El Junín que no aparece en las obras

Junín tiene números para mostrar cuando habla de obra pública. El gobierno del interino Juan Fiorini planificó para 2026 la ejecución de 150 cuadras de cordón cuneta, 90 de pavimento y unas 70 de mejorado. En agosto, el Ejecutivo informó que avanzaba con ese programa y destacó la articulación con las sociedades de fomento y los aportes de vecinos mediante consorcios. Más adelante, el subsecretario de Servicios Públicos, Mariano Spadano, anunció que ya se habían ejecutado 103 cuadras de cordón cuneta y 86 de pavimento.

Son cifras concretas, que describen una parte de la transformación urbana, pero las obras ejecutadas no alcanzan, por sí solas, para medir el desarrollo de una ciudad. Es apenas una de las tantas acciones que se requieren para no seguir “vendiendo humo”

También hay que mirar dónde se realizan dichas tareas, qué necesidades resuelven, qué servicios faltan en otros sectores y qué posibilidades tienen sus habitantes de acceder a un terreno o a una vivienda propia.

La marca propia de la gestión Petrecca ha sido avanzar sin un plan, haciéndolo a tontas y a locas, para poder tener bajo la suela a los fomentistas. Obsecuentes con respuestas y rebeldes sin nada.

La discusión, pasa por conocer qué cosas quedan pendientes y si existe una planificación capaz de atender el conjunto de los problemas urbanos, más allá de las obras que pueden exhibirse en una recorrida oficial.

El propio anuncio municipal permite establecer un punto de partida. Si la meta es ejecutar 150 cuadras de cordón cuneta y 90 de pavimento, corresponde conocer no solamente cuántas se hicieron, sino también cuáles fueron los criterios de selección, cómo se distribuyeron territorialmente y qué porcentaje de las necesidades relevadas permanece sin respuesta.

La misma evaluación debería incorporar el estado de las calles que todavía requieren mejorado, las redes de desagües pluviales y la cobertura de servicios esenciales.

Una cuadra pavimentada no equivale necesariamente a un barrio con infraestructura completa. Tampoco la ejecución de cordón cuneta permite deducir, sin información adicional, que se hayan resuelto los problemas de anegamiento de una zona.

El gobierno municipal destacó que una parte importante de las intervenciones se realiza con recursos locales y mediante la participación de los frentistas.

Como pasa siempre en esta gestión los números reales los conocen unos pocos, aunque sería necesario conocer cuánto aporta el presupuesto municipal, cuánto corresponde a los consorcios y qué condiciones deben cumplir los vecinos para acceder a cada modalidad de obra.

La contribución de los frentistas puede ser una herramienta útil para extender la infraestructura. Pero también obliga a examinar si todos los sectores tienen la misma capacidad económica para organizarse y afrontar los costos.

De ese modo, siguen siendo los más vulnerables los que se quedan sin beneficios.

La información oficial permite saber qué se planificó y qué porcentaje se ejecutó. Falta cruzar esos datos con un mapa actualizado de necesidades urbanas para determinar cuánto de lo pendiente responde a prioridades establecidas y cuánto permanece fuera de la agenda.

La marca propia de la gestión Petrecca ha sido avanzar sin un plan, haciéndolo a tontas y a locas, para poder tener bajo la suela a los fomentistas

DEMANDA DE VIVIENDA

La cuestión habitacional introduce otro problema profundo. La semana próxima se cumplirá un mes de que la concejal Clara Bozzano, de Fuerza Patria, impulsó un pedido de informes sobre las políticas de vivienda y acceso al suelo urbano. La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante, solicitó datos sobre la demanda habitacional, los programas municipales, los loteos irregulares, los asentamientos y el estado de las obras de vivienda financiadas por la Provincia y la Nación.

Hasta ahora silencio. Algo común cuando el Ejecutivo debe responder cuestionamientos.

El planteo tiene un punto central: Junín necesita conocer cuántas familias requieren una solución habitacional, dónde se encuentran y qué características tiene esa demanda.

El Censo 2022 ofrece una base para empezar, aunque no reemplaza ese diagnóstico.

Según datos difundidos a partir del relevamiento nacional, alrededor de uno de cada tres hogares juninenses no tenía vivienda propia.

El mismo registro indicaba que el 91,2% de los hogares disponía de agua para beber y cocinar proveniente de la red pública, mientras que el 86,5% de las viviendas tenía desagüe del inodoro a la red cloacal.

No tener vivienda propia no significa necesariamente vivir en condiciones precarias: puede tratarse de un hogar que alquila una propiedad adecuada. Del mismo modo, la conexión a una red no describe por sí sola la calidad, continuidad o suficiencia del servicio, de hecho las sospechas sobre la calidad del agua que va a los domicilios están atravesadas por el arsénico, nitratos y nitritos. Más silencios.

El censo llevado a cabo hace cuatro años, no permite afirmar cuál es hoy la cantidad exacta de familias sin vivienda propia ni cuántos hogares se incorporaron desde entonces a la demanda. Para conocer esa evolución hace falta información más reciente, que el municipio debería poder producir o reunir mediante sus áreas de Desarrollo Social, Obras Públicas, Planeamiento y Tierras.

Las obras ejecutadas no alcanzan, por sí solas, para medir el desarrollo de una ciudad.

El pedido de Bozzano abre una oportunidad para pasar de las impresiones a los números. Entre los datos solicitados figuran la cantidad de lotes generados y adjudicados por los programas Proyectar, las viviendas concluidas o en construcción, la situación del Banco Municipal de Tierras, los criterios para fijar los precios de los terrenos y el estado de las obras habitacionales provinciales.

Nada de esa información actualmente es pública, por eso el pedido de informes.

También se pidió información sobre la existencia de asentamientos y loteos irregulares, los mecanismos de regularización dominial y las medidas previstas para lo que resta de 2026 y el ejercicio 2027.

Si bien hace tiempo que se dificultó el acceso a la vivienda en Junín, hoy la situación es todavía más angustiante

LAS 149 PARALIZADAS

La historia del ex Procrear de Junín resume buena parte de estas contradicciones. En el predio ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco comenzó a construirse un desarrollo de 149 viviendas. Más de 1.850 familias se habían inscripto para acceder a esas unidades, según la documentación periodística publicada por SEMANARIO oportunamente.

El proyecto quedó paralizado tras el cambio de gobierno nacional de 2023. En julio de 2026, la posibilidad de subastar el terreno y las construcciones abrió una controversia adicional, porque el inmueble había pertenecido al Municipio y estaba destinado a un desarrollo urbanístico de finalidad social.

En septiembre, una nueva información periodística señaló que la subasta había quedado desierta y que el futuro del predio seguía sin resolverse. El avance físico de las construcciones se estimaba entonces en torno al 70%.

El caso no permite atribuir toda la responsabilidad al gobierno municipal, porque la paralización y las decisiones sobre el programa involucraron al Estado nacional. Sí obliga a examinar qué gestiones realizó el Ejecutivo local para defender el destino habitacional del inmueble, qué alternativas propuso para terminar las unidades y qué respuesta ofreció a las familias que esperaban una vivienda.

ProCreAr 149 viviendas: el proyecto quedó paralizado tras el cambio de gobierno nacional de 2023.

Las casi 2.000 inscripciones registradas en aquel programa constituyen una señal de demanda, pero no deben presentarse como un relevamiento actual ni como una cifra equivalente al déficit habitacional total. Las familias pudieron modificar su situación desde entonces y la demanda puede haber crecido o cambiado de composición. Precisamente por eso resulta necesario contar con datos actualizados.

Si bien hace tiempo que se dificultó el acceso a la vivienda en Junín, hoy la situación es todavía más angustiante.

Para numerosas familias, la primera barrera es conseguir un terreno cuyo precio puedan pagar, ubicado en un sector con servicios y con condiciones legales que permitan construir.

Los programas de generación y adjudicación de lotes pueden contribuir a resolver esa dificultad, pero su evaluación requiere información completa.

Por eso es qué no alcanza con anunciar cuántos terrenos se produjeron. Es necesario conocer cuántos se adjudicaron, cuántos beneficiarios iniciaron la construcción, cuántas viviendas se terminaron y cuántos lotes permanecen sin ocupar. También deben conocerse los plazos, los valores de las cuotas, los criterios de selección y las condiciones de regularización ante incumplimientos.

En ese punto, el Banco Municipal de Tierras ocupa un lugar estratégico. Su capacidad para identificar terrenos fiscales u ociosos, incorporarlos al patrimonio público y destinarlos a una política habitacional puede determinar cuánto margen tiene el Estado local para intervenir en el mercado del suelo.

Pero las acciones no van en ese sentido estricto y el tema de los lotes fiscales u ociosos, atraviesan una maraña delicada, que debiera llevar a realizar una auditoría de por parte del Ejecutivo para eliminar sospechas respecto a sus adjudicaciones internas.

No tener vivienda propia no significa necesariamente vivir en condiciones precarias: puede tratarse de un hogar que alquila una propiedad adecuada

PLANIFICACION CERO

La expansión urbana plantea, además, una cuestión de planificación. Cuando la ciudad crece hacia la periferia, los nuevos barrios requieren calles, iluminación, agua, cloacas, desagües, transporte y cercanía a escuelas y centros de salud. Si la vivienda aparece antes que la infraestructura, los costos terminan trasladándose a las familias o a los presupuestos públicos que deben completar después lo que no se resolvió al principio.

No hay información suficiente, en los datos aquí reunidos, para establecer qué proporción del crecimiento reciente de Junín se produjo bajo esas condiciones ni para cuantificar el costo de completar la infraestructura pendiente. Ese vacío no debe llenarse con una conclusión anticipada. Debe convertirse en una de las preguntas centrales de la investigación.

La expansión urbana plantea, además, una cuestión de planificación.

El cruce entre los permisos de construcción, los loteos aprobados, el catastro, los mapas de expansión urbana y las redes de servicios permitiría identificar dónde crece la ciudad y si ese crecimiento está acompañado por inversiones públicas y privadas. También ayudaría a distinguir entre la expansión ordenada, los sectores que esperan infraestructura y los casos que requieren regularización.

Junín necesita obras y es razonable que el gobierno municipal informe sobre ellas. Lo que no debería ocurrir es que la cantidad de cuadras terminadas se convierta en el único indicador del desarrollo urbano.

Una evaluación integral debería reunir tres dimensiones. La primera es la infraestructura: pavimento, cordón cuneta, mejorado, agua, cloacas y desagües.

La segunda es el acceso al suelo y a la vivienda: lotes disponibles, adjudicaciones, unidades terminadas, demanda insatisfecha y regularización dominial.

La tercera es la distribución territorial: qué barrios reciben las inversiones, cuáles siguen esperando y qué servicios faltan en cada sector.

Con esos datos sería posible elaborar un mapa de necesidades y establecer prioridades verificables, de lo contrario todo termina en una publicidad rodeada de fotos de funcionarios en las redes sociales, mientras que las verdaderas necesidades de los vecinos no fueron satisfechas. Ocurre que una ciudad no se promociona por las obras que inaugura, sino que la gestión debe tener en carpeta las necesidades que consigue resolver, pero también aquellas que, año tras año, siguen esperando una respuesta.