Por: Redacción Semanario

Pablo Petrecca lo hizo de nuevo: tomar un tema serio para banalizarlo con un discurso vacío de argumentos, pero en este caso además guarda en sí riesgos de salud en perjuicio de una población que ya ha sido castigada en grado sumo por el Covid-19, alcanzando casi 200 víctimas fatales.

Flaco favor le ha hecho el intendente de Junín a la escuela, cuando cerró Casahuerta durante el gobierno macrista, subejecutó partidas destinadas a mejoras de infraestructura y servicios y, como se conoció ahora, quedó bajo sospecha de "baratear" las bolsas de alimentos que se entregaban a las familias de los alumnos y que eran pagadas con partidas del gobierno nacional.

Con claras intenciones políticas, Petrecca ha llamado a levantar firmas con los padres de los alumnos para la vuelta de la presencialidad a clases, algo que resulta un deseo de todos, pero lógicamente en condiciones sanitarias normales y que no son precisamente las que transcurrimos por estas horas.

DATOS QUE ALARMAN

Con singular desparpajo, el jefe comunal local que ha sido criticado desde todos los ángulos (más allá de las estadísticas que lo demuestran) respecto a su gestión frente a la pandemia, propone la presencialidad escolar como una cuestión de costo beneficio, cuando en realidad se trata de un hecho de características primordiales en el futuro de las familias.

SEMANARIO accedió al trabajo del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales a cargo de especialistas en educación y con datos conocidos acerca de la pandemia.

Puntualizan que nuestro país tiene 10.550.621 alumnos en la modalidad común (sin incluir el nivel superior no universitario), 107.470 alumnos en la modalidad especial y otros 1.376.000 en adultos incluyendo formación profesional y que en la presencialidad “vamos a sacar a la calle, con un escalonamiento simbólico de 15 minutos de demora en el ingreso a las escuelas o con una rotación mínima de días a 12.034.096 personas, y si sumamos el acompañante permitido para menores (solo hasta nivel primario y especial), hablamos de casi 20.000.000. Sumemos a las y los docentes y no docentes (1.300.000)”.

Conclusión: la vuelta a clases implica poner a circular por las calles a la mitad de la población del país.

Para llevar a cabo estas acciones, el gobierno deberá modificar su propia normativa anterior: la resolución del Consejo Federal N° 364/2020 promulgada el 27 de julio de 2020 donde se establecía que la presencialidad se retomaría solo cuando hubiera circulación mínima o nula del virus. Posteriormente, la Resolución CF Nº 370/20 fijó los criterios epidemiológicos de apertura. En rango medio, zonas con casos esporádicos/con transmisión local por conglomerados/brotes controlados, con un R, estable entre 0,80 a 1,20. Apenas La Rioja, Neuquén, Mendoza, Tucumán y Misiones, si obviamos el tránsito fluido con provincias donde la pandemia está desatada, podrían ubicarse en rango medio. Solo podrían realizar actividades no escolares y/o administrativas en burbujas de no más de diez personas.

De acuerdo a esa normativa Ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ni el norte del país casi completo, ni buena parte del sur podrían retomar actividades presenciales escolares.

Pero… apremiados por las críticas de la oposición, desde el gobierno nacional  se comprometieron a priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales incluso en caso de una segunda ola de casos. Ya ni hablemos de la tercera como la que transitan países como España.

Organismos como la UNESCO, el Banco Mundial y el BID advierten en distintos estudios sobre la profundización de la desigualdad educativa tras la pandemia. En particular, en aquellos países donde más de la mitad de los alumnos carecen de las herramientas digitales que garanticen la educación remota.

MAL MENOR

En ese contexto, reclaman a los gobiernos ante la posibilidad de una “generación perdida” entendiendo que “el riesgo de abrir las escuelas sería un mal menor”.

En lugar de garantizar lo necesario para conservar lo invaluable -la vida- los gobiernos concluyen “abramos las escuelas”.

Esos mismos organismos, advierten sobre la subvaloración de los niños como propagadores del virus. También que el nivel de registro de contagios en la población infantil no hace más que crecer, que fueron subregistrados enmascarados con otras enfermedades y que los casos infantiles superan el 11%.

Fue en el mes de agosto que la Universidad de Harvard empezó a reconocer el papel de los niños como propagadores, mucho antes de la aparición de las cepas británica y sudafricana. En enero de este año, un estudio en la revista The Lancet determinó que niños y adolescentes menores de 20 años presentaron un 58% más de probabilidad de contagiar a otras personas que los adultos mayores de 60 y que, los mayores de 10 años, contagian tanto como cualquier adulto. Pero también se contagian entre sí o enferman, tal como demuestran los números anteriores.

Además, las escuelas también contribuyen a la propagación de la enfermedad si ésta no fue controlada antes a nivel comunitario. Además, se demostró su papel en la propagación en las segundas olas.

Reino Unido evidenció que el cierre de colegios (que se produjo antes del confinamiento total) hizo caer la cantidad de casos. Por eso, Alemania se niega a abrir sus escuelas todavía. Aún allí donde está garantizada la infraestructura adecuada, se decidió cerrar escuelas para evitar el movimiento de personas.

Para De Luca “hay un espejo en el que podemos mirarnos, pero el gobierno de los Fernández no quiere hacerlo. Y, por el contrario, avanza en un camino que nos dirige hacia la muerte: abrir las escuelas y ver qué pasa como sugieren algunos estudios internacionales inaugurando así un experimento social que promete convertirse en un crimen social gigantesco”.