Patricia Bullrich tuvo un nuevo revés en el Senado. La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) suspendió la sesión que había planeado para este jueves, porque no tenía consenso para aprobar la reforma a la ley de biocombustibles
La exministra de Seguridad tomó la decisión este miércoles antes de la reunión con jefes de bloque, prevista para las 14 horas. Volverá a intentar aprobar el proyecto la semana próxima, junto a la reforma del Banco Central y a Inocencia Fiscal II.
Los cambios a la legislación de biocombustibles tuvo resistencias de senadores del oficialismo, como Bartolomé Abdala, oriundo de San Luis, una de las provincias con pequeñas compañías de biodiésel no integradas, como se les llama a las que no producen su materia prima.
El dictamen firmado el pasado jueves les quita una cuota de participación en el mercado interno y les permite ingresar a las grandes aceiteras. Tuvo las firmas justas, porque se demoró en suscribir Abdala y no suscribieron algunos miembros de la UCR, como la chaqueña Silvina Schneider y el santafesino Eduardo Galaretto. Además, por este tema, hubo disidencias de Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Bullrich tuvo que bajar la sesión cuando supo que otros radicales no querían aprobar este capítulo, como el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger. La rebelión de Abdala la obligación a reabrir la negociación, que intentará cerrar en los próximos días.
La disputa es por el cupo asignado a la venta de biodiesel en el mercado interno. La ley vigente de biocombustibles les asigna a las pymes el 7,5%. El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos. De esta manera, las grandes aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos.
La propuesta es una baja paulatina de las alícuotas para las empresas no integradas. Se reduce a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3,5% hasta 2036. Cómo paliativo, se extiende el beneficio cinco años más (la ley vigente culmina en 2031), una concesión de Bullrich para sumar aliados, que no alcanzó.
Las Pymes tienen su reclamo firme: quieren sostener el cupo de 7,5%. "Las plantas regionales van a quebrar de todos modos, porque se achica la participación en el mercado. No hay criterios de regionalidad para segmentar", sostuvo la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
La norma también incluye un capítulo sobre el etanol, que contaba con pleno consenso. Amplía el cupo a 12% y a 15% el año próximo, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar. El aumento equipara la capacidad de producción del sector, que por eso aceptó colocar los precios máximos hasta los valores más altos para importar. Desde 2021, se toma en cuenta una fórmula polinómica.
En el oficialismo confían en lograr un acuerdo para la semana próxima con la reforma de biocombustibles y sumarla a la sesión del jueves 17, en la que se tratará la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II.
Ambos proyectos fueron tratados en comisiones este miércoles, pero sólo el primero tuvo rápidamente las firmas para oficializar el dictamen. Para Inocencia Fiscal restaba la rúbrica del radical Flavio Fama.
Otra disputa será por los pliegos que fueron dictaminados hace dos semanas, por presión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Dos se iban a tratar este jueves: los expedientes que proponen a Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, para la cámara penal económica. Bullrich no había querido firmamos en abril, porque vinculó a estos juristas con la AFA. Un sector de los aliados recién aceptó suscribir la semana pasada y la senadora se sumó.
La jefa del bloque libertario podría sumar a la sesión el pliego de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. También obtuvo dictamen hace 15 días. Bullrich lo tenía congelado, porque le recrimina su pasado en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Tampoco iba a ser incorporado al temario de la sesión caída la Ley Hojarasca, el proyecto de Federico Sturzenegger que ya fue aprobado en Diputados. Consiste en derogar y cambiar leyes vetustas.
Los bloques dialoguistas nunca manifestaron su rechazo, pero la accidentada discusión de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada provocó un boicot a las iniciativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sus temas quedarán archivados por un tiempo.