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Inseguridad: Fiorini jugó con fuego y terminó quemado - Semanario de Junín

LOCALES | 16 NOV 2026

POLÍTICA

Inseguridad: Fiorini jugó con fuego y terminó quemado

El intendente interino reunió a jueces y fiscales con el propósito de exponerlos como responsables de la situación de desmadre que atraviesa Junín. Pero los magistrados le pusieron los puntos y el tiro terminó saliéndole por la culata.



Días atrás, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, se reunió con jueces y fiscales del Departamento Judicial local para abordar distintos desafíos vinculados con la seguridad y la prevención. El encuentro tuvo lugar frente a una situación de desmadre generalizado, tal como lo planteó SEMANARIO en su nota de tapa del sábado 7 de noviembre y como reflejan las crónicas policiales que los vecinos leen a diario.

La estrategia del Ejecutivo municipal parece ser siempre la misma, aunque cambie el área de gobierno involucrada. No se hace cargo de los problemas más acuciantes del distrito y, cuando puede, se cuelga medallas que no le pertenecen.

Esta vez, Pablo Petrecca, quizá previendo el resultado de la convocatoria, dejó solo a su cuñado para que llevara adelante una jugada que apuntaba a exponer a los magistrados como responsables de la inseguridad, especialmente a través de esa supuesta «puerta giratoria» que se les achaca a los jueces cada vez que liberan a personas detenidas.

Entre los ejes planteados durante la reunión aparecieron la reincidencia, la nueva ley de minoridad y la prevención de las adicciones. Sin embargo, la respuesta de los representantes de la Justicia no tardó en llegar. Fue Héctor Barbera, titular del Juzgado Correccional Nº 1 y participante del encuentro, quien se encargó de poner las cosas en su lugar.

Al referirse a la problemática, el magistrado sostuvo que «cuando uno hace un análisis no lo puede hacer parcializado, hay que hacer un análisis global». Y recordó que «estamos en un sistema democrático y hay tres poderes, y nosotros los jueces no podemos aplicar una pena ni inventar algún delito, sino por lo que el legislador establece».

La explicación no se quedó en una cuestión de competencias. Barbera puso sobre la mesa uno de los problemas estructurales que condicionan el funcionamiento del sistema penal: la sobrepoblación carcelaria. «En los establecimientos carcelarios ya no hay más lugar, en un lugar que es para cuatro hay catorce, y en eso no podemos resocializar. Es un tema bastante complicado», explicó. También recordó que la propia Corte ha recomendado alternativas a las prisiones preventivas para evitar el colapso de los establecimientos penitenciarios.

Después devolvió la pelota al campo de los otros poderes del Estado, incluido el Ejecutivo. «Es un tema del que tendría que dedicarse el Poder Ejecutivo también, que sé que está haciendo cárceles, pero está ahí. Y los legisladores con las leyes también en su dictado», señaló.

Tampoco dejó pasar las condiciones en las que trabajan los magistrados. Barbera contó que se encuentra subrogando permanentemente otros juzgados y cubriendo vacantes en el Tribunal Oral, una sobrecarga que alcanza también a sus colegas. Como muestra de esa situación, reveló que todavía tiene vacaciones pendientes de 2021. Tomárselas, explicó, significaría dejar un vacío que otro juez debería cubrir.

Sobre la tan mentada «puerta giratoria», aclaró que las decisiones sobre las excarcelaciones corresponden específicamente a los juzgados de Garantías y que muchas veces las personas recuperan la libertad porque se trata de delitos que no admiten detención o porque se imponen condiciones especiales. Pero también dejó una observación que merece atención: la investigación policial debe aportar las pruebas necesarias para sostener una detención. «Un juez de Garantías con pruebas no deja liberado a nadie», sostuvo.

La explicación fue bastante más amplia que el relato simplificado que suele instalarse desde la política. La inseguridad no se resuelve señalando a un solo eslabón de una cadena que involucra a legisladores, fuerzas policiales, fiscales, jueces y gobiernos. Cada uno tiene responsabilidades concretas y ninguno puede desentenderse de las propias.

TODO EN CONTRA

Fiorini también había destacado el aporte de recursos y tecnología del Municipio para acompañar el trabajo de la Justicia y de las fuerzas policiales, en un contexto que, según planteó, exige modernizar procesos y formas de trabajo.

Pero si de recursos se trata, hay otra discusión que el Ejecutivo local no parece demasiado dispuesto a dar. Con una recaudación multimillonaria a través de la Tasa Complementaria de Seguridad y el aporte que también corresponde al gobierno provincial, la administración comunal entra en un cono de sombras cuando se trata de explicar con claridad cómo se utilizan esos fondos.

En ese escenario apareció la senadora provincial Valeria Arata, quien salió a cuestionar el discurso oficial y desplazó el eje de la discusión desde la habitual queja por la falta de recursos provinciales hacia la administración de los ingresos propios del Municipio.

En un contexto marcado por los reclamos vecinales ante el aumento de robos en viviendas, comercios y motocicletas, Arata apuntó directamente contra la gestión de Juan Fiorini. Según señaló, la Municipalidad ya había recaudado más de $4.110 millones en lo que va del año a través de la Tasa Complementaria de Seguridad, sin que ese volumen de dinero se traduzca en mejoras concretas en materia de prevención del delito, como podría ser por ejemplo la compra de patrulleros para cubrir las respectivas cuadrículas.

La legisladora puso así en cuestión una de las explicaciones recurrentes del oficialismo juninense, que suele atribuir las falencias de seguridad a la falta de envío de patrulleros y fondos para combustible por parte del gobierno bonaerense. También señaló que el Ejecutivo local debe asumir su responsabilidad en el manejo del Centro de Monitoreo y en la coordinación operativa de la seguridad en el distrito.

Fiorini terminó bebiendo de su propia medicina. Quiso convocar a la Justicia para repartir responsabilidades y terminó escuchando que el problema es bastante más complejo que la supuesta liviandad de los jueces. Después llegó el cuestionamiento por los recursos municipales, con una cifra de recaudación que obliga a dar explicaciones.

La inseguridad en Junín sigue sin encontrar una respuesta eficaz. Los funcionarios comunales han dado sobradas muestras de dificultades para contener una situación que se agrava, mientras los vecinos padecen sus consecuencias. En ese contexto, intentar trasladar las culpas a otros poderes puede servir para ganar algún titular, pero no alcanza para gobernar.

La jugada de Fiorini terminó siendo un boomerang. Convocó a quienes suponía que debía señalar y encontró enfrente a quienes le recordaron que la responsabilidad de gobernar no se delega.