En un conflicto que tiene en vilo a los agentes de la Policía Federal desde hace, por lo menos, un año. La obra social de la fuerza más numerosa del país continúa sin brindar los servicios por los que cobra. Según supo REALPOLITIK, el brete incluye una considerable deuda a sus principales prestadores.

Aquellos que pueden, optaron por otra. El propio jefe de la fuerza federal, Juan Carlos Hernández, utilizó sus más de 330 mil pesos de sueldo para pagarse una obra social que en el 2018 le costó, en promedio, 24 mil pesos mensuales, según consta en su última declaración jurada.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, optó por la obra social de Comisarios Navales, que paga con su salario de 312.646 pesos mensuales. Lejos, muy lejos, de lo que cobra un policía federal en promedio.

Tampoco la eligió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien utiliza su salario presidencial de 354 mil pesos para pagar la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz.

Los conflictos legales de la obra social de la Policía Federal no son nuevos. Ya en el 2019 fue llevada a la Justicia. En aquella ocasión, un grupo de damnificados se presentaron ante la defensoría del juzgado federal de Junín, donde se resolvió intimar a la obra social a reiniciar las prestaciones de manera inmediata. Sin embargo, aún sigue cortada.

En estos momentos, el organismo tendría sus servicios cortados en la mayor parte del interior del país. A pesar de que la Policía Federal cuenta con una Superintendencia de Bienestar encargada de garantizar a todos los integrantes de la fuerza y a sus familiares la prestación de servicios sociales y asistenciales, poco y nada se ha hecho desde el organismo para regularizar la situación.