Hay quienes se presentan aún con vergüenza, la cara gacha, las manos apretadas. Pero también ya hay frentes bien altas que con voz firme reclaman su derecho. Las y los profesionales que forman los equipos de salud que se encargan de los abortos legales están viviendo situaciones que vinieron de la mano de la nueva ley. Y un hecho trascendente que -aseguran- lo cambia todo: no hay que indagar más a las mujeres como si fuera un interrogatorio judicial.

“La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública, el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Hoy venimos a reparar esto”, decía el 14 de enero Vilma Ibarra, emocionada hasta las lágrimas en el acto de promulgación de la ley. Ese día, la secretaria Legal y Técnica también decía; “El Estado contestaba con cárcel, ahora cambiamos este paradigma y el Estado va a recibir a las mujeres y las va a tratar con dignidad y con respeto”,

La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero. El 0800 222 3444 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva duplicó los llamados. Allí no sólo se pueden hacer consultas sino también denunciar si un centro de salud niega la atención. También hay un mail del ministerio: [email protected].

“Hay un aluvión de consultas, la demanda es muy importante. El 0800 está desbordado”, explica a Clarín Viviana Mazur, responsable del acceso a la ILE e IVE en la Ciudad de Buenos Aires.

“Entre quienes consultan también hay personas que no eran usuarias del sistema público, sino de prepagas y obras sociales, y que hasta antes de la ley resolvían estas cuestiones de forma particular”, cuenta esta médica que además forma parte de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (Redaas).

Se trata de una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina. Formada en 2011 -por iniciativa del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), a la que luego se sumó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, desde entonces acompañan y atienden a las mujeres en situaciones de aborto legal para garantizar que se cumpla este derecho.