita funcionarios que se ofendan porque sus errores se conocen, sino que finalmente entiendan que el verdadero costo de la función pública no es equivocarse, sino negarse a asumir las consecuencias de los propios actos.