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Negocios privados: el otro saqueo - Semanario de Junín

LOCALES | 11 SEP 2026

NOTA DE TAPA

Negocios privados: el otro saqueo

La concesión de la Terminal no se limita al edificio construido con fondos públicos. El pliego incorpora al Complejo San Martín al área que puede ser intervenida para desarrollar nuevas construcciones comerciales. Allí funciona hoy buena parte de la infraestructura deportiva municipal. Las canchas podrán ser trasladadas y el concesionario puede acceder, sobre una porción del sector, a derechos de superficie que podrían extenderse hasta 70 años.



La concesión de la Terminal de Ómnibus llevada a cabo entre el municipio y Walter Román, CEO de Rowing, un holding de empresas diversificadas que logró una fuerte penetración en Junín, no sólo se aprovecha de la flamante infraestructura de Ruta 7 y Circunvalación, concebida con fondos estatales y patrimonio de los juninenses. Tampoco se detiene en los locales comerciales instalados dentro del predio.

La documentación oficial revela ahora una segunda derivación, bastante más profunda: el negocio no termina en la Terminal.

La licitación que tuvo un solo oferente —la Unión Transitoria integrada por Soluciones Químicas S.A. y Planet Partners Development S.A.— fue diseñada sobre un polígono de 43.489,13 metros cuadrados que incluye no sólo la Estación Terminal de Ómnibus, ya reducida a la mitad, sino también el Complejo San Martín. La propia Municipalidad reconoce en el pliego que ese polígono está conformado por tres parcelas correspondientes a ambos espacios.

Y el dato que cambia la dimensión del negocio aparece unas líneas más abajo.

El pliego divide ese territorio en dos grandes sectores. El primero, denominado Subsector 1, Complejo Terminal, ocupa el 60% del predio y está destinado a transporte, comercio y recreación.

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 530 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El segundo, denominado Subsector 2, Complejo San Martín, representa el 40% restante y está destinado a deportes, recreación y educación. En términos concretos, son 17.179,652 metros cuadrados correspondientes al complejo deportivo municipal.

Es decir, lo que se presentó públicamente como la concesión de la Terminal fue estructurado jurídicamente sobre un territorio considerablemente mayor que el edificio destinado al transporte. Esto no se trata de una cuestión cartográfica.

El propio pliego advierte que la intervención “puede alcanzar” al Subsector 2, donde actualmente se realizan actividades deportivas, educativas, recreativas y culturales.

A partir de allí establece una consecuencia concreta: deberá reestructurarse el espacio libre y algunas canchas eventualmente tendrán necesidad de traslado, además de modificarse el acceso principal y generar nuevos accesos.

Dicho de otro modo: las canchas que hoy utilizan los vecinos no constituyen una barrera jurídica para la expansión del emprendimiento. El propio llamado licitatorio contempla de antemano la posibilidad de moverlas.

Algo que resulta mucho más que un rumor, es que dentro de polideportivo municipal será levantado un hipermercado. Los nombres que suenan son Carrefour o también podría tratarse de un traslado de La Anónima, que entregaría en parte su actual infraestructura a la gente de Román.

Una cosa es que el patrimonio deportivo municipal sea intocable y otra muy diferente es que pueda ser reorganizado para liberar superficie destinada a un emprendimiento comercial

¿UN POLIDEPORTIVO CON CANCHAS… DE METEGOL?

La cuestión de entrega por parte del petrequismo y sus concejales acólitos, aparece todavía más explícita en el artículo referido al Subsector 2.

La documentación establece que, en caso de ser afectado ese espacio, identificado en los planos del Anexo I, el oferente deberá prever el traslado de las canchas al lugar que determine la Municipalidad, incluyendo, si fuera necesario, la construcción de un nuevo cerco y un acceso acorde con las instalaciones.

La redacción es reveladora. No se habla de preservar integralmente la superficie deportiva ni de garantizar que las instalaciones permanezcan donde están. Se establece, en cambio, un mecanismo para que puedan ser removidas cuando el proyecto privado lo requiera.

La obligación de reponerlas tampoco supone necesariamente mantenerlas en su lugar actual. El pliego legal dispone que, cuando las obras sobre la fracción cedida afecten construcciones preexistentes, el concesionario deberá reponerlas dentro del mismo predio o trasladarlas a otro sector que determine la Municipalidad, a exclusivo costo de la empresa.

Claro que en este caso, la diferencia no es menor.

Una cosa es que el patrimonio deportivo municipal sea intocable y otra muy diferente es que pueda ser reorganizado para liberar superficie destinada a un emprendimiento comercial, trasladando las instalaciones existentes hacia donde el propio municipio decida. Tal como ya se hizo con lo que sería una terminal de transporte pensada hacia el futuro.

Y allí aparece otra pieza decisiva del rompecabezas.

El artículo 6 del pliego técnico habilita expresamente el desarrollo de instalaciones comerciales, recreativas y culturales en los subsectores 1 B, 1 C y eventualmente sobre el Subsector 2 del Complejo San Martín. El artículo siguiente vuelve a señalar que pueden realizarse nuevas construcciones sobre ese sector y que, si una instalación deportiva resulta afectada, deberá ser repuesta.

Y el artículo 8 lo deja escrito todavía con mayor claridad: se pueden incrementar las superficies cubiertas sobre el Subsector 1 C y, eventualmente, sobre el Subsector 2. Si alguna instalación del campo deportivo se viera afectada, el oferente deberá reponerla dentro del predio o en otro lugar determinado por el Municipio.

No es, entonces, una hipótesis inventada después de la adjudicación. La posibilidad de avanzar sobre el espacio deportivo fue incorporada al pliego con anterioridad a la apertura de ofertas.

Claro que a nadie se le ocurriría pensar que la “licitación fue a la carta”, tal y como ocurrió de modo similar con la tercerización de caminos rurales y el alquiler del local de cafetería de Roque Sáenz Peña e Yrigoyen.

Todos ellos terminaron con un solo oferente.

Por caso, lo que se presentó como una licitación destinada a administrar una terminal de ómnibus contiene, dentro de su objeto, la posibilidad de construir y explotar instalaciones comerciales sobre terrenos que hoy forman parte del Complejo San Martín.

El propio Gobierno de Junín describe oficialmente la licitación de esa manera: administración y explotación de la Terminal, pero también concesión de uso, construcción y explotación de instalaciones comerciales, recreativas y culturales en sectores del edificio y terrenos aledaños. La superficie entonces no es un detalle secundario. Es el verdadero “negocio”.

La posibilidad de afectar el Complejo San Martín está escrita y en esta nota puede hallar los originales, como así también el tema del traslado de sus canchas.

QUE 30 AÑOS NO ES NADA

Hay otra cuestión que merece una mirada detenida porque permite dimensionar el alcance temporal de la operación. La concesión tiene un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga en los términos establecidos por la legislación municipal.

Pero el esquema jurídico va más lejos. El pliego legal establece que el concesionario puede ejercer, durante el período de concesión, un derecho real de superficie sobre una porción de los terrenos identificados como Subsector 1 C y Subsector 2, con el objetivo de desarrollar actividades comerciales, recreativas y culturales. Ese derecho deberá ser delimitado por plano y aprobado por la Municipalidad.

Y el plazo previsto para ese derecho de superficie resulta particularmente significativo: puede extenderse hasta 70 años desde el perfeccionamiento de la escritura pública.

El mismo pliego contempla, además, que faltando diez años para finalizar la concesión, el concesionario podrá ejercer una opción de compra sobre las superficies correspondientes al 1 C y al Subsector 2, con el objeto de desarrollar allí actividades comerciales, recreativas y culturales.

Es cierto: esa compra no es automática y está sujeta a condiciones, entre ellas la mensura, división y generación de una nueva parcela cuando corresponda. Pero el sólo hecho de que la documentación licitatoria contemple la posibilidad de que esos terrenos municipales terminen sometidos a un derecho real de superficie y, eventualmente, a una opción de compra, obliga a mirar la operación con una perspectiva bastante más amplia que la de una simple concesión administrativa.

Por ese motivo es que la gente que festeja la llegada del rey de la hamburguesa, también debiera considerar que no se están entregando solamente las llaves de una terminal, sino que se está otorgando un esquema contractual que puede permitir al concesionario intervenir sobre un polígono de 43.489,13 metros cuadrados, algo más de cuatro manzanas, para explotar comercialmente parte de él durante décadas y acceder a derechos reales sobre determinadas superficies.

Una cosa es planificar el desarrollo urbano de una ciudad y otra es utilizar una concesión de 30 años para incorporar patrimonio municipal a una explotación privada

¿UN CONTRATO LEONINO?

Por eso la discusión sobre el Polideportivo no puede reducirse a cuántas canchas serán trasladadas o cuántas de ellas quedarán en pie. La posibilidad otorgada al concesionario para comprar los predios del complejo, guardan una realidad inquietante ya que le tomarían los pagos efectuados en concepto de derecho de uso a cuenta del precio de la adquisición y hasta el 80 por ciento de la pagado y obviamente actualizado, así las cosas el valor a pagar quedaría reducido a un mínimo irrisorio.

El municipio le entregaría tierras al holding empresario como se fuera un sistema de leasing, que en verdad se usa para adquisición de vehículos o maquinarias dado que se gastan y al final del uso solo se paga un valor residual.

La tierra (los predios) muy por el contrario se valorizan a lo largo del tiempo.

Entonces la pregunta es: ¿cuánto patrimonio municipal quedará comprometido durante las próximas décadas en beneficio de un emprendimiento privado?

Y hay un segundo interrogante, todavía más preocupante: ¿qué parte de la superficie que hoy tiene como finalidad el deporte y la recreación de los juninenses terminará destinada a actividades comerciales?

El pliego fija que el Subsector 2 es el 40% del polígono. Son 17.179,652 metros cuadrados. Eso no significa que los 17 mil metros serán construidos ni que toda esa superficie vaya automáticamente al concesionario. Pero sí significa que ese territorio fue incorporado expresamente al ámbito susceptible de intervención y que las instalaciones deportivas existentes podrán ser trasladadas si el proyecto aprobado las afecta.

La distinción es importante y, justamente por eso, debería ser explicada públicamente por quienes aprobaron la operación, ya que parece que a los concejales se les pasó de largo o hicieron la vista gorda o peor todavía ni entendieron porque levantaron la mano y solo lo hicieron para quedar bien con el señor feudal que caprichosamente maneja los negocios del condado desde hace más de 10 años.

Porque los concejales no votaron solamente la administración de una terminal.

La ordenanza que acompañó el procedimiento autorizó la adjudicación a Soluciones Químicas S.A. y Planet Partners Development S.A., bajo compromiso de constituirse en Unión Transitoria, para la provisión y posterior concesión de la administración, funcionamiento y explotación comercial de la ETOJ y, simultáneamente, para la concesión de uso, construcción y explotación de instalaciones comerciales, recreativas y culturales complementarias. La autorización se otorgó a la única oferente.

Y el contrato ya fue firmado. Un decreto municipal publicado en el Boletín Oficial confirma que fue suscripto el 6 de agosto de 2025 y que la prestación comenzó el 10 de agosto de ese año.

Por eso, el argumento de que todavía se trata de una simple idea, una iniciativa preliminar o un proyecto a futuro ya no alcanza. Existen la concesión, el contrato, el permiso para intervenir sobre determinados sectores.

La posibilidad de afectar el Complejo San Martín está escrita y en esta nota puede hallar los originales, como así también el tema del traslado de sus canchas.

¿Cuánto patrimonio municipal quedará comprometido durante las próximas décadas en beneficio de un emprendimiento privado?

DE ESPACIO DEPORTIVO A NEGOCIO COMERCIAL

El punto que debería explicar la Municipalidad es por qué un emprendimiento cuyo objetivo original era dotar a Junín de una nueva estación de ómnibus necesitó incorporar dentro del mismo negocio una porción del complejo deportivo municipal.

El pliego sostiene que la intervención integral pretende articular transporte, comercio, recreación, cultura y educación y que debe integrarse con el futuro Paseo de la Ribera que seguramente será una inversión municipal que permitirá hermosear el entorno al privado para que siga llenando sus bolsillos.

Una cosa es planificar el desarrollo urbano de una ciudad y otra es utilizar una concesión de 30 años para incorporar patrimonio municipal a una explotación privada que además puede proyectar derechos reales sobre el suelo.

El interrogante para Junín, entonces, ya no pasa solamente por saber porque la añorada terminal quedó más chica que la anterior que decían era obsoleta.

Ahora habrá que empezar a mirar qué quedará del Polideportivo, al cual seguramente en breve van a intervenir, para que la ciudadanía ni siquiera se entere, mientras deglute un big mac y scrolea a los cuñados influencer haciendo algunas de sus payasadas.

Es que mientras algunos debatimos si la Terminal quedó chica, si perdió superficie, si las actividades comerciales terminaron desplazando al transporte y si el edificio construido con recursos públicos fue convertido en la puerta de entrada de un emprendimiento privado, una segunda parte del patrimonio municipal quedó incorporada al mismo paquete.

Y esta vez no se trata de un edificio. Se trata de tierra. Mucha. De los juninenses y mal administrada. Es Tierra que hoy utilizan miles de juninenses para hacer deporte, encontrarse, recrearse y desarrollar actividades educativas y sociales.

La licitación dice que ese espacio es el 40% del polígono y el propio pliego admite que puede ser intervenido. Las canchas pueden ser trasladadas y el concesionario puede construir.

Después de leer los pliegos, la respuesta es bastante sencilla porque tiene que ver con el negocio porque el propio municipio decidió ponerlos dentro del mismo polígono, dentro de la misma licitación y dentro de la misma concesión. ¿Fue mera casualidad?

Y si la primera parte de esta historia fue la “Terminal interminable”, quizá la segunda tenga que ver con algo bastante más alarmante producto de las acciones de esta dirigencia pseudo liberal que va detrás de los privados para ofrecerles lo que es de “todos”.

Alguien debiera responder más temprano que tarde respecto a qué queda de lo público cuando el negocio privado empieza a necesitar cada vez más superficie para crecer y lo consigue fácilmente a partir de funcionarios que privilegian la inversión externa aunque con ello destruyan la interna, la que siempre estuvo y la que cada centavo lo reinvierte en la ciudad.