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Tras la tensión que instaló Fiorini con la Justicia, también respondió el ex fiscal Ochoaizpuro - Semanario de Junín

LOCALES | 17 NOV 2026

INSEGURIDAD

Tras la tensión que instaló Fiorini con la Justicia, también respondió el ex fiscal Ochoaizpuro

El abogado advirtió sobre los riesgos institucionales de confundir la cooperación entre poderes con la definición conjunta de políticas de seguridad. Sostiene que la independencia judicial no solamente debe existir, sino también ser percibida por la sociedad como una garantía efectiva.



La difusión de las imágenes de una reunión encabezada por el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, con participación de jueces y fiscales del Departamento Judicial, abrió un debate que excede las circunstancias del encuentro y las eventuales buenas intenciones de sus protagonistas.

Para Javier Ochoaizpuro, abogado y exfiscal, lo que está en discusión es una cuestión central del sistema republicano: los límites que deben respetarse en la relación entre el poder político y la Justicia.

El planteo no supone desconocer la necesidad de coordinación entre las instituciones ni restarle importancia a la búsqueda de soluciones frente a problemas como la inseguridad, la reincidencia delictiva o las adicciones. La preocupación pasa por otro lado. "No se trata de cuestionar el diálogo entre instituciones del Estado, sino de preservar la división de poderes, la independencia de la Justicia y la apariencia de absoluta imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia", sostuvo.

El interino Juan Fiorini había manifestado públicamente que durante el encuentro se definieron acciones concretas para enfrentar la reincidencia y coordinar esfuerzos en materia de seguridad. Para Ochoaizpuro, esa formulación obliga a precisar hasta dónde puede llegar la intervención de cada poder.

"¿Qué significa exactamente que el poder político defina acciones en una reunión con quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar y juzgar?", plantea.

La distinción no es menor. Un municipio puede aportar recursos tecnológicos, colaborar con las fuerzas de seguridad, facilitar información y desarrollar políticas de prevención. Son atribuciones propias de la gestión pública. Otra cosa es que participe directa o indirectamente en la definición de los criterios que deben orientar la actuación judicial.

"Los jueces no administran políticas de seguridad. Administran justicia. Los fiscales no están llamados a satisfacer las expectativas de una gestión política. Deben promover la actuación de la ley, investigar con objetividad y respetar las garantías constitucionales", explica.

La cooperación institucional, entonces, no debería confundirse con una superposición de responsabilidades. Para el exfiscal, esa delimitación es precisamente lo que permite que las instituciones trabajen en conjunto sin comprometer su autonomía.

Ochoaizpuro tampoco considera que la cuestión pueda reducirse a la existencia de órdenes o presiones explícitas. Hay un aspecto menos visible, pero igualmente importante: la percepción pública sobre la independencia de quienes deben resolver conflictos y aplicar la ley.

"La Justicia no solamente debe ser independiente; también debe parecerlo", advirtió.

La afirmación adquiere mayor relevancia cuando las relaciones entre funcionarios políticos y representantes judiciales se exhiben mediante fotografías, comunicados y declaraciones que pueden transmitir la imagen de una Justicia incorporada a una determinada agenda de gobierno.

Quien fuera funcionario judicial hasta hace unos años, aclaró al referirse al estallido del conflicto local que una reunión institucional no permite presumir, por sí sola, la existencia de una interferencia indebida.

Indicó que tampoco habilita a cuestionar la honorabilidad de quienes participaron. Sin embargo, entiende que la exposición pública y los términos utilizados para comunicar sus conclusiones pueden resultar inconvenientes desde el punto de vista institucional.

La preocupación se vincula también con el deterioro de la confianza ciudadana. La Justicia arrastra cuestionamientos por sus tiempos de respuesta, sus criterios de actuación y, en determinadas circunstancias, su permeabilidad frente a intereses políticos o sectoriales. En ese escenario, considera indispensable que sus integrantes extremen la prudencia.

"No alcanza con proclamar independencia. Es necesario preservarla mediante conductas que no dejen margen razonable para sospechar compromisos, alineamientos o subordinaciones incompatibles con la función judicial", señaló internándose de lleno en la discusión en la cual el Ejecutivo municipal intentó cargas las culpas al funcionamiento del Departamento Judicial de Junín por el desmadre que vive la seguridad en el distrito.

SEGURIDAD Y LIMITES

Hay otro aspecto que el abogado considera fundamental: el reclamo social de seguridad no puede convertirse en una presión para modificar los criterios con los que debe funcionar el sistema penal.

La preocupación ciudadana frente al delito es legítima y exige respuestas estatales. Pero esas respuestas no pueden traducirse en un mandato implícito de endurecimiento judicial, restricción de libertades o decisiones destinadas a satisfacer expectativas públicas.

"La función de un juez no consiste en acompañar una política de seguridad, sino en controlar, cuando corresponda, que su ejecución respete la Constitución y las leyes", remarcó Ochaizpuro.

Esa independencia debe mantenerse incluso cuando las decisiones judiciales contradigan las expectativas del gobierno o de una parte de la sociedad. Un magistrado puede absolver cuando la prueba resulta insuficiente, disponer una libertad cuando la ley lo exige o desestimar una acusación que carece de fundamento. Y debe poder hacerlo sin condicionamientos externos.

La misma exigencia alcanza al Ministerio Público Fiscal, aunque con las particularidades de su función. Su actuación debe responder a los principios de legalidad y objetividad, no a compromisos políticos circunstanciales.

En este punto, Ochoaizpuro incorporó una observación que considera importante para comprender el alcance de estos encuentros: “el lugar de la defensa en la construcción de las políticas criminales”.

Si las prioridades de persecución del delito aparecen como resultado de reuniones entre funcionarios políticos y determinados integrantes del sistema judicial, corresponde preguntarse: “qué lugar ocupa en esa construcción institucional la defensa, cuya intervención constituye una garantía esencial del proceso penal”.

No se trata de exigir que toda reunión técnica sobre seguridad incluya necesariamente a todos los operadores judiciales ni de equiparar funciones jurídicamente diferentes. El planteo apunta a evitar que la política criminal se confunda con la administración de justicia o con la búsqueda de resultados procesales predeterminados.

La eficacia del sistema penal, además, “no puede medirse exclusivamente por la cantidad de detenciones, acusaciones o condenas”. También debe evaluarse por su capacidad para respetar los derechos y garantías de las personas sometidas a su intervención.

CUESTION DE LEGITIMIDAD

La discusión vuelve así al punto de partida. La fotografía de una reunión institucional no necesariamente es una irregularidad, pero puede abrir interrogantes -tal como ocurrió- sobre los límites que deben observar quienes ejercen responsabilidades públicas.

Para Ochoaizpuro, las formas no son un detalle secundario en el funcionamiento republicano. “Los funcionarios deben respetar sus competencias, pero también evitar comportamientos que puedan desdibujar ante la sociedad las fronteras entre los poderes del Estado”.

"La política debe ocuparse de gobernar. La Justicia debe ocuparse de juzgar. El Ministerio Público debe cumplir sus funciones constitucionales y legales con autonomía y objetividad", resumió en forma contundente.

La cooperación entre instituciones es necesaria y hasta indispensable. Lo que no puede admitirse es que, bajo esa premisa, se terminen confundiendo responsabilidades o debilitando la confianza ciudadana en la independencia de las decisiones judiciales.

La división de poderes no es una formalidad constitucional que pueda relativizarse por razones de oportunidad o conveniencia. Es una garantía esencial de la libertad. Cuando una sociedad comienza a percibir que quienes gobiernan, investigan y juzgan actúan bajo una misma lógica de prioridades, el problema deja de ser exclusivamente institucional y pasa a comprometer la legitimidad democrática.

La advertencia final del exfiscal resumió el sentido de toda su reflexión: "Una Justicia que aparece demasiado cerca del poder político corre el riesgo de terminar demasiado lejos del ciudadano".