lunes 01 de marzo de 2021

LOCALES | 17 feb 2021

FEMICIDIO DE URSULA BAHILLO

Justicia machirula

Otro femicidio conmociona a la región. Ocurrió en Rojas, dependiente de la departamental judicial Junín, desbaratada de fiscales que trabajen e investiguen, producto de la desidia del Procurador bonaerense Julio Conte Grand. Un sistema contaminado desde hace décadas y avalado por una corporación mercantilizada.


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Por: Redacción Semanario

Parte de la policía que trabaja de modo corporativo “defendiendo” a los suyos, funcionarios del Poder Judicial que no funcionan, justicia mercantilista con abogados pauperizados y sociedad violentada y violenta.

Un mix que hace presión y termina explotando.

Matías Ezequiel Martínez, el policía detenido acusado del femicidio de su ex novia, Úrsula Bahillo, en Rojas tenía –dicen- 18 denuncias por violencia, perimetrales para protección de sus víctimas y un prontuario mayúsculo. También había otros dos sumarios por las denuncias por violencia durante el noviazgo presentada por una ex pareja.

Como si fuera poco sumaba tres sumarios en curso en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Uno de ellos era por amenazar a una mujer que era su superior en la Bonaerense.

Según Telam “en el sumario administrativo 1050-47478/519 se detalla que el personal de la Estación de la Policía Comunal de Rojas había denunciado a Martínez por haber amenazado telefónicamente a una superior cuando se le informó un posible traslado".

Ante ese hecho, Matías Ezequiel Martínez, según consta en el sumario, dijo: "Si me trasladan tiro una bomba."

En agosto de 2020, la junta médica de San Nicolás le dio "tareas no operativas con retiro de arma" y a partir de ahí fue renovando sus licencias médicas.

El 7 de enero, la misma junta médica le otorgó a Martínez "30 días de reposo ambulatorio terapéutico", sin arma y sin trabajar. Terminó matando a Úrsula a cuchilladas.

Las estadísticas del 2021 respecto a femicidios en el país siguen siendo escandalosas. Muere una mujer cada 23 horas y a pesar de las “medidas preventivas” que emanan de la Justicia, nadie frena a los femicidas.

Matías Martínez, imputado por el crimen de Úrsula, fue alojado en la UP 49 de Junín.

 

JUSTICIA MACHIRULA

La justicia bonaerense no puede desembarazarse de su impronta “machirula”, el término que acuñó la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, al referirse al patriarcado.

Si la Justicia no funciona y la seguridad no cumple sus tareas, el resultado es el observado: la violencia contra las mujeres.

A la ineficiencia policial a la hora de atender violencia de género, se le suma la desidia de los funcionarios judiciales de atender la eficiencia de los juzgados, una deuda de la “República” que muchos de éstos suelen sacralizar.

Pero la “corporación” parece escudarse en el silencio y los colegios de abogados hacen “mutis por el foro” acunando en su regazo el desmadre del sistema que debieran proteger.

Nadie habla, por ejemplo, del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, que parece haber entrado en un sopor funcional, dejando devastadas las fiscalías que esperan nuevos funcionarios y que son las herramientas necesarias para investigar los hechos y promover una justicia menos burda.

El funcionario es parte de la obsolescencia del sistema bonaerense, que en el Departamento Judicial de Junín tiene sobrecargada la tarea fiscal por la falta de los reemplazos de retirados y jubilados, lo que ha llevado además a que la falta de capacitación en el tema de violencia de género por parte de los actuantes, se traslade de forma horizontal a todos los demás distritos y la departamental muestre la evidente falta de celeridad para salvar vidas de mujeres amenazadas.

En ese marco, Conte Grand deja de lado la Justicia para que, junto a algunos de sus laderos, como el caso del Fiscal General de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, se aboquen a la política partidaria antes que a las leyes y al funcionamiento de la Justicia, que serían en verdad, sus funciones. Algo que ha sido denunciado por SEMANARIO en reiteradas oportunidades.

Por lo que se convierten en parte responsable de la pueblada en Rojas que terminó en represión policial y rompió la paz social del distrito, como se rompe en cada uno de éstos cuando un hecho de estas características acontece, precisamente porque los problemas se tapan hasta hacer eclosión y terminan explotando, causando cada vez daños más graves.

¿POR QUÉ PASAN ESTAS COSAS?

La pregunta, que se repite una y otra vez ante los femicidios y sus circunstancias es: ¿por qué pasan estas cosas? A pesar de las advertencias, de las leyes, de las campañas, de las promesas.

SEMANARIO invitó a reflexionar al respecto a la abogada Rosana Albisini, una de las creadoras de la Asociación de Mujeres Autoconvocadas (A.M.A.), en la ciudad de Colón, distrito vecino a Rojas, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Junín.

Rosana Albisini (abogada), una de las creadoras de la Asociación de Mujeres Autoconvocadas (A.M.A.), en la ciudad de Colón.

-¿Cómo reaccionar ante estas cosas?

-Primero hay que salir de la conmoción que nos atraviesa cuando se registra un femicidio, pero además hay que seguir conviviendo con las conductas violentas de los varones diariamente. Lo cual implica que vivís en estado de conmoción.

Necesitamos salir y actuar, pero en todos los momentos, porque si no parece que reaccionamos por estertores cada vez que ocurre un femicidio y barajamos y volvemos a dar. Es un eterno retorno.

-¿Qué pasa con las cadenas de responsabilidades?

-Nosotras desde la colectiva y el activismo decimos que “el Estado es responsable” y pensando en las implicancias de cada concepto como “Estado” o “Nación” o “Pueblo”, el tema es: quiénes lo conformamos. Hay un Estado y tres poderes que tienen responsabilidades, pero además hay un conjunto social del cual formamos parte todas las personas en los distintos ámbitos.

Todos transitamos por el estadío de lo público y de lo privado, no hay modo de no pasar por sobre eso.

Lo que yo reflexionaba saliendo del aturdimiento de este caso es qué podemos aportar. Pero hay que dar una respuesta a las víctimas “en el día de ayer” y eso se lo reclamamos al Estado.

Ahora bien, hay una parte que me perturba y es que se quiere poner el ojo solamente en determinadas instituciones. Hay quienes vienen estudiando la problemática de la (policía) Bonaerense y la de otras provincias. Pero poner la responsabilidad sólo ahí es atribuirle una función que no le es exclusiva.

Por eso en estos días trato de analizar -junto a otros colegas profesionales de la abogacía- el caso de Úrsula como para sacar afuera esta bronca que nos nace y necesitamos procesarla de algún modo.

-¿Y cómo hacerlo?

-Por ejemplo, según la prensa, Úrsula hizo una cantidad determinada de denuncias antes de su muerte, pero ¿quién estuvo al lado de ella en cada denuncia?

En particular, en los Juzgados de Paz en la provincia de Buenos Aires que están en cada localidad hay un listado de oficio que es el de defensores y defensoras para las personas víctimas de violencia que no tienen recursos para pagar un patrocinio privado. Te puedo asegurar que un porcentaje altísimo de profesionales no tiene formación en temas de género. Este recurso de la defensoría está formado por la asesoría de incapaces que atiende a la niñez y la defensoría de pobres y ausentes que debería haber atendido a Úrsula porque tiene que haber un profesional que motorice las denuncias.

Entonces no le resto responsabilidades al Estado y los Juzgados de Paz, no le resto responsabilidades a las comisarías de Seguridad ni a las de la Mujer y la Familia, pero nadie está hablando de estos temas.

-¿Hay falta de difusión respecto a las herramientas que presta (o no) la Justicia?

-Si, falta difusión, pero también hay intereses económicos. Hay una cantidad de matriculados y matriculadas, incluso puedo contar mi experiencia porque he formado parte de las listas de abogados de oficio. Un JUS, por ejemplo, es una medida de valor que fija la Suprema Corte Bonaerense y que vale 2180 pesos y los juzgados de Paz regulan los honorarios con estos JUS.

Esto significa un ingreso económico para abogadas y abogados en una profesión que está pauperizada y en un ámbito en el que por lo general las mujeres víctimas de violencia no pueden pagarte honorarios de su bolsillo y entonces tenés que esperar quizás cinco años para cobrar un juicio por violencia y sabés que la víctima no te los podrá pagar aunque quizás sean 10 JUS (22 mil pesos) por los cuales, hubo que trabajar cinco años.

Entonces digo, que hay una parte corporativa que no está estudiada, pero en la que nadie quiere meter mano. Es cierto que hay que cuidar el trabajo de colegas en los pueblos, pero estas cosas no se hablan en los colegios de abogacía como el mío (Colegio de Abogados de Junín) donde todavía estoy esperando que sancionen a dos abogados de Junín por conductas “machirulas” en un juicio penal. Entonces, la verdad es que nadie va a litigar en estos casos, porque no interesa ni es rentable, salvo –eso sí- para abogados y abogadas que litigan a favor de varones con conducta violenta para los que sí hay plata.

Entonces, cuando hablamos de Estado tenemos que ver la responsabilidad de cada sector. De hecho, me resisto a creer que la policía, la “yuta” como dicen las pibas, sea todo lo mismo. Y si digo que es todo lo mismo no tengo salida y necesito una salida.

-¿Hay salida?

-Si no tengo salida soy funcional al sistema patriarcal. Le es funcional que “rompamos todo” y si rompo todo ¿qué estoy diciendo? Que el sistema no funciona y no me cabe duda, pero tampoco quiero ir por fuera del sistema. Para eso tendría que colgar mi título de abogada, yo soy auxiliar de Justicia y tendría que dedicarme a otras actividades en las que, no obstante, también me cabría el sayo. Porque el tema de la violencia es un tema de salud pública.

Llegamos siempre para el final y no nos damos cuenta que nos quieren transformar en insumos. ¿A quién le interesó esto? ¿A quién le interesó antes Rojas, Colón, Salto o Ramallo? Sólo interesa cuando nos transformamos en insumos y me niego a eso.

-¿El “rompan todo” no termina devaluando la causa por la que se lucha?

-Es lo que sale de lo visceral.

-Claro, pero sirve de argumento crítico a la comunidad patriarcal y termina siendo una trampa

-Exacto, es una trampa, no me cabe ninguna duda, pero aun siendo una trampa a veces no queda otra solución. Lo que analizamos con las poquitas compañeras que nos quedan en Colón, es tratar de conocer la saga que queda de las dictaduras en los pequeños pueblos. Antes nos desaparecían a las mujeres, desaparecían a la niñez y hay muchos “secretos” guardados en nuestras localidades, escondidos aún en los procesos democráticos. Porque nos conocemos todos.

Por eso no podemos caer en el error de simplificar tanto, porque sabemos adónde nos llevan las respuestas simples.

La bronca apacigua. Cuando hay una violación, un abuso, un maltrato, decís “y si, salgo y rompo todo, que nadie toque a los míos”. Pero después el lunes tratás de convertir eso en otra cosa. Y todavía no sabemos en qué.

¿Hay responsables? No me cabe ninguna duda ¿Fallaron todas las alertas? Si. Ahora bien ¿cómo lo reclamamos? Yo dejo la pregunta porque la verdad es que no tenemos una respuesta.

-Esa es la pregunta que en verdad esperaba que me contestara

-Lamento decirte que no tengo respuestas más que parciales. De todos modos, lo que me preocupa es el por qué voy a tener un resultado distinto si las respuestas que recibo después de 10 años de trabajar en violencia, siguen siendo las mismas. Entonces vamos a estar pedaleando en el aire.

-¿Hay opciones para mejorar la Justicia?

-Claro que las hay, pero exigen imaginación y hoy, en los juzgados de Paz no tienen siquiera tiempo material y no salgo en defensa de ellos, que cada quien defienda lo suyo. Tampoco tienen equipo para tratar estos casos, es mentira que lo tienen. Circulan profesionales de un distrito a otro.

Pasa que hoy cuando hacés un planteo en la Justicia, el juez o la jueza te dice: “No tengo respuestas para vos”. Y eso es inaceptable, pero tienen el sistema abarrotado.

Sin embargo, lo que queda claro y por eso denuncié a un juez de Chacabuco y la Corte le hizo un llamado de atención diciéndole que en los casos de violencia se requiere celeridad. Eso es control disciplinario.

-Pareciera que además hay una responsabilidad institucional de los propios abogados y abogadas que, a través del colegio que los agrupa, no hacen los debidos reclamos al Estado para que la Justicia funcione como se debe.

-No te quepa ninguna duda. Y es un tema que no se está dando. De hecho hace un par de días reenviamos al Ministerio de las Mujeres la propuesta para los Juzgados de Paz, que ya le habíamos llevado al Congreso de las Mujeres en Chapadmalal, antes de la pandemia. El sistema integrado provincial tenía una herramienta que era una mesa local en las distintas localidades para sentarse y plantear los temas de violencia y podía participar cualquier institución intermedia: clubes, mutuales, hospitales, clínicas, servicios profesionales, los juzgados, las defensorías. Todo.

Una mesa para sentarse y charlar ¿qué pasó en Colón? Se politizó y convirtió en una herramienta únicamente del municipio.

Todo esto es parte del sostenimiento que hacen de muchos varones denunciados como nos ha pasado con el caso del ex Director de Obras Sanitarias de Colón, acusado de abuso y que falleció el 18 de diciembre del año pasado y que la víctima del hecho hoy siente alivio, después de 9 años, de que no se lo va a cruzar nunca más en la calle.

En los municipios vemos a los intendentes rodeados de gente que dice trabajar en temas de violencia de género, pero los que conocemos del tema no estamos. No porque necesitemos estar nosotras, sino porque se necesita que estén nuestros trabajos.

-¿Y cómo se sale de esta situación?

-Volviendo a releer lo que ya está. Hay mucho diagnóstico e investigación. No podemos dejar de seguir debatiendo.

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