La actual Ley de Biocombustibles 26.093 fue sancionada en abril 2006 y promulgada en mayo de ese año y vence el 12 de mayo de 2021.

El oficialismo propone una nueva ley en la cual se cambian los porcentajes de los cortes de los combustibles fósiles con bio vigentes en la actualidad, pero especialmente propondría beneficiar o priorizar a los productores PyMe y generar cupos prioritarios para el bioetanol de caña de azúcar. Hay sectores fabricantes que prefieren, con el apoyo de la oposición, mantener la ley vigente para dar suficiente tiempo para discutir los cambios que introduciría una nueva normativa.

De este modo, mientras el Frente de Todos pide regular a partir de mayo con nuevos valores tal como lo indica la ley, Juntos por el Cambio pretende postergar este modelo sin cambios durante otros cuatro años.

El borrador del proyecto oficialista propone llevar el actual corte de 10% de biodiésel en el diésel fósil a la mitad, 5%, y en el caso de la nafta que se corta con 12% de bioetanol, llevarlo al 10%.

De acuerdo con el portal especializado en agroindustria Agrofy News, el proyecto “distribuye el 6 % del cupo, a las empresas productoras de bioetanol a base de caña de azúcar; el 2,5 % a las PyMEs, Cooperativas de PyMEs y Asociaciones de éstas, productoras de bioetanol a base de maíz y el restante 1,5 % podrá ser adquirido por las empresas mezcladoras sin restricción de cupo y precio”.

Más allá de los aspectos políticos de la decisión, un análisis técnico lleva a preguntarse, en primera instancia, qué resultados ha dado la ley existente, y podría decirse que “muy buenos, ya que los biocombustibles no existían en 2006 en Argentina, y hoy hay más de 50 plantas productoras esparcidas en al menos 8 provincias”, afirma Rodolfo Fiadone, docente y consultor en temas logísticos para los sectores público y privado, con especialización en logística y sustentabilidad.

Para el especialista “la Ley permitió darle un uso alternativo a la producción de caña de azúcar, que estaba estancada, y ayudó a desplazar combustibles que se importaban (gasoil) cuando los precios del crudo tendieron a moverse en niveles altos”.

LA VIGENCIA

No obstante estos beneficios, la ley vence por su propia redacción, ya que en el artículo primero expresa que el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina “tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación”, es decir que se extingue en mayo de 2021 pero, además, ha pasado tiempo suficiente para considerar que los objetivos no pueden ser hoy los mismos ya que el contexto de las energías para el transporte es muy distinto.

Los valores de corte que están vigentes en la actualidad son los que marcaba la Ley de 2006, modificados con sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía a las que se suma el Decreto 543/2016. Podría pensarse que volver a valores menores podría afectar los compromisos internacionales de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asumidos por la Argentina, pero los especialistas consideran que la diferencia en términos agregados ambientales es baja.

Para Fiadone, “si bien el biocombustible al ser quemado por un motor genera GEI, se considera que la emisión es cero pues libera a la atmósfera carbono que fue previamente captado por el vegetal vivo; pero, en contraposición, se produjeron GEI para plantarlo, cosecharlo, y convertirlo en biocombustible”.

Además, si bien las emisiones generadas por los motores que usan bio son menores que los que no lo usan, la producción de los biocombustibles que se usan en el país tienen otros efectos ambientales como deforestación (soja y maíz) y residuos (caña de azúcar).

El experto se pregunta “¿por qué el proyecto haría hincapié en beneficiar a las PyMES que producen bio? ¿Tiene sentido segregar a los grandes productores? Parecería que sí: no se está discutiendo que produzcan o no produzcan biocombustibles, se está discutiendo si se mantiene un régimen que otorga privilegios a los participantes: los grandes, mientras tanto, con o sin régimen, tendrían todo el mercado mundial adonde colocar el biodiesel”.

Las cámaras del sector no están tan alineadas con estas ideas. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que agrupa a grandes productores (AGD, Bunge, Cargill, Explora, Louis Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Noble Argentina, Renova, Unitec Bio y Vicentín), expresó a Agrofy News que “se requiere una breve prórroga a la ley actual para conversar y apuntar a una ley moderna y superadora a la actual…pensar en rebajar el corte sería un duro golpe a la industria y con argumentos muy discutibles”, en tanto que para la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) el proyecto “excluye deliberadamente a un grupo de empresas que abastecen exclusiva e ininterrumpidamente al mercado interno”.

Fiadone explica que “un análisis rápido de la situación lleva a pensar que el bio que ya producen los grandes players forma parte de su capacidad productiva y será volcada al mercado de todas maneras, ya sea al interno o al externo, aunque esto dependerá de una compleja ecuación económica en la que juegan los precios relativos entre petróleo, los biocombustibles y el mercado de granos y del azúcar, más los precios sostén, subsidios, impuestos a la exportación e importación  y tipos de cambio especiales que pudiera tener cada producto”.

Tal vez la cuestión principal pasa por entender si a las grandes empresas la ecuación económica les cierra sin el apoyo del estado, en cuyo caso parecería razonable dejar de transferirles recursos del Estado, por lo que la clave sería preguntarse ¿qué tan viable es la producción de biocombustibles en Argentina sin un precio asegurado por el Estado?