Tras años de llamativo silencio, el interino Fiorini apura reclamos por la Ruta 7

Forzado por el reclamo incansable de diversas entidades intermedias de la comunidad —que durante largo tiempo batallaron en absoluta soledad frente a la indiferencia de los distintos niveles del Estado—, el Gobierno de Junín modificó drásticamente su postura frente al abandono de la Ruta Nacional 7.

Luego de mantener un llamativo silencio durante años ante la parálisis de la infraestructura vial, la gestión local ensayó una sorpresiva ofensiva institucional tras verse desbordada por la presión de cámaras comerciales, fomentistas y agrupaciones de vecinos autoconvocados, quienes sostuvieron en alto la demanda de seguridad vial sin ningún tipo de respaldo político.

Este repentino despertar de las autoridades municipales, que solo reaccionaron cuando el descontento social amenazó con quebrar la agenda local, no tardó en despertar fuertes suspicacias. El concejal Martín Palma, del bloque unipersonal Espacio Abierto, canalizó las dudas al presentar un severo proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante.

En el documento se le exige al Departamento Ejecutivo certezas urgentes sobre los anuncios de la Variante de Chacabuco —detenida con un 75% de avance—, buscando esclarecer si se trata de un avance real o de una maniobra discursiva para capitalizar el esfuerzo ajeno y calmar el malestar comunitario. La presentación legislativa expone la vulnerabilidad de las promesas del Ejecutivo, demandando precisiones sobre los plazos reales y las empresas que asumirían las tareas.

Asimismo, el reclamo desnuda el histórico déficit de mantenimiento del tramo urbano, exigiendo informes sobre planes de pavimentación de colectoras, la reparación del deficiente sistema de iluminación y el congelado proyecto del puente peatonal sobre la Avenida Circunvalación, demandas básicas que las entidades civiles defendieron solas en la agenda pública durante años antes de que la intendencia se viera obligada a intervenir.