A través de su director regional Hernán Trebino, el INTA Pergamino le pidió al juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, quedar exceptuado de la medida cautelar que, gracias al reclamo de los vecinos y las pruebas constatadas, había prohibido las aplicaciones terrestres con agrotóxicos hasta 1095 metros y las aéreas hasta 3000 respecto a los sitios poblados.

Bajo esta concepción el organismo nacional que debiera bregar por la salud de la tierra, se suma a una campaña a favor del uso indiscriminado de agroquímicos, la devaluación de la biodiversidad, la pérdida de fertilidad de los suelos y la vulnerabilidad del productor de la pampa húmeda que queda a merced de tres o cuatro corporaciones mundiales que gobiernan sobre las semillas.

Llama la atención que el organismo nacional se haya quedado sin ideas o desestime trabajos de sus propios especialistas en materia de prácticas agronómicas que no contaminen y sólo base sus argumentos en un perfil monetario.

 “Una entidad que debe ser el ejemplo y que debe orientar sus políticas agrícolas en base al bien común convirtió su predio en una gran parcela rural del agronegocio devenida en un foco de contaminación para toda la población de Pergamino”, se quejó la organización ambientalista Naturaleza de Derechos.

El pedido de Trebino, hace hincapié en que la medida cautelar dispuesta por el magistrado en el año 2019 no les permitió “realizar acciones de manejo agronómico concretas para evitar daños significativos producidos por malezas, plagas y enfermedades en los cultivos implantados en áreas afectadas por la cautelar”, lo que le generó a los recursos administrados por la Asociación Cooperadora de la Experimental Agropecuaria Pergamino “una disminución en los ingresos estimada en unos nueve millones de pesos”.

La medida impuesta por el juez Villafuerte Ruzo, confirmada en octubre pasado por la Cámara Federal de Rosario y apelada por el Municipio de Pergamino, es consecuencia de las denuncias que, desde 2011, viene realizando Sabrina Ortiz, abogada querellante en la causa e integrante de Naturaleza de Derechos, a quien las fumigaciones le provocaron dos ACV isquémicos, la pérdida de un embarazo y la presencia en el cuerpo (y también en el de sus hijos) de glifosato y otros insecticidas en cantidades intolerables.

En su edición del 31 de octubre pasado, SEMANARIO planteó la falta de compromiso político de los legisladores para prohibir las fumigaciones en cercanías de los pueblos del distrito (https://semanariodejunin.com.ar/nota/14881/fumigaciones-la-usurpacion-silenciosa/), habiéndose constatado las quejas de vecinos, debido a los daños causados en sus especies arbóreas y vegetales, además de otros a la salud que se traducen en alergias y afecciones respiratorias, lo cual constituye una virtual “usurpación silenciosa” de los espacios privados.