LOCALES | 10 OCT 2026
SOBERANÍA NACIONAL
Debaten en Junín los efectos del DNU de Milei sobre la Ley de Tierras y soberanía
La socióloga del CONICET Julieta Caggiano disertará en el ISFD 129 acerca del impacto del mercado y la extranjerización territorial.
El avance del mercado sobre los recursos estratégicos y el proceso de extranjerización de tierras rurales en Argentina vuelven al centro del debate público. En este marco, el Instituto Superior de Formación Docente N° 129, en conjunto con la Casa Eva Perón, impulsan la charla abierta titulada "Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también".
El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 13 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución, ubicada en la calle Almafuerte 308. La convocatoria es completamente libre y gratuita, orientada tanto a estudiantes y docentes como al público general interesado en la problemática de la soberanía.
La disertación principal estará a cargo de Julieta Caggiano, reconocida socióloga, becaria doctoral del CONICET e integrante activa del Observatorio de Tierras. Como especialista en la materia, la investigadora abordará la evolución histórica y el estado actual de la propiedad rural en el país, analizando detalladamente las consecuencias de desregular un sector crítico para el desarrollo nacional.
El impacto de las reformas actuales
El eje central de la jornada será el análisis de la Ley 26.737, sancionada originalmente en el año 2011 con el propósito explícito de fijar un límite estricto del 15% a la titularidad extranjera sobre el territorio nacional. Aquella normativa histórica estableció restricciones claras por nacionalidad, un tope máximo de 1.000 hectáreas por titular en la denominada zona núcleo y la prohibición absoluta de adquirir tierras en zonas fronterizas o linderas con cuerpos de agua permanentes.
Sin embargo, a una década y media de su vigencia, este marco regulatorio atraviesa una profunda crisis institucional. El gobierno de Javier Milei avanzó fuertemente en su desarticulación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), eludiendo el tratamiento legislativo habitual en el Congreso de la Nación. Tras una serie de recursos judiciales, la controversia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuya intervención terminó convalidando en los hechos la plena vigencia de estas drásticas modificaciones estructurales.
