LOCALES | 20 SEP 2026
EDITORIAL DE DOMINGO
¿Dónde está la droga secuestrada?
El combate contra el narcotráfico no termina cuando la policía encuentra la droga y los responsables son puestos a disposición de la Justicia: falta saber el destino de lo incautado
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EDITORIAL PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 532 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aquel año, en una de las últimas incineraciones de las que existe registro público, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Junín aportó más de diez kilos de marihuana y cocaína para su destrucción en Boulogne. En una quema anterior habían sido otros 12 kilos.
Desde entonces, los operativos antidroga no se detuvieron. Por el contrario, las noticias sobre procedimientos, allanamientos y secuestros forman parte habitual de la información policial de la región.
Narcokioscos, domicilios particulares, rutas y caminos son escenarios frecuentes de intervenciones en las que aparecen marihuana, cocaína, pastillas y otras sustancias.
Las fotografías oficiales muestran plantas acumuladas en camionetas policiales, paquetes prolijamente ordenados sobre una mesa, bolsitas con cocaína, ladrillos de distintos tamaños. El anuncio informa cuánto se secuestró, dónde ocurrió el procedimiento y cuántas personas fueron detenidas. Después, silencio.
¿Qué sucede con toda esa droga una vez que termina el procedimiento?
El 6 de julio de 2025, por ejemplo, Gendarmería Nacional secuestró 26 kilos de cocaína en el kilómetro 246 de la autopista Ruta 7, frente al paraje La Agraria, en Junín.
En aquella oportunidad, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió el procedimiento como un golpe al narcotráfico y habló de “26 kilos de cocaína menos en la calle”. El valor que podía alcanzar semejante cargamento en el mercado ilegal fue estimado entonces entre 1.300 y 1.400 millones de pesos.
Una cosa es informar que una determinada cantidad de droga fue incautada y otra, igualmente importante, demostrar que esa misma cantidad permaneció bajo custodia, fue sometida a las pericias correspondientes y finalmente fue destruida.
El propio Estado nacional explicó en su momento que el procedimiento de custodia de los estupefacientes contempla extracción de muestras, traslado a depósitos judiciales o de las fuerzas intervinientes, análisis de laboratorio y posterior destrucción. También reconoció la necesidad de garantizar la trazabilidad para evitar pérdidas, sustracciones o adulteraciones.
Existen antecedentes concretos de droga desaparecida mientras permanecía bajo custodia. En 2018, bajo el gobierno de María Julia Vidal, se detectó un faltante de 495 kilos de marihuana que estaban almacenados en un depósito policial de Pilar a la espera de su destrucción. La fantasiosa explicación inicial de que los estupefacientes habían sido comidos por ratas quedó bajo investigación judicial.
Más recientemente, en 2023, desaparecieron 16 kilos de cocaína que habían sido secuestrados por Gendarmería y permanecían resguardados en un escuadrón de Zárate para su posterior destrucción. Por ese hecho fueron detenidos cinco gendarmes.
La cadena de custodia no debería ser un agujero negro informativo. Si el Estado puede precisar cuántos kilos secuestró, dónde los encontró, quiénes fueron detenidos y qué juez intervino, también debería poder informar cuándo esa droga fue destruida, bajo qué procedimiento, qué cantidad se destruyó y quién certificó que aquello que ingresó como evidencia fue exactamente lo que salió del circuito.
En 2023, un proyecto presentado en el Congreso por el diputado nacional salteño Carlos Zapata, propuso precisamente un régimen de incineración inmediata mediante hornos pirolíticos móviles, bajo supervisión judicial y de un escribano público. La iniciativa nunca llegó al recinto, pero el fundamento señalaba uno de los problemas centrales: cuanto más prolongada es la cadena de custodia, mayores son los riesgos asociados al almacenamiento de la evidencia.
El combate contra el narcotráfico no termina cuando la policía encuentra la droga y los responsables son puestos a disposición de la Justicia. Falta saber el destino de lo incautado.
Mientras tanto, en Junín seguimos viendo el principio de la historia, pero no el final.
