El Gobierno borra las obras: Junín recibirá un solo proyecto en 2027

La presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha encendido las alarmas en el interior de la provincia de Buenos Aires. En Junín y toda la Cuarta Sección Electoral, el mapa de la infraestructura pública planificado para el próximo año refleja con crudeza la consolidación del modelo de "motosierra y licuadora" aplicado a los fondos federales.

Lejos de las promesas de reactivación, el diseño financiero enviado al Congreso de la Nación convalida una parálisis estructural que congela el desarrollo logístico, vial y educativo de una de las regiones productivas más importantes del país, dejando una única y solitaria excepción en el presupuesto oficial.

De aprobarse el texto legislativo tal como fue concebido por el Ministerio de Economía, la única obra pública civil con financiamiento del Estado Nacional en toda la región será la remodelación y ampliación edilicia del Juzgado Federal de Junín, ubicado en la calle Cabrera 222. El proyecto contempla una asignación total estimada en $2.806.259.000, una cifra que a primera vista parece ambiciosa pero que esconde una trampa de financiamiento a largo plazo.

Según se desprende de las planillas oficiales, la obra se ejecutará bajo un esquema plurianual estricto. Esto significa que los más de 2.800 millones de pesos no se desembolsarán de forma inmediata en 2027, sino que se diluirán en cuotas consecutivas durante los ejercicios fiscales subsiguientes.

Además, el flujo de dinero dependerá de una ingeniería financiera mixta que combina aportes del Tesoro Nacional con recursos de fideicomisos específicos y líneas de crédito internacionales previamente otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para la comunidad local, la paradoja es total: mientras los tribunales federales obtienen fondos para expandir sus oficinas, el entramado urbano y productivo que rodea al juzgado queda completamente postergado.

Con un presupuesto que reduce al mínimo la obra pública nacional, Junín queda al borde del congelamiento estructural, con rutas y universidad sin fondos federales

RUTAS FRENADAS Y ASFIXIA EN LA UNNOBA

Fuera del ámbito judicial, el impacto para Junín y los municipios vecinos de la Cuarta Sección se traduce en una "sequía" de fondos sin precedentes. Las principales rutas y autopistas nacionales que atraviesan la región, consideradas vitales para el corredor bioceánico y el transporte de la cosecha hacia los puertos, no han recibido partidas presupuestarias significativas.

Los proyectos de conversión en autovía y las tareas de repavimentación y mantenimiento mayor de las calzadas quedan oficialmente suspendidos, en sintonía con la decisión política de la Casa Rosada de reducir a menos de 200 las obras públicas bajo gestión directa de la Nación en todo el territorio argentino.

El otro frente crítico se sitúa en el ámbito educativo. Desde el rectorado y las distintas dependencias de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), la preocupación se transformó en reclamo abierto.

Las proyecciones financieras para el 2027 indican que las partidas asignadas para la educación superior ni siquiera alcanzarán para cubrir los gastos corrientes y operativos indexados por inflación.

Esta situación no solo pone en jaque el dictado normal de clases y el pago de salarios, sino que decreta el freno definitivo de las obras de infraestructura universitaria que se venían ejecutando con fondos federales, incluyendo la construcción de nuevos laboratorios, salarios de investigación y ampliación de aulas para absorber la creciente matrícula de la región.

HOSPITALES EN ALERTA POR INSUMOS Y VACUNAS

A nivel general, la partida de Salud en el presupuesto nacional muestra un incremento nominal para situarse en torno a los $12,8 billones. Sin embargo, auditorías técnicas advierten que gran parte de ese salto responde a un cambio contable que ahora centraliza en el Tesoro las transferencias hacia el PAMI. En la práctica diaria de la región, la realidad es restrictiva:

Frenos en programas de cobertura: Se consolidan los drásticos recortes aplicados a los giros del Programa Sumar+ y los fondos destinados al fortalecimiento de los sistemas sanitarios provinciales.

Faltante de medicamentos crónicos: Municipios de la región denuncian mermas de hasta el 100% en la provisión nacional de insumos, tecnologías médicas y drogas específicas para tratamientos oncológicos, VIH y tuberculosis.

Presión sobre el HIGA de Junín: El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Abraham Piñeyro" absorbe la demanda de toda la región. Ante la caída de la cobertura de medicamentos nacionales y la crisis de las obras sociales privadas, el hospital bonaerense registra picos de demanda del 12% y una ocupación casi total.

Ante el vacío de la Nación, la Provincia de Buenos Aires ensaya un plan de rescate regional para financiar obras hídricas y reactivar la infraestructura escolar abandonada

EL PLAN DE CONTINGENCIA BONAERENSE

Ante el retiro explícito del Estado Nacional de sus funciones de fomento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha decidido ensayar una respuesta política y económica para intentar contener los daños. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó un encuentro regional estratégico en Junín, donde se sentaron a la mesa intendentes, legisladores y referentes de 14 municipios de la zona para unificar un diagnóstico y coordinar un plan de contingencia.

La administración provincial busca estructurar un mecanismo de salvataje financiero para absorber de forma prioritaria los proyectos que la Nación dejó abandonados a medio terminar. Entre los ejes prioritarios discutidos en Junín, se destaca la intención de la Provincia de financiar con recursos propios la culminación de los edificios truncos de la UNNOBA, entendiendo que la parálisis de la infraestructura educativa representa un daño social irreparable para el Noroeste bonaerense.

Asimismo, el plan provincial para el próximo año buscará focalizarse en obras de menor escala, pero de alto impacto inmediato para el entramado social y productivo. Se prevé el diseño de nuevas licitaciones bonaerenses destinadas a la extensión de redes de cloacas en las localidades periféricas de la sección, así como planes urgentes de mantenimiento para los sistemas hídricos y canales de la región. Estas intervenciones hidráulicas resultan urgentes para mitigar el impacto del cambio climático en los campos de la zona y garantizar la estabilidad operativa del sector agroindustrial, el verdadero motor económico de la región que hoy asiste con incertidumbre al abandono de la infraestructura nacional.

SEGURIDAD: DESGASTE PREVENTIVO EN LA REGIÓN

En materia de Seguridad y Orden Público, el presupuesto nacional muestra una caída del 28,3% en términos reales respecto de 2023, permitiendo apenas una leve suba del 7% interanual frente al piso de este año.

Parálisis de equipamiento: El recorte impacta de lleno en las partidas de equipamiento tecnológico, renovación del parque automotor de patrulleros y sistemas de videovigilancia interconectados que la Nación solía cofinanciar en municipios del interior a través de convenios de seguridad ciudadana.

Gendarmería y Policía Federal en las rutas: Las delegaciones y destacamentos de fuerzas federales asentadas en Junín (orientadas al control del narcotráfico y delitos complejos en las rutas 7 y 188) sufrirán un congelamiento operativo estricto. Las partidas nacionales priorizan salarios mínimos, pero licúan los recursos destinados a viáticos, combustibles y logística de despliegue en el territorio rural bonaerense.

Tasa de seguridad municipal: Ante este escenario, la intendencia local proyecta que de cara al debate legislativo local se deba blindar la recaudación de tasas municipales específicas para garantizar el combustible de los patrulleros bonaerenses y sostener de forma autónoma el Centro de Operaciones y Monitoreo local.

La parálisis de la Ruta 7 y las vías legislativas de reclamo

El diseño del Presupuesto confirma uno de los mayores temores de los usuarios del corredor bioceánico: el Gobierno nacional dejó oficialmente sin partidas presupuestarias específicas al tramo pendiente de la Ruta Nacional 7 tanto en el tramo Carmen de Areco-Chacabuco como en la Variante Chacabuco. Esta omisión perpetúa el freno de dos eslabones que resultan vitales para la seguridad vial y la conectividad logística de los vecinos de Junín, Chacabuco y toda la región en su trayecto hacia la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, y pese a que el Gobierno Nacional no incluyó estas obras, comenzaron a analizarse diferentes opciones de incluir dichos tramos y el Congreso podría jugar un papel relevante.

Ante la exclusión de estas obras en el articulado enviado por el Ejecutivo, los bloques legislativos opositores y las bancadas de la UCR y el PRO de la región articulan distintas estrategias para forzar su reactivación:

 Modificación de partidas en el debate de comisiones: El texto del Presupuesto iniciará su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, legisladores de la provincia de Buenos Aires buscarán reunir mayorías transversales para reasignar fondos excedentes o forzar la inclusión de estas obras viales dentro de las planillas de Infraestructura.

 Reclamo por la subejecución del SisVial: Concejales y legisladores regionales basan sus reclamos en informes técnicos que demuestran que el Sistema Vial Integrado (SisVial) —organismo que recauda tasas con afectación específica para las rutas— acumuló cuantiosos fondos que fueron retenidos por el Estado nacional. La vía legislativa apunta a exigir mediante proyectos de resolución que se utilicen esos recursos específicos para terminar de forma urgente las obras que quedaron al borde de su conclusión.