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En una carta pública, Petrecca cuestionó el Presupuesto 2027 de Kicillof - Semanario de Junín

LOCALES | 16 NOV 2026

POLÍTICA

En una carta pública, Petrecca cuestionó el Presupuesto 2027 de Kicillof

El Senador Pablo Petrecca publicó una carta con duros cuestionamientos contra la Provincia por el Presupuesto 2027. El texto completo.



"Gobernar no es anunciar. Gobernar es transformar", destacó el titular del bloque PRO en la Cámara Alta provincial. "Las prioridades que muestran los números no siempre coinciden con las necesidades de los bonaerenses", subrayó.

A continuación el texto completo del legislador.

Cuando una familia organiza su economía, toma decisiones. Define cuánto puede gastar, qué necesidades son urgentes, qué proyectos puede afrontar y cuáles tendrá que postergar. Sabe que los recursos son limitados y que administrar implica elegir prioridades. Con el presupuesto de una provincia sucede exactamente lo mismo.

Con una diferencia fundamental: los recursos que administra el Estado no son del gobernador ni de los funcionarios. Son de millones de bonaerenses que todos los días trabajan, producen, emprenden y pagan sus impuestos. Por eso, cuando hablamos del Presupuesto 2027 de la provincia de Buenos Aires, no estamos discutiendo solamente números, partidas o planillas contables.

Estamos discutiendo si nuestros hijos van a tener una mejor educación, si los hospitales van a contar con los recursos que necesitan, si vamos a vivir más seguros y si las rutas que transitamos todos los días van a estar en condiciones.

Estamos discutiendo, en definitiva, qué Provincia queremos construir. Y después de analizar los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento presentados por el gobierno de Axel Kicillof, nuestra principal preocupación es clara: las prioridades que muestran los números no siempre coinciden con las necesidades de los bonaerenses.

Los números muestran las verdaderas prioridades

El Gobierno provincial propone gastar 58,65 billones de pesos durante 2027, con recursos estimados en 56,5 billones. Es decir, proyecta un déficit financiero de 2,15 billones de pesos. Pero el problema no es solamente cuánto se gasta. Es cómo se administra, cómo se financia y qué resultados se obtienen.

Hay un dato que debería llamar la atención de todos: mientras el gasto total previsto crece un 36% respecto del presupuesto aprobado para 2026, los intereses de la deuda aumentan un 80% y el presupuesto de Comunicación Pública crece un 62%. En cambio, la inversión real directa, que comprende obras y equipamiento, aumenta apenas un 28%. Vialidad crece un 5% y el Instituto de la Vivienda, solamente un 3%.

Es cierto que no todas las partidas son directamente comparables y que existen compromisos financieros que deben cumplirse. Pero esas diferencias muestran decisiones que merecen una explicación. ¿Cómo le explicamos a un vecino que los intereses de la deuda crecen mucho más que la inversión en obras? ¿O que la comunicación del Gobierno aumenta mucho más que los recursos destinados a las rutas y a la vivienda?

Un presupuesto no se mide por la cantidad de anuncios que permite realizar. Se mide por los problemas que ayuda a resolver. Más presupuesto no significa mejores servicios

Durante diez años tuve la responsabilidad de administrar una ciudad. Esa experiencia me dejó una convicción: gobernar no es simplemente disponer de recursos. Es establecer prioridades, formar equipos, planificar, ejecutar y rendir cuentas. Una partida presupuestaria puede aumentar y, sin embargo, el servicio que recibe el vecino puede seguir siendo deficiente.

Por eso necesitamos discutir no solamente cuánto dinero se destina a educación, salud o seguridad, sino qué resultados concretos se esperan obtener.

En educación, queremos saber cuántas escuelas van a mejorar su infraestructura, qué inversiones se realizarán y cómo se garantizarán mejores condiciones para enseñar y aprender.

En salud, cuántos hospitales podrán mejorar su atención, contar con equipamiento y responder a las necesidades de los pacientes. En seguridad, qué recursos llegarán efectivamente a la prevención del delito, al equipamiento policial y a los municipios, que son quienes reciben diariamente los reclamos de los vecinos.

Y en infraestructura, cuántas rutas, caminos, obras hidráulicas y viviendas pasarán de los anuncios a los hechos. Porque una escuela no mejora con un anuncio, una ruta no se arregla con una conferencia de prensa y la inseguridad no se combate con una partida que nunca llega a ejecutarse. Los bonaerenses necesitan resultados.

El problema no es solamente la falta de recursos

No desconocemos la difícil situación económica que atraviesa nuestro país ni la caída de recursos y transferencias nacionales que afecta a la Provincia. El Gobierno provincial tiene derecho a reclamar los fondos que considere que le corresponden. Y esos reclamos deben resolverse por las vías institucionales correspondientes.

Pero reconocer esas dificultades no significa aceptar que todos los problemas de gestión puedan explicarse por decisiones del Gobierno nacional. Los propios datos provinciales muestran que, entre 2023 y 2025, los ingresos totales cayeron aproximadamente un 14% en términos reales, mientras que la inversión de capital se redujo más de un 20%.

Es decir, la inversión se contrajo más que los recursos disponibles. Además, el proyecto vuelve a contemplar ingresos vinculados con reclamos a la Nación cuya percepción todavía no está asegurada.

Como contador público, considero que hay un principio básico que no podemos perder de vista: un recurso reclamado no es lo mismo que un recurso efectivamente cobrado. Se puede reclamar lo que corresponde.

Lo que no se puede hacer es construir una planificación financiera como si todo ese dinero ya estuviera disponible. La responsabilidad fiscal no es una discusión ideológica. Es una condición necesaria para que el Estado pueda cumplir sus compromisos y sostener sus servicios.

Los bonaerenses pagan impuestos y merecen respuestas

Otro punto preocupante es la política tributaria. El Gobierno sostiene que no aumenta las alícuotas de los principales impuestos provinciales. Sin embargo, mantener una alícuota no significa necesariamente mantener la carga tributaria.

Cuando los parámetros de facturación quedan desactualizados frente a la inflación, un pequeño comercio puede terminar pagando una alícuota mayor sin haber vendido más en términos reales.

Cuando se mantienen congelados determinados límites de exención, más contribuyentes pueden quedar alcanzados por un impuesto. Y cuando las cuotas del Inmobiliario o de Automotores se actualizan periódicamente, las familias necesitan saber cuánto van a tener que pagar y bajo qué reglas.

En una provincia donde producir, invertir y generar empleo resulta cada vez más difícil, el sistema tributario debería ofrecer previsibilidad y no sumar incertidumbre.

El Estado no puede exigirles todos los días más esfuerzo a los contribuyentes sin demostrar el mismo esfuerzo para administrar mejor sus recursos.

La deuda no puede reemplazar a la buena administración

El Gobierno también solicita nuevas autorizaciones de endeudamiento. No estamos en contra del financiamiento como herramienta. Una provincia puede necesitar crédito para desarrollar infraestructura, ampliar servicios o realizar inversiones que generen beneficios durante muchos años. Pero endeudarse exige responsabilidad, objetivos claros y mecanismos de control.

Según el análisis de las necesidades financieras proyectadas, aproximadamente seis de cada diez pesos de nuevo endeudamiento estarían destinados a afrontar vencimientos de deuda anterior. Refinanciar obligaciones puede ser necesario.

Lo que no podemos aceptar es que el endeudamiento se convierta en una solución permanente para cubrir desequilibrios sin corregir sus causas. Mucho menos cuando el proyecto también plantea extender la emergencia económica y reducir mecanismos de seguimiento legislativo.

La emergencia no puede transformarse en la forma habitual de gobernar.

Y cuanto mayores son las facultades que solicita un gobierno, mayores deben ser los controles. La Legislatura no está para firmar cheques en blanco. Está para representar a los bonaerenses, discutir prioridades y controlar el uso de los recursos públicos.

Una provincia fuerte necesita municipios fuertes Hay otra cuestión que merece especial atención: la relación entre la Provincia y sus 135 municipios. Los intendentes, independientemente de su pertenencia política, son quienes están más cerca de los problemas cotidianos. Son los primeros en recibir los reclamos por seguridad, infraestructura, mantenimiento urbano y servicios. Por eso preocupa que el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad municipal quede vinculado a la aprobación y concreción del endeudamiento provincial. La seguridad de los vecinos no puede depender de una negociación financiera.

Los municipios necesitan recursos previsibles, reglas claras y capacidad para planificar. Una provincia no se fortalece concentrando decisiones y condicionando recursos. Se fortalece cuando cada municipio tiene herramientas para resolver los problemas de su comunidad.

El presupuesto tiene que volver a ser un compromiso con la sociedad

El Presupuesto 2027 representa una oportunidad para discutir seriamente cómo se administran los recursos de la provincia de Buenos Aires. Desde el bloque del PRO vamos a ejercer una oposición responsable, con argumentos, con datos y con propuestas.

No creemos en oponernos por oponernos. Pero tampoco en acompañar automáticamente decisiones que comprometen el futuro de la Provincia. Queremos discutir la calidad del gasto, las prioridades de inversión, la presión tributaria, el endeudamiento y los mecanismos de transparencia y control.

Y, fundamentalmente, queremos recuperar una idea sencilla: el presupuesto que se aprueba tiene que ser el presupuesto que se cumple. Porque detrás de cada partida hay una necesidad concreta. Detrás de cada impuesto hay una familia, un trabajador o una empresa que hace un esfuerzo.

Y detrás de cada obra que no se ejecuta hay una oportunidad que se pierde. La provincia de Buenos Aires tiene recursos humanos, capacidad productiva, universidades, industrias, campo, emprendedores y un enorme potencial de desarrollo.

Lo que necesita es un Estado que administre con responsabilidad, establezca prioridades claras y transforme sus recursos en mejores servicios.

No alcanza con gastar más. Hay que administrar mejor. Y el verdadero éxito de un presupuesto no debería medirse por los millones que anuncia un gobernador, sino por cuánto mejora la vida de los bonaerenses.

Porque gobernar no es anunciar. Gobernar es transformar.