domingo 24 de enero de 2021

LOCALES | 27 nov 2020

Editorial

¿Educar para qué?

Resulta para algunos sectores una pregunta incómoda, porque presupone una revolución en el statu quo, que trata de mantener privilegios disfrazados de valores.


Las palabras de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, denigrando la humanidad y capacidad de aquellos docentes que no forman parte de los paradigmas del capitalismo salvaje que propugnan desde su espacio político, es otra muestra más del peligro que entraña una escuela que educa para la uniformidad de ideas que estén en consonancia con lo que desean los sectores más poderosos, que incluyen –principalmente- a las corporaciones comerciales y religiosas.

¿Educar para qué? resulta para algunos sectores una pregunta incómoda, porque presupone una revolución en el statu quo, que trata de mantener privilegios disfrazados de valores.

Aún en la era de los avances tecnológicos a ultranza, muchos padres y personas encargadas de educar niños piensan todavía que el castigo físico y las agresiones verbales son necesarios para ello y por más que se trate de un tema tabú, el reflejo de la sociedad adulta actual deja al desnudo ese triste encanto por la violencia intra y extra familiar.

Las manifestaciones de la funcionaria para con los docentes también es una muestra de que la violencia es violencia, más allá de las máscaras que algunos gusten ponerle.

El dilema educativo consiste en que la obediencia deja de lado la libertad de pensar y mientras por un lado queremos que los niños sean obedientes, por otro lado, queremos que piensen. Por lo general, la comunidad educativa se ve envuelta en un laberinto en el cual tratan de convivir sin lograrlo, la disciplina rígida que culturalmente sirvió para someter a los menos instruidos con la disciplina positiva que se asienta en bases democráticas, donde las normas no son impuestas sino consensuadas y acordadas, donde se escucha la opinión del niño y donde hay un intercambio de confianzas, para poder llegar al pensamiento crítico, en el que el educando no dependa de la opinión externa, sino de la propia.

Creer que el mundo no padece estas mismas miserias y que tienen resuelto el tema educativo es otra de las falacias que se intenta transmitir a diario.

Por estas horas, España transita una de sus peores grietas en esta materia a partir de la aprobación parlamentaria de la reforma educativa, también conocida como “Ley Celaá”.

La futura ley parte de cuyo contenido se quiere ya aplicar en el curso 2021-2022, contiene medidas para convertir la repetición de curso en algo “excepcional” y para aumentar el porcentaje de alumnos que logra un título y prosigue estudios, tanto en la educación obligatoria (primaria) como en la secundaria.

Impone, además, que las evaluaciones en primaria se harán cada dos años y permite promocionar en la secundaria sin límite de previas siempre que lo acuerde el equipo docente.

Pone límites a la educación privada: ya no se cederán terrenos públicos para estos colegios, se potenciará la creación de vacantes públicas y se controlará la exigencia de cuotas obligatorias.

La norma elimina el calificativo del castellano como lengua “vehicular” de la enseñanza; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; y tanto en primaria como en secundaria habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia: Educación en Valores Cívicos y Éticos, con el objetivo de defender la democracia.

La “Historia de la Filosofía” volverá a ser obligatoria y en un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado.

Además, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, y se impulsará el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

A partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno hará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo a la profesional docente y los maestros y profesores que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento podrán ser removidos de su cargo.

Por tanto, quien crea que en educación está todo dicho, corre el riesgo de caer en ideas impuestas desde antaño, que buscaban precisamente eso: que nadie discuta lo ya instaurado y tampoco se pregunte ¿educar para qué?

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