LOCALES | 17 SEP 2026
JUDICIALES
La jueza juninense que puso un freno histórico a las petroleras en Malvinas
Nacida y criada en Junín, tras completar sus estudios secundarios en Junín, partió a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El nombre de la doctora Mariel Ester Borruto de 59 años resonó fuerte en los principales medios del país tras dictar una medida cautelar que ordena a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las exploraciones y la ejecución del proyecto petrolero Sea Lion al norte de las Islas Malvinas.
Sin embargo, detrás de este fallo de fuerte impacto geopolítico y ambiental hay una historia de esfuerzo y arraigo que tiene un lazo directo con nuestra ciudad: Borruto es juninense.
Nacida y criada en el pago chico, tras completar sus estudios secundarios en Junín, partió rumbo a Buenos Aires para formarse en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo su título de abogada.
Hace aproximadamente treinta años hizo las valijas y se radicó en el extremo sur del país e ingresó al Juzgado Federal de Río Grande, donde supo escalar pacientemente cada peldaño de la carrera judicial.
Comenzó desempeñándose como secretaria de juzgado, hasta que fuera designada, años más tarde, como jueza federal titular de Río Grande.
Desde el confín de la patria, el sello de Junín también marca el compás de la justicia federal.
LA RESOLUCIÓN DE BORRUTO
La resolución establece que las compañías deberán frenar los actos materiales del emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida. En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited.
El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.
La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y el inicio de la extracción
Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas que, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” de Sea Lion, que en el expediente aparece como “León Marino”. La orden incluye las ampliaciones del proyecto y los pozos o instalaciones que estén funcionalmente integrados al emprendimiento.
La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino para desarrollar o explotar hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También comprende la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo.
En este último grupo figuran ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones destinadas al apoyo aeronáutico.
El punto central del fallo es que la orden se mantendrá hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y la autoridad competente adopte una decisión.
La jueza entendió que ese procedimiento debía realizarse ante organismos argentinos.
La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución
La medida también intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion.
Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.
La orden exige, además, información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
Las demandadas tendrán que “preservar íntegramente” la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion. No podrán destruirla, alterarla, ocultarla ni disponer de ella de un modo que impida incorporarla al expediente.
