El Taigeto de Milei

En la Esparta antigua, cuenta Plutarco, un consejo de ancianos examinaba a los recién nacidos: si el niño parecía débil o mal formado, era arrojado desde el monte Taigeto. La ciudad no quería cargar con quien no pudiera valerse por sí mismo ni servir al Estado. Durante siglos fue el ejemplo que Occidente exhibió para explicar de qué está hecha la crueldad de un Estado hacia sus propios miembros más vulnerables.

Veintitrés siglos después, el Gobierno de Javier Milei no necesita un barranco. Le alcanza con una ley de presupuesto.

No hay un solo empujón: hay muchos, cada vez más discretos, cada vez mejor disfrazados de tecnicismo contable. Primero fueron las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que en 2025 suspendieron sin aviso 119.033 pensiones por invalidez, restituidas luego por orden judicial. Después llegó el Presupuesto 2026, que proyectó reducir el padrón de pensiones de 1.133.549 a 977.943 beneficiarios —una quita de 155.000 personas—, con una caída real del 10,6% en el gasto destinado a discapacidad, mientras el propio Presidente anunciaba por cadena nacional un aumento del 5% que la letra chica del proyecto no contemplaba.

Y ahora, en el Presupuesto 2027 que el Congreso discute en estas semanas, el ajuste deja de ser sólo una cifra y se convierte en arquitectura legal. El Capítulo VI del proyecto —artículos 36 a 41— deroga y reescribe la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y modifica en forma permanente las leyes 13.478 y 24.901, vigentes desde hace más de treinta años. En criollo:

- Se elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión, y se vuelve al viejo criterio médico de “invalidez laboral”, con requisitos que ya no fija el Congreso sino la reglamentación que decida el Poder Ejecutivo de turno.

- Se declara incompatible la pensión con cualquier empleo formal o monotributo: quien consigue trabajo, pierde el beneficio. El mensaje es explícito: no importa la inclusión laboral, importa el ahorro fiscal.

- Se deroga la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas.

- Se desregula el Nomenclador de Prestaciones Básicas: desaparece el arancel único para obras sociales, prepagas y el Estado, y cada financiador queda habilitado a pagar lo que le convenga. Como resumió el diputado Maximiliano Ferraro, se cambia una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para las personas con discapacidad y quienes las atienden.

Nada de esto es un recorte aislado: es la construcción legal de un abismo hacia el que el Estado empuja, cuota a cuota, a quienes menos pueden resistir el empujón. Es un ajuste con apellido jurídico, y ese apellido tiene forma de violación. Viola el artículo 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a legislar acciones positivas para la igualdad real de las personas con discapacidad, no para su achique. Viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional desde 2014—, que en sus artículos 19, 25, 26 y 28 garantiza vida independiente, salud, rehabilitación y protección social, y que en su artículo 4.1 prohíbe expresamente retroceder en los derechos ya conquistados.

Viola el principio de progresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la Corte Suprema reconoce como límite constitucional a cualquier gobierno, sea cual sea su signo. Y viola, lisa y llanamente, las leyes 22.431, 24.901, 13.478 y 27.793, que el propio Congreso sancionó para proteger a quienes hoy se pretende desproteger.

Las consecuencias no son abstractas. Van a cerrar centros de día y talleres protegidos que ya funcionan al límite. Van a obligar a miles de familias a negociar, una por una, con su obra social o prepaga, el valor de una terapia que hasta ayer tenía un precio de referencia igual para todos. Van a expulsar del sistema a quienes, contra todo pronóstico, consiguieron un trabajo formal. Y van a dejar sin cobertura médica garantizada a personas que, por definición, la necesitan todos los días de su vida.

Esparta arrojaba a los discapacitados por el Taigeto de una sola vez, en un acto brutal pero al menos franco. Este Gobierno prefiere el gradualismo: los empuja de a poco, presupuesto tras presupuesto, auditoría tras auditoría, artículo tras artículo, hasta el borde del mismo barranco. La diferencia entre un empujón y un envión lento hacia el vacío no es de grado: es la diferencia entre la barbarie confesa y la barbarie que se viste de planilla de cálculo.

La pregunta que le queda al Congreso —y a cada legislador que hoy discute este presupuesto— no es si Esparta tenía razón. Es si este Congreso también va a empujar. Porque, veintitrés siglos después, mirar para otro lado es estar del lado de los que empujan.

Dr. Damián Itoiz — CADJJ / CPACF Abogado — Buenos Aires