Discapacidad en emergencia: el Foro denuncia que las leyes no frenan la crisis diaria

El Foro Permanente de Discapacidad celebró la media sanción en la Cámara de Diputados de la nueva ley de protección social, calificándola como un avance fundamental para el sector. El proyecto, que logró un consenso casi unánime tras incorporar reclamos históricos de la oposición y de los prestadores, se encamina ahora hacia el Senado. Sin embargo, desde la organización advierten que la normativa por sí sola no resuelve la profunda crisis que atraviesan los beneficiarios.

Pablo Morelo, presidente del Foro, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y remarcó la distancia que existe entre los debates parlamentarios y la realidad cotidiana. “La emergencia no se reduce a una ley porque se trata de lo que viven las personas con discapacidad día a día. Ahí está la emergencia”, sentenció el dirigente, poniendo el foco en la necesidad de que el Poder Ejecutivo ejecute las políticas y garantice el financiamiento.

Presupuesto en la mira y desfinanciamiento de las obras sociales

El próximo gran desafío del sector se trasladará a la discusión del Presupuesto. Aunque la Ley de Emergencia se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, el Foro insiste en que el texto legal debe estar respaldado por partidas de dinero concretas. Existe una fuerte preocupación en torno al financiamiento de las obras sociales a través del Fondo Solidario de Redistribución, cuyos recursos —según advierten los sindicatos— ya resultan insuficientes para cubrir las prestaciones.

Morelo también criticó la falta de respuesta y la falta de empatía por parte de la actual gestión gubernamental al momento de aplicar las normativas vigentes. “A lo largo de la historia lamentablemente son muy pocos los funcionarios que han tomado en serio lo que las leyes dicen y lo transformaron en proyectos, siempre hay que andar presionando y golpeando las puertas”, afirmó, contrastando la experiencia histórica con el panorama actual, al cual describió como un escenario “donde todo es cerrar puertas, prejuicio y hablar mal de la temática”.

Medicamentos retenidos y una brecha arancelaria del 30%

La crisis se traduce en el desabastecimiento de insumos básicos y en una severa parálisis en la entrega de pensiones asistenciales. De acuerdo con el Foro, la judicialización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) agravó el atraso en la distribución de medicamentos y pañales, afectando de forma directa a las familias más vulnerables. “Si la persona no tiene la pensión no solo no puede acceder a los medicamentos tampoco a muchas de las prestaciones que la ley le reconoce”, explicó Morelo sobre el perjuicio a futuro que esto genera.

Por el lado de los prestadores de salud, la situación económica es límite. Los aranceles arrastran un desfasaje acumulado estimado en un 30%, lo que impide cubrir los costos mínimos de funcionamiento. Finalmente, desde el Foro alertaron sobre el abandono total que sufren aquellas personas que no cuentan con ningún tipo de cobertura y dependen exclusivamente de un sistema público desarticulado, exigiendo además un rol mucho más activo por parte de los gobiernos provinciales en sus respectivos territorios.