El Ministerio de Trabajo dio curso al pedido que hicieron las empresas periodísticas Pincen S.C.P.A., dueña de LT20 Radio Junín, y el Diario La Verdad, propiedad del Arzobispado de Mercedes-Luján, de entrar en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC): fue el pasado jueves 14 de enero en una audiencia de conciliación virtual de la que participaron representantes empresariales y de los trabajadores, encabezados por la Asociación de Periodistas del Noroeste Bonaerense (APENOBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA).

Esta herramienta, que utilizan las compañías ante situaciones adversas y cuyo uso se duplicó durante el macrismo, está en la ley de empleo sancionada en 1991 e implica que la empresa que quiera efectuar despidos o suspensiones tiene que realizar un procedimiento especial ante el ministerio de Trabajo.

Más allá de las alternativas que se abren frente a la crisis planteada, participantes de la reunión confiaron a Semanario que Trabajo exhortó al multimedios eclesiástico a defender los puestos de trabajo y a pensar en una reorganización sustentable.

“Ambas empresas periodísticas pretenden despedir personal en algunas secciones, y por otra parte reducir los sueldos de los asalariados que sigan cumpliendo con la actividad”, destacaron desde la FATPREN.

En rigor, el planteo del PPC fue rechazado de plano por el sector de los trabajadores en su conjunto. "Se dejó en claro que las acciones propuestas por la empresa son absolutamente repudiables en el momento socioeconómico que vive el país porque además violan los decretos y leyes vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria", remarcaron los representantes gremiales.

“No vamos a permitir que se vulnere ningún derecho consagrado por los trabajadores, bajo ningún punto de vista, pero vamos a acompañar a la empresa si realmente demuestra que está atravesando una crisis”, señaló Alberto Carreras, secretario General de APENOBA.

La empresa, por su parte, sostiene que desde hace años viene sobrellevando una situación de crisis que se agravó por el contexto de pandemia y se vio obligada a presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis que, entre otras acciones, contempla la desvinculación de un número importante de trabajadores de ambos medios.

“Enterados que La Verdad y Radio Junín iban a hacer uso de esta herramienta comenzamos a averiguar cuáles eran las pretensiones de la empresa y corroboramos que el plan contemplaba despidos, suspensiones, reducción salarial y otras cuestiones que avasallan los derechos de los trabajadores”, agregó Carreras.  

“Semanas atrás, la FATPREN se puso en contacto con nosotros y nos informó que el sindicato había sido convocado a la audiencia de conciliación. En dicha reunión -virtual- las empresas no hablaron ni de despidos ni de suspensiones, sino que solo se refirieron a la posibilidad de suspender el pago de los aportes, con nombres propios incluidos. A nosotros nos interesan los trabajadores, más allá de los nombres, aun de aquellos que estarían de acuerdo con una cierta flexibilización laboral. Esos son los lineamientos que nosotros mantenemos, al igual que el gremio de los trabajadores gráficos”, sentenció ‘Beto’ Carreras.

En el intercambio de posiciones, La Verdad y PINCEN replantearon la decisión y propusieron retirar el PPC para generar "un marco de diálogo que intente resolver mediante algún tipo de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del sector una solución al momento que se está atravesando".

Desde el sindicato de trabajadores de prensa (FATPREN) manifestaron estar dispuestos al "diálogo siempre y cuando no se produzcan despidos ni se afecte el bolsillo de los trabajadores con ninguna disminución de salarios".

Asimismo, y en función del cambio de posición por parte de la empresa, la dirigencia de prensa nacional reclamó "el respeto a las condiciones laborales, obligaciones salariales y aportes por parte de la empresa".

Pasos a seguir. Consultado sobre las futuras instancias de diálogo, el dirigente gremial Alberto Carreras explicó que “se propuso armar una mesa de diálogo. Estamos esperando que desde la Secretaría de Trabajo nos envíen las bases de la próxima convocatoria, a sabiendas de que nuestra posición es clara: APENOBA no va a consentir ninguna flexibilización de los derechos de los trabajadores”.

QUE ES EL PPC

Se trata de un proceso de negociación, nacido en 1991, en el que participa el sindicato, la empresa y el Estado (nacional o provincial) con el objeto de procurar llegar a un acuerdo de cómo aplicar suspensiones o despidos. Si bien la finalidad es precisamente procurar llegar a un acuerdo entre las partes para su posterior homologación, también tiene por objeto habilitar al empleador a aplicar las medidas. Por otro lado, si media un acuerdo y es homologado, nada impide de que el trabajador afectado recurra a la justicia. El PPC concluido, con o sin acuerdo, provoca que el empleador quede habilitado formalmente, pero ello no obsta que uno o varios trabajadores recurran a la instancia judicial, donde el empleador deberá acreditar la crisis, su magnitud y la razonabilidad de la medida aplicada.

Por otro lado, si hay acuerdo, y dado que la naturaleza jurídica de este acuerdo, es asimilable a la de un convenio colectivo de trabajo de empresas, se requiere que, además del sindicato, el mismo esté firmado por hasta cuatro delegados de la empresa (art. 17 Ley 14.250).