Biodiesel en crisis: la advertencia del Ministro Rodríguez en su recorrida por Junín

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encendió las alarmas sobre el futuro de la industria del biodiesel en la provincia. Tras recorrer una planta procesadora en Junín, el funcionario advirtió que el proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles, impulsado a nivel nacional, podría obligar al cierre definitivo de 11 empresas bonaerenses radicadas en el interior de la provincia.

La principal preocupación del sector radica en una modificación clave de las condiciones de radicación de las plantas. El nuevo proyecto legislativo busca establecer requisitos vinculados a la cercanía con grandes centros urbanos o terminales portuarias. Esta medida deja en una situación de total vulnerabilidad a las pymes y establecimientos que hoy operan y dinamizan la economía interna de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Rodríguez enfatizó el impacto social de estas decisiones al tomar como ejemplo el caso de Junín:

• Pérdida de empleo calificado: La planta local emplea de forma directa a 30 profesionales de la zona, entre ellos ingenieros y técnicos especializados.

• Freno al arraigo local: Este tipo de industrias permite que los profesionales formados en la región encuentren oportunidades laborales competitivas sin verse obligados a migrar a las grandes capitales.

• Pérdida de inversiones: Se pondrían en riesgo capitales privados que apostaron por el desarrollo industrial del interior productivo.

Las expectativas del sector: entre la incertidumbre y el reclamo federal

Las empresas de biodiesel se encuentran en un escenario de máxima tensión y expectativa, a la espera de que el debate en el Congreso Nacional incorpore las demandas del sector. Las proyecciones y reclamos de las plantas industriales se estructuran bajo tres ejes principales:

• Modificación de los dictámenes legislativos: El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra trabado en comisiones de la Cámara de Diputados debido a la falta de consensos. Las empresas esperan que los legisladores nacionales escuchen las advertencias de las provincias y modifiquen las cláusulas de localización antes de emitir un dictamen final.

• Defensa del federalismo productivo: Las pymes del interior exigen reglas de juego equitativas que no beneficien exclusivamente a los complejos agroexportadores ubicados en las zonas portuarias, permitiendo la coexistencia de ambos modelos de producción.

• Freno a la crisis del empleo: El debate se da en un contexto económico que el ministro Rodríguez calificó de "crítico", señalando que desde noviembre de 2023 ya han cerrado alrededor de 32.000 empresas en el país. La expectativa del sector es que la nueva regulación funcione como un incentivo verde y de reactivación, y no como un detonante que profundice la desocupación y la informalidad laboral.

La Provincia de Buenos Aires ya ha trasladado formalmente esta preocupación a las comisiones parlamentarias, buscando abrir una mesa de negociación que preserve la producción local y evite un golpe irreversible a la industria de los biocombustibles bonaerense.