A veces, las soluciones excepcionales a problemas temporales terminan convertidas en peligros estructurales de largo plazo. Algo así es lo que ocurre en las calles de Junín con algunas de las denominadas "dársenas gastronómicas" o parklets.
Estas plataformas de madera o metal, que avanzaron sobre el asfalto de veredas y espacios de estacionamiento vehicular para albergar mesas y sillas de bares y restaurantes, modificaron la fisonomía urbana y lo que inicialmente se celebró como una bocanada de aire para un sector comercial asfixiado, hoy abren otro interrogante: no si resultan estéticas o rentables, sino cuánta vulnerabilidad añaden a quienes disfrutan un momento de distracción en el lugar.
Para comprender la raíz del problema es necesario retroceder a la segunda mitad del año 2020. En pleno impacto de la pandemia de COVID-19, las restricciones de aforo en espacios cerrados pusieron en jaque a la actividad gastronómica global.
Frente a este panorama, el Gobierno de Junín, en sintonía con las cámaras hoteleras y comerciales del sector, propuso una alternativa de alivio: habilitar el uso temporal del espacio público adyacente a las veredas para ampliar la capacidad de recepción al aire libre.
Así las cosas, los parklets quedaron regulados por la Ordenanza 7872 de 2021 y bajo ese marco normativo de excepción nacieron las primeras plataformas que ocuparon el espacio destinado al estacionamiento de vehículos o ganaron lugar en las veredas. La medida cumplió con creces su rol de contingencia.
Sin embargo, lo que debió ser desmantelado paulatinamente con la normalización sanitaria quedó asimilado de forma permanente al paisaje urbano de Junín.
Separados del tránsito solo por maderas ligeras o macetas decorativas, los comensales cenan sin ninguna protección efectiva que los resguarde ante cualquier mala maniobra o pérdida de control de un vehículo
Los años pasaron y las estructuras de madera, lejos de ser temporales, se consolidaron con techos, cerramientos plásticos y cableados eléctricos improvisados, transformando el estacionamiento -un espacio exclusivo vehicular- y las veredas –espacio exclusivo para la circulación peatonal- en una extensión privada de los locales comerciales.
Si bien las dársenas se esparcen por diferentes puntos céntricos de la ciudad y suman un espacio estético a la geografía urbana de Junín, existen algunos focos específicos donde el peligro es latente habida cuenta la precaria construcción. La convivencia en este punto entre los comensales —separados del tránsito apenas por una delgada baranda de madera— y los vehículos, es una ruleta rusa vial.
Por otra parte, algunas de estas estructuras se convierten en severos obstáculos visuales y en algunos casos, una limitación importante al espacio disponible a los peatones para circular por las veredas. Los cerramientos de los parklets, a menudo equipados con maceteros elevados, cartelería o lonas contra el viento, anulan la visibilidad de quienes circulan por la calle, pero el riesgo se duplica para los peatones, quienes ven reducido su espacio de circulación.
Ante esta realidad, las miradas apuntan inevitablemente hacia los organismos encargados de planificar el tránsito y velar por la integridad de los juninenses: la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección de Movilidad Urbana del Municipio parecen atrapadas en una parálisis burocrática o, peor aún, en una complicidad implícita con el sector comercial.
Por el lado de la Dirección de Movilidad Urbana, cuya misión declarada es "priorizar la accesibilidad urbana, la circulación vehicular y la seguridad vial", la respuesta ha sido el silencio técnico. Mientras la dependencia concentra su agenda pública en la promesa de sumar bicicletas públicas antes que ciclovías y nuevos reductores de velocidad, ignora de manera deliberada la privatización de muchos de estos espacios en el centro de Junín.
Movilidad Urbana ha fallado sistemáticamente en trazar un mapa de ordenamiento que determine qué arterias soportan estas estructuras y cuáles deberían ser suprimidas o al menos reformuladas, permitiendo que la fisonomía de las calles la dicte el criterio del comerciante y no una planificación estatal sustentable.
Por su parte, la Agencia de Seguridad Vial, enfocada casi con exclusividad en campañas educativas al tipo de "Voy Seguro" y en el control selectivo en algunos barrios y rodados, parece desentenderse de los riesgos físicos palpables de algunas de estas estructuras.
Las dársenas gastronómicas nacieron en pandemia, para darle alivio al comercio afectado. Quedaron instalados como parte del paisaje. Algunos, en condiciones precarias
La falta de operativos de fiscalización dirigidos específicamente a constatar si estas dársenas cuentan con las medidas mínimas de seguridad vial —como artefactos de protección, bandas reflectivas, balizamiento o dimensiones permitidas— demuestra una alarmante desconexión entre la teoría preventiva y la realidad de las calles.
Ante este panorama, el Municipio actúa por omisión, convirtiéndose en corresponsable de un peligro.
El aspecto más alarmante de esta configuración urbana es el riesgo directo a la integridad física de los clientes. El "lado B" de los decks gastronómicos deja en evidencia que la gran mayoría de estas instalaciones carece de defensas sólidas contra impactos. No cuentan con bloques de hormigón (New Jersey) ni bolardos de acero capaces de contener o desviar la trayectoria de un automóvil fuera de control.
El cliente que cena o toma un café en una dársena se encuentra ubicado al mismo nivel del asfalto, protegido únicamente por maderas ligeras o macetas decorativas. Ante un error de cálculo de un conductor, una mala maniobra de un motociclista o cualquier imprevisto de un vehículo, el resultado puede ser trágico. La cercanía entre un auto y las mesas también plantea un problema ambiental y de salud, pero queda totalmente solapado ante el inminente peligro de un atropellamiento.
El paisaje urbano de Junín necesita una reconfiguración de esta mirada, que priorice la vida y la seguridad por encima del beneficio comercial. No se puede continuar bajo un esquema de "permisividad heredada" de la pandemia.
Visto que la decisión política es mantener estas estructuras vivas en el espacio público, debería exigirse un protocolo técnico unificado. Dicho protocolo debería incluir de manera obligatoria la instalación de elementos de contención vial homologados, sistemas de iluminación nocturna autónoma y la prohibición absoluta de instalar dársenas a menos de quince metros de cualquier ochava o intersección para preservar la visibilidad.
El espacio público pertenece a la comunidad y tanto la calzada como las aceras tienen sus características técnicas e indiscutibles: garantizar un tránsito seguro y fluido para vehículos y peatones. Ignorar este peligro es, simplemente, esperar a que ocurra una tragedia anunciada.
El Concejo Deliberante de General Arenales aprobó una ordenanza que establece un marco regulatorio para la instalación de “parklets” en la vía pública, una modalidad que permite a los comercios utilizar parte del espacio destinado al estacionamiento para ampliar sus áreas de atención.
La iniciativa fue impulsada por los concejales del bloque Juntos/UCR y busca incorporar una herramienta para acompañar la actividad comercial, aunque bajo determinadas condiciones de seguridad, ordenamiento y responsabilidad.
La colocación de un parklet no será automática. Los comercios interesados deberán presentar un proyecto y obtener previamente la autorización del Municipio, que evaluará cada solicitud de acuerdo con las características del lugar, la arteria y las condiciones de tránsito.
Según establece la ordenanza, las estructuras podrán tener entre 2 y 2,50 metros de ancho y entre 5 y 10 metros de largo. Además, deberán ubicarse frente al comercio solicitante y no podrán afectar el acceso o funcionamiento de los establecimientos linderos.
Los comerciantes que reciban la autorización deberán asumir los costos y responsabilidades vinculados con la construcción, mantenimiento, limpieza y eventual retiro de las estructuras. También deberán contar con un seguro de responsabilidad civil.
El permiso tendrá carácter precario y una vigencia de 12 meses, por lo que su continuidad quedará sujeta a las condiciones establecidas por la normativa y a la evaluación municipal.
La ordenanza también contempla un esquema de controles y sanciones para los casos en que se incumplan las condiciones establecidas. Entre las medidas previstas se encuentran multas y, ante situaciones de reincidencia, la posibilidad de revocar la autorización y disponer el retiro de la estructura.
De esta manera, General Arenales incorpora una regulación específica para los parklets, buscando compatibilizar el uso del espacio público con las necesidades de los comercios y el ordenamiento del tránsito.