El feo olor de los agroquímicos

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 538 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2026

El Consejo Directivo del INTA exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT y midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios.

Se trata de la sanción más grave que prevé el empleo público nacional y la deja fuera del INTA y del sector público. La medida figura en la resolución 366 del organismo, fechada el pasado lunes 26 de octubre, y basada en lo tratado en la reunión del 27 de agosto por la Comisión Directiva del organismo, que dio por concluido el sumario abierto en diciembre de 2023. Su artículo 11 dispone textualmente: “Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)” de la ley marco de empleo público.

El sumario alcanzó a otros trece agentes. El director de la EEA Balcarce, Facundo Quiroz, recibió quince días de suspensión, y Eduardo De Gerónimo, veinticinco. Los demás quedaron eximidos, entre ellos Horacio Berger, que había sido vinculado en calidad de imputado y que días atrás, como director del Centro Regional Buenos Aires Sur, le escribió al Concejo Deliberante de Balcarce para marcar distancia del trabajo de Aparicio.

La resolución ordena además comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción “ante la eventual configuración de delitos de acción pública” y pide a la Dirección Nacional un informe sobre la liquidación del acuerdo de subvención “a efectos de determinar si resulta procedente la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial”.

El INTA aprobó la participación de Aparicio en SPRINT, un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en mayo de 2020. El 15 de junio de 2023 le ordenó a Aparicio suspender la reunión en la que iba a presentar los datos, una medida que la resolución define como “diligencias preventivas”.

El 7 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo dispuso la salida del proyecto (Resolución 1081) y ese mismo día ordenó el sumario (Resolución 1082). “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”, le dijo Aparicio al portal “Bichos de Campo” cuando se conoció que el expediente proponía su exoneración. Antes de esta resolución había dicho que la sanción “significa quitarme la identidad científica”.

El 15 de octubre pasado presentó, a título personal, los resultados de sus mediciones en el Concejo Deliberante de Balcarce. En paralelo, APINTA y ATE Conicet impulsaban un formulario con la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio”.

CUESTION CONTRA TRANSGÉNICOS

En otro orden y a través de la Resolución 200/2026, con fecha 15 de octubre de 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó una nueva soja transgénica de la firma Syngenta resistente a cuatro familias de herbicidas: glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D e inhibidores de la enzima 4- hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD). Apenas cuatro días después, Naturaleza de Derechos, la organización de asesoría y patrocinio en materia socioambiental a cargo del abogado Fernando Cabaleiro, formalizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado argentino por la demora injustificada de la Corte Suprema de Justicia en una causa iniciada en marzo de 2013 que cuestiona, justamente, la legalidad de las autorizaciones comerciales de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). No se trató de una coincidencia: uno de los argumentos centrales de la presentación ante la Comisión fue denunciar las sucesivas autorizaciones de eventos transgénicos durante los trece años en que la demanda permaneció sin resolución. Cabaleiro lo define sin más: “Es lisa y llanamente negación de justicia ambiental”.

El INTA despidió a una científica que investigó los efectos de los agroquímicos en Argentina

El expediente CAF 6580/2013, iniciado el 18 de marzo de 2013 ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, cuestionó la autorización comercial del evento combinado de soja transgénica MON87701 x MON89788 (más conocida como Intacta RR2 PRO y desarrollada por Monsanto) aprobada mediante la Resolución 446/2012 “por el incumplimiento de las obligaciones de evaluación ambiental, información pública y participación ciudadana previstas en la Ley General del Ambiente 25.675”.

Los demandados en la causa son el Estado Nacional y las corporaciones del agronegocio Bayer-Monsanto y Corteva (fusión de Dow y Pionner).

Entre las disposiciones cuestionadas se encontraban las Resoluciones 701/2011, 763/2011 y 318/2013, así como la Resolución SENASA 412/2002, vinculadas con los procedimientos de evaluación de bioseguridad y aptitud alimentaria.

Además, el planteo denunció que las autorizaciones se otorgaban mediante evaluaciones sectoriales que no satisfacían las exigencias de evaluación ambiental integral y participación pública previa establecidas en los artículos 11 a 13 y 19 a 21 de la Ley General del Ambiente.

UNA BUENA

En el cinturón hortícola de La Plata, uno de los principales del país, el modelo de producción predominante se caracteriza por cultivos en invernadero, labranza convencional y un elevado uso y dependencia de insumos químicos. El tomate ocupa el primer lugar entre las hortalizas cultivadas bajo cubierta y la lechuga es el cultivo de hoja más importante. Frente a esto, la búsqueda de prácticas agrícolas más sustentables es una deuda pendiente en las agendas científicas y productivas.

Allí es donde intervino con sus investigaciones el Grupo de Microorganismos de Aplicación en Agricultura del del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), que busca desarrollar un bioinsumo, es decir, utilizar organismos vivos para desarrollar un insumo que potencie la horticultura en este territorio de la Provincia. El proyecto es dirigido por la Dra. María Flavia Luna, Investigadora Independiente de la CIC, y cuenta con el apoyo económico de la Comisión de Investigaciones Científicas a través de la convocatoria Ideas-Proyecto.

Se utilizan bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) que fijan nitrógeno del aire transformándolo en compuestos asimilables por las plantas, que también producen fitohormonas que aumentan el volumen radical y que son capaces de solubilizar fósforo haciéndolo biodisponible, entre otras funciones que contribuyen a reducir el uso de agroquímicos. El grupo de trabajo del CINDEFI dispone de una colección de 260 bacterias aisladas de plantas de tomate de la región y caracterizadas in vitro en estas capacidades.

“Los microorganismos están vivos cuando se aplican: tienen que reproducirse y mantenerse en el tiempo para poder ejercer su efecto promotor”, explica la doctora Luna. El Dr. Santiago Vio, becario posdoctoral del CONICET e integrante del equipo añade que “la planta nunca se asocia con una sola especie de bacteria, sino con una población infinitamente diversa”. Por esta razón es que decidieron inocular múltiples bacterias, diseñando un bioinsumo conocido como “multiespecie”.