“Aplicamos el concepto de equidad social: es decir que lo que sube en retenciones a los que están en mayor capacidad de aportar, va a ir en beneficio de otros productores menos favorecidos, a los que la política del anterior gobierno nunca atendió”, expresó Luis Basterra, el ministro de Agricultura de la Nación al dar a conocer el aumento de tres puntos en los derechos de exportación de la soja que ahora estará en un 33%.

El argumento es atendible a pesar del escándalo sostenido por el complejo productor sojero, que poco tiene de sentido territorial y mucho de inversores oportunistas.

Tal como hemos remarcado muchas veces desde estas páginas, el concepto “Campo” fue secuestrado por un grupo de presión ocupado de intereses económicos pero a los que poco le importa el desarrollo rural y menos aún el resto de las cadenas de valor agropecuaria que se extienden a lo largo y a lo ancho de la rica pampa húmeda, abarcando a cada provincia del país.

Tras el anuncio de la asamblea legislativa, Alberto Fernández dejó en claro que dará un lugar de importancia al extractivismo minero e hidrocarburífero, sin mencionar a la agricultura extractiva, pero tratando de acompañar a ese sector del campo, con el objetivo claro de obtener divisas rápidamente para apuntalar la economía despedazada tras los cuatro años de Macri y compañía.

Seguramente sin buscarlo en forma directa, el gobierno le quita a la soja y no así al trigo, maíz y girasol.

Esto abre una perspectiva (sólo perspectiva), que debiera afianzarse hacia un verdadero cambio de modelo con la transformación de granos en carne aportando al tan declamado valor agregado.

Pensar en valor agregado, crecimiento de las economías regionales extrapampeanas, podría llevar a la idea preferencial de dotar de infraestructura a la ruralidad y de ese modo pensar otro interior profundo con mayor federalismo y por cierto equidad.

El que haya comenzado al menos a hablarse de “ferrocarril” sin que resulte una mala palabra en algunos ámbitos políticos, despierta la posibilidad de creer en otro país. ¿Será?

 

OTRO MUNDO

El daño causado por la sojización al entramado rural es inadmisible y resulta aterrador si le sumamos la contaminación y la destrucción de biodiversidad.

Por ese motivo, es que no habrá paz social hasta tanto no queden definidos los ejes de una nueva política que entienda al agro como una multirruralidad.

El investigador del CONICET, Santiago Gómez Lende, considera que el modelo sojero en la Argentina, desatado a partir de 1996, es un claro caso de “acumulación por desposesión”.

“El boom de la soja transgénica diseña un territorio de las verticalidades, el cual se superpone al espacio nacional y lo impregna con atributos como la mundialización del capital, la producción globalizada, las actividades modernas y las normas internacionales”, resume.

Apunta el especialista que a la luz de las categorías y variables de análisis propuestas por David Harvey (El nuevo imperialismo, 2004), el modelo sojero que desde mediados de la década de 1990 reina en la Argentina se revela, de principio a fin, como una de las formas más acabadas, integrales, perfeccionadas y exhaustivas de acumulación por desposesión.

En este sentido, Gómez Lende se refiere a algo que no es materia de debate en las entidades agrarias y aparece como invisibilizado por las bases que creen tener voz, pero no la tienen y son las diversas variables que operan y que van desde el endeudamiento financiero y las nuevas prácticas de arrendamiento ligadas a los pools de siembra, hasta los conflictos sociales relacionados con la tenencia, uso y control del territorio.

Dice el autor que “los derechos históricamente adquiridos por el campesinado y los aborígenes son avasallados por la usurpación de la tierra y la expulsión de sus legítimos propietarios a través de un amplio acervo de mecanismos de coerción y prácticas espurias, que va desde la violencia simbólica de normas tanto jurídicas cuanto ilegales hasta formas más explícitas y agresivas de expropiación, como desmontes, desalojos, amedrentamiento y para-militarización. Siempre legitimados (por acción u omisión) por el Estado, los nuevos cercamientos ligados al avance de la frontera sojera suponen una continuidad de los procesos pretéritos de conquista y apropiación privada del territorio nacional, repitiendo -en los fenómenos de expropiación, concentración y extranjerización de la tierra- uno de los pecados originales responsables por la acumulación primitiva”.

¿Y EL HÁBITAT?

Conforme la mercantilización de la naturaleza avanza sin pausa, la degradación del hábitat alcanza su punto más caliente  deforestación de los bosques nativos. Esta es llevada a cabo tanto en la zona-núcleo como en las áreas marginales del norte del país, en aras de liberar tierras fértiles para el monocultivo sojero.

A raíz de la fiebre oleaginosa, la expansión de la frontera agropecuaria y la valorización de la tierra, la tasa anual de desmonte en la Argentina se sitúa muy por encima del promedio mundial. Existe fuerte correlación empírica entre el auge sojero y la destrucción de bosques, sobre todo en provincias como Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Córdoba.

Como resultado, se asiste a la reproducción de una masa marginal de campesinos y aborígenes que, brutalmente desposeídos de sus medios de subsistencia, son forzados a migrar compulsivamente hacia precarios asentamientos de la periferia urbana donde sufren las carencias más elementales.

Se observa, además, que una parte de la sociedad es despojada del derecho a la salud. Así lo revelan los innumerables casos de patologías graves registradas en los ‘pueblos fumigados’ -las localidades situadas en el área de influencia de los sembradíos transgénicos rociados con agrotóxicos en el cual no queda exento nuestro distrito.

“Ambos fenómenos configuran, sin duda, la cara más trágica y perversa del modelo sojero, y constituyen una prueba empírica irrefutable de que los usos modernos del territorio son irracionales para la mayor parte de la población”, remarca Gómez Lende.

Y agrega que “desde su mismo origen hasta la actualidad, la soja transgénica ha operado, además, como un mecanismo de pillaje de recursos genéticos, biopiratería y uso sesgado de la legislación internacional y los derechos privados de propiedad intelectual. Los mecanismos de subordinación en ese sentido utilizados son variados, a saber: la dependencia forzada del productor agrícola, que año tras año se ve obligado a adquirir los paquetes tecnológicos de las grandes corporaciones para permanecer en el modelo; los tratados internacionales, cuyo contenido es reconocido cuando beneficia a las grandes empresas, pero se convierte en letra muerta a la hora de proteger los derechos universales de los agricultores locales; y los sistemas de pago de regalías y otras acciones extorsivas, formas ilegales de acumulación por desposesión que tienden a destruir antiquísimas prácticas responsables por la rica diversidad genética agrícola”.