El Decreto 716/2020 por el cual se reduce el monto de la coparticipación federal de recursos fiscales (ley 23.548) recibida por el  Distrito CABA, del 3,50% al 2,32%, o sea con una quita de 1,18% que representa un monto actual de $35.000 millones de pesos y que será transferido a la Provincia de Buenos Aires con el objeto de solucionar el conflicto con su personal policial, admite lecturas jurídicas, financieras, históricas y políticas, pero, en mi opinión, éstas dos últimas son las más relevantes.

Para empezar un poco de historia. En el año 2014 aquejado por una crisis de seguridad  que impactaba en su nivel de popularidad, el entonces gobernador Scioli, (que tenía serias aspiraciones a ser el próximo candidato a presidente del oficialismo, como de hecho lo fue en 2015), decidió incrementar la dotación del personal policial de 40.000 a 90.000 efectivos, es decir, de un plumazo 50.000 policías más, con los enormes gastos de sueldo, equipamiento, etc., que ello supone. ¿Cómo se iba a financiar semejante medida? Con los recursos generales de la Provincia de Buenos Aires, lo que suponía que habría de incrementar su ya por entonces significativo déficit, pero esto no pareció preocupar demasiado a Daniel Scioli, que ya en plena campaña en 2015 prometió tomar otros 100.000 policías más.

En el año 2016 el Presidente Macri firmó el convenio por el que transfirió a la ciudad de Buenos Aires la policía federal, unos 17 a 20 mil agentes que ya estaban asignados a nuestra capital y a continuación sancionó el Dto.194/2016 por el cual aumentó la coparticipación de la ciudad al 3,75% (que después, en 2018, se redujo a 3,50%) para que CABA, que recibía la nueva fuerza, tuviera nuevos recursos para solventarla.

El 4 Septiembre 2020 los argentinos nos desayunamos con la noticia de que, después de negar reiteradamente que hubieran problemas de inseguridad,  el presidente Fernández lanzó un megaplan de seguridad con un costo de $38.000 millones denominado Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano. El plan incluye más policías, vehículos, gendarmes, nuevas cárceles, paradas seguras y reforma de comisarías; prevé la formación de 10.000 nuevos policías en 18 meses y el despliegue  de 3.957 integrantes de las fuerzas federales más en el GBA.

Sin embargo, apenas unos días después, y sin que los organismos de inteligencia del Estado tomaran notan de lo que podía ocurrir, la policía de la Provincia de Buenos Aires inició un ruidosa protesta en diversos puntos de la geografía bonaerense, y hasta rodearon la quinta presidencial de Olivos pidiendo mejoras de sus ingresos salariales, reconocidamente magros.

El gobernador Kiciloff, responsable del área, sólo atinó a pedir ayuda al presidente Fernández y éste no tuvo mejor ocurrencia que decir que lo que pedía la policía de la provincia era razonable y merecía un ajuste (que hasta ese momento no figuraba para nada en sus planes), de manera que decidió quitarle los fondos necesarios a la ciudad de Buenos Aires por considerar que ese distrito disponía de muchos recursos.

Hasta acá un relato de hechos que pueden dar lugar a numerosas lecturas, pero que por ahora nos vamos a limitar a exponer algunas.

¿Cómo es posible que una semana antes el Gobierno estaba soñando con hacer un megaplan de seguridad que iba a salir 38.000 millones de pesos (sin ningún mísero peso de aumento a la policía bonaerense) y una semana después se dan cuenta que sus salarios son miserables y que para mejorarlos le tienen que quitar la plata a otro estado? La verdad, ¿en qué estaban pensando?

Pero, además de lo sorpresivo y brutal de la medida, ¿en dónde queda el declamado federalismo de un gobierno, que de un modo tan unitario y absolutista decide meterle la manos en los bolsillos de los porteños para darle dinero a los bonaerenses.

Con ese criterio, mañana, ante una supuesta emergencia económica de una provincia amiga, que bien podría ser Santa Cruz, le podrían manotear recursos a Mendoza, Corrientes, Jujuy, que son provincia gobernadas por otras fuerzas políticas y ¿por qué no, una vez más recortarle los ingresos a la ciudad de Buenos Aires?

Este tipo de medidas constituye un atropello al federalismo y está exactamente en las antípodas de la organización federal que prevé para nuestro pueblo el art. 1 y ss. de la Constitución Nacional de la República Argentina y demuestra que el barco de la nación no está en manos de un timonel experto, sino librado a los vientos, que, como es sabido, nunca soplan favorables, cuando se desconoce a qué puerto nos dirigimos (Seneca).

 

(*) Presidente del MID.