La histórica fábrica de tractores Pauny, uno de los pilares de la industria metalmecánica de la provincia de Córdoba, atraviesa una de las crisis financieras y productivas más severas de su historia reciente. La firma, con sede central en la localidad de Las Varillas, dispuso la paralización total de su planta y la suspensión de sus 500 operarios debido a un combo letal que combina el desplome de las ventas de maquinaria agrícola, la falta de liquidez y un preocupante ahogo financiero. La medida encendió las alarmas en el sector fabril y fue rechazada de inmediato por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La situación interna venía mostrando signos de fuerte deterioro desde hace meses. Pauny ya operaba bajo un procedimiento preventivo de crisis que limitaba su producción a solo tres días por semana. Sin embargo, el panorama se agravó drásticamente en las últimas semanas con la acumulación de atrasos salariales que incluyen la falta de pago de la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, además de registrarse graves irregularidades con los aportes jubilatorios y los pagos a la obra social de los operarios.
En el plano financiero, los números de la empresa reflejan la profundidad de la recesión que afecta al mercado local. La compañía acumula una deuda bancaria global superior a los 30.800 millones de pesos, de los cuales cerca del 70 por ciento corresponde a compromisos contraídos con el Banco de la Nación Argentina, entidad que ya mantiene a la firma bajo una categoría de seguimiento especial. A esto se le suma una alarmante cadena de pagos cortada: solo en el mes de octubre se reportaron 146 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto que supera los 1.028 millones de pesos.
Desde el sector industrial advierten que la crisis de Pauny no es un hecho aislado, sino el reflejo de la compleja coyuntura que vive la fabricación nacional de maquinaria. Los directivos y representantes gremiales coinciden en que la brutal caída del mercado interno se ve fuertemente potenciada por la apertura comercial y la feroz competencia de tractores importados, principalmente de origen asiático. Estas unidades extranjeras ingresan al país con precios sustancialmente menores, ganando terreno frente a las terminales locales que deben afrontar elevados costos impositivos, tarifas en alza y una severa falta de líneas de financiamiento accesibles para los productores agropecuarios. Las próximas audiencias en la Secretaría de Trabajo de la provincia serán determinantes para definir el futuro de la planta y de las familias afectadas en la región.
Pauny no es una fábrica aislada. Alrededor de la terminal hay treinta o cuarenta talleres y pequeñas industrias que fabrican componentes: llantas, caños de escape, piezas plásticas, bulones, mangueras hidráulicas. Si Pauny no produce, esas empresas tampoco cobran. Si Pauny no paga la electricidad, la cooperativa local que provee el servicio a toda una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes enfrenta un agujero financiero que puede trasladarse a la tarifa o a la calidad del servicio del resto de los usuarios.
Es el mecanismo típico del mono-company town: la crisis de la empresa ancla deja de ser un problema privado y se convierte en un problema de política pública local. La Secretaría de Trabajo de Córdoba ya está interviniendo; la pregunta es si la escala del problema va a requerir también intervención provincial o nacional.