Por: Redacción Semanario

En vísperas del 8M Día Internacional de la mujer, las mujeres y disidencias que integran la Asamblea Transfeminista de Junín realizaron una intervención con carteles y pancartas entre las calles Suiza y Larrea, lugar donde debería estar en funcionamiento el Hogar de protección integral para mujeres en situación de violencia.

La gestión actual, con el intendente Pablo Petrecca a la cabeza, y los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini y demás concejales del oficialismo local, recorrieron el predio hasta el hartazgo cuando eran épocas de promesas y fortalecimiento de una alianza que terminó en frustración.

La falta de capacidad y el desinterés por acordar los temas de género en la ciudad ha quedado al descubierto si se mira no sólo la consabida promesa sino también la falta de acciones.

El desprecio que demuestran hacia las políticas de género es directamente proporcional al espíritu patriarcal que domina sus intervenciones.

El refugio es necesario, ya que funcionará como instancia de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia y sus convivientes, que puedan ser objeto de situaciones de violencia y la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica y sexual. Pero sin acciones por parte de funcionarios comprometidos con la temática puede resultar inútil

Más aún, cuando al día de hoy no se ve tampoco el cumplimiento por parte del gobierno provincial que había sido remarcado a través de un decreto –el 178- del año pasado, firmado por Axel Kicillof promoviendo la finalización de estas casas de contención que quedaron abandonadas por la anterior gestión.

OLVIDADAS

La construcción de hogares fue una de las prioridades planteadas por el Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en su plan hasta 2019.

Sin embargo, hubo muy pocos avances concretos: se terminaron algunos, varios de los cuales venían de la gestión anterior de Cristina Fernández, y sólo hubo tres nuevos planificados de los 36 prometidos.

En 2018, un informe del sitio “Chequeado” destacaba que, sólo se hicieron nueve refugios, varios de los cuales todavía no estaban inaugurados o eran proyectos iniciados durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Sólo hubo tres nuevos planificados en la gestión de Mauricio Macri.

Realmente los refugios para mujeres víctimas de violencia de género son la única opción para quienes están en una situación desesperada, necesitan escapar de su hogar y no tienen a dónde ir. Es una solución temporal, que sirve en la urgencia.

La Red Nacional de Hogares de Protección Integral no llega al centenar de refugios.

Pero la situación varía mucho entre provincias y muchas de ellas no tienen siquiera uno.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de promover la igualdad de género y erradicar la violencia, elaboró en 2017 un plan para avanzar en la materia hasta 2019.

Una parte central de este plan consistía en la construcción de 36 hogares de protección integral a los que define como “dispositivos que actúan de modo transitorio como lugares de asistencia, protección y seguridad”. De los $750 millones que prevé el plan como presupuesto, $600 millones estaban destinados a la construcción de estos hogares, es decir el 80% de los fondos. La construcción quedó a cargo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación y no se cumplió.

A más de dos años de lanzado el plan, y a poco más de un año para su cierre, el Ministerio del Interior sólo tenía planificada la construcción de tres hogares, entre ellos el de Junín y no construyó ninguno. Los tres hogares –según Chequeado.com- eran además para La Plata y Quilmes -todos municipios gobernador por intendentes de Cambiemos-, con un presupuesto de $40 millones e iban terminarse en 2019. Algo que desde el orden local nadie reclamó a pesar de la falta de cumplimiento.

MAS VIOLENCIA SIN CONTENCIÓN

La violencia contra las mujeres empieza a ser una preocupación pública en la década de los ‘80, cuando las instituciones públicas y privadas toman conciencia de la magnitud del problema social que significaba que las mujeres sean violentadas en su propio hogar.

En esa década, las Naciones Unidas reconocieron a la violencia contra las mujeres como el crimen encubierto más numeroso del mundo.

En 1993, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos. La presión del movimiento de mujeres sobre los gobiernos logra, además, que se firmen algunos convenios y tratados que se convierten en instrumentos y acciones en contra de la violencia.

El reconocimiento de la problemática de la violencia sexual e intrafamiliar hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres ha significado un gran esfuerzo para las organizaciones y movimientos de la sociedad civil que durante años han debido.

ASUNTO PÚBLICO

Un informe de la asociación para refugiados ACNUR, indica claramente que: “La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto público, no privado”, por lo tanto, es necesario visibilizarla, desnaturalizarla e identificarla como una violación a los derechos humanos, la salud pública y la justicia social, e incluso han tenido que identificarla como un problema de seguridad ciudadana para sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la magnitud del problema.

La violencia es un problema de derechos humanos porque interrumpe el desarrollo integral de las personas, porque vulnera la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y porque atenta contra la vida, pues muchas mujeres -luego de vivir años en situaciones violentas- son asesinadas o ellas mismas se quitan la vida.

Es un problema de salud pública por su alta incidencia y porque afecta tanto a la salud física como a la salud emocional de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Es un problema de seguridad ciudadana porque el hogar se vuelve un espacio inseguro para las mujeres, sus hijos e hijas.

Muchos de estos menores se crían en ambientes violentos y crecen pensando que la violencia es una forma justificada de actuar.

Es un problema que afecta a la producción y al desarrollo de los países porque limita la participación política y comunitaria de las mujeres: la baja productividad de las empresas e instituciones, el ausentismo y la deserción escolar están directamente relacionados, en muchos casos, con la existencia de situaciones de violencia al interior de la familia.

Muchos seguramente se sorprenderían al saber cuántas mujeres juninenses padecen este tipo de problemáticas, pero son los funcionarios discapacitados en la temática sobre quienes recae la responsabilidad por no tomar las debidas decisiones que permitan ir revirtiendo el proceso enquistado en la sociedad.

La violencia afecta a todas las mujeres independientemente de su nivel socioeconómico o educativo; es una realidad que sobrepasa factores de clase, etnia, raza, edad, capacidad física, estado civil, religión o filiación política.

Para la ACNUR, “aún cuando en América Latina no existen indicadores específicos sobre los costos de la violencia en contra de las mujeres, estudios de todo tipo, han demostrado que la violencia afecta tanto el desarrollo individual de las mujeres y sus unidades familiares, así como a la sociedad civil y el Estado”.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia doméstica limita el ejercicio de derechos, la libertad y bienestar de las mujeres y de sus familias y, por tanto, limita directamente el bienestar de la comunidad e impide el ejercicio de la democracia.

Estos límites suponen costos económicos, sociales y políticos para todos los miembros de una nación.

MULTIFACÉTICO

En definitiva, la violencia afecta el bienestar, la seguridad, las posibilidades de educación y de desarrollo personal de miles de mujeres en todo el planeta. Es una amenaza a la vida y un obstáculo para el desarrollo pleno de las personas, pues se niega la posibilidad de construir capacidades para el disfrute de una vida productiva, segura y libre.

Se trata de una problemática multifacética que se incluye en las diversas áreas de un gobierno, por lo que un Estado que no invierte en la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres no tiene posibilidades reales de generar un desarrollo sostenible e integral de su sociedad y su economía.

Esta realidad afecta de manera más profunda a los países que no han alcanzado un crecimiento económico que satisfaga mínimamente las necesidades de supervivencia de su población.