Se lo dijo el INDEC. Los depósitos están en cuentas del exterior, fondos atesorados en cajas de seguridad, o bajo el "colchón". Las divisas atesoradas suman 6 veces las reservas informadas por el Banco Central. Martín Guzmán sabe que algunos argentinos tienen US$ 250.400 millones guardados fuera del sistema financiero.

El dato de los especialistas incluido en el informe "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", adjudican ese comportamiento a décadas de inestabilidad, recesión, inflación y expropiaciones, que minaron la confianza en el peso y en el sistema financiero local.

Con respecto al tercer trimestre del 2020, la suma se incrementó en US$ 3.057 millones, el 1,2 %. El stock de ahorros fuera del sistema estimado por el Indec en la categoría "Otras inversiones" sextuplica el volumen de reservas brutas que tenía el Banco Central al final de 2020 (US$ 39.387 millones).

Tener plata fuera del sistema financiero local impide su desarrollo, porque sin ahorros no hay sistema de préstamos, y debilita la posición del Banco Central. De acuerdo con el Indec, se elevó a US$ 40.709 millones el total de fondos que los argentinos tienen en "inversión directa" en el exterior. Este concepto abarca propiedades, autos u otro tipo de activos o bienes físicos, y se incrementó en US$ 295 millones (0,07 %) en el último trimestre.

El apartado "Inversión de cartera", que incluye fondos en acciones, bonos u otro tipo de activos financieros, suma US$69.730 millones. A fines de 2020, la deuda externa llegó a US$ 271.505 millones, se redujo en US$ 1.347 millones entre trimestres y la mayor parte de la deuda (66%) está nominada en dólares (US$178.132 millones). Según el reporte, el sector público es el mayor deudor (58,8 %), con US$104.790 millones.

Pero hay otros informes que también maneja el ministro: cuánto pierde Argentina por evasión de impuestos. En un informe realizado por Mariana Dondo y Alfredo Serrano Mancilla verificaron que el pago de impuestos en Argentina siempre es un asunto recurrente y controversial. Sin embargo, poco se habla de lo que “no se paga”, sea por evasión o por elusión.

En el primer caso, se hace incumpliendo la ley. Y en el segundo, deriva de la posibilidad real de maniobrar torticeramente para dejar de pagar lo que corresponde, aprovechándose de algún subterfugio o limbo legal.

La evasión y la elusión contribuyen a que el sistema tributario sufra un flujo de filtraciones de grandes dimensiones por culpa de esta fuga permanente. A pesar de todo lo que se publica, el nivel de recaudación en Argentina está por debajo de los estándares internacionales. La presión fiscal en 2019 del país fue del 28,4 % del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34,3 %.

La composición tributaria en Argentina es muy desigual en cuanto a quiénes soportan su carga. La mayoría procede de impuestos indirectos, los más regresivos e injustos, y gran parte de lo que se evade y elude se concentra en aquellos que tienen más ingresos.

El sistema tributario argentino bien podría recaudar más y con más justicia fiscal sin necesidad de aplicar más impuestos. Bastaría simplificar y reordenar la matriz impositiva (que tiene 85 tributos a nivel municipal, 39 provinciales y 41 nacionales) con unas reformas específicas orientadas a detener la evasión y la elusión.

La lucha contra la evasión es la tarea más complicada porque, aunque se persiga y se disponga de un conjunto de incentivos para evitarla, en gran medida depende de la predisposición de ciertos sectores económicos a realizar prácticas ilícitas, por afuera de la ley.

Las vías más certeras e inmediatas para mejorar el sistema tributario es erradicar la elusión, con la redacción de la base legal de cada tributo, de forma tal que no se permita un uso abusivo de las ventajas fiscales, sin razón económica ni social.

En Argentina es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas difiera tan significativamente de la tasa efectiva, la que realmente pagan. La tasa legal era en 2018 del 30 %, pero el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios fue del 7,8 %.

No pagaron aquellos que, aprovechándose de la letra pequeña de la ley, una ingeniería fiscal muy bien desarrollada por sus equipos técnicos en este tipo de comportamiento elusivo es llevado a cabo por las grandes empresas, no por las pequeñas y medianas. En Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a un 2,74 % del PIB gracias a ventanas legales. Se pierde un 9 % del total de recaudación.

Aún resta mucho por hacer para avanzar en calidad y cultura tributaria en Argentina. Lo que no se paga por evasión, o por riquezas no declaradas offshore (que, según datos de 2017, suponía el 74,8 % del PIB), o por bases tributarias subvaluadas por no existir un catastro de propiedades ajustado a los precios de mercado; o lo que dejan de pagar las gigantes tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix) que operan en el país; o lo que poco que tributan las rentas del capital”.

Hay otra realidad trascendental que el ministro no desconoce. Para el público la aportó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, quien aseguró que “en la mayoría de los casos, los aumentos de precio de productos no están justificados”, y que por la “inercia inflacionaria”, se suben “por las dudas”.

“Nosotros hacemos relevamientos de precios cada quince días, entre ellos de los productos de la canasta básica. En marzo nos dio un aumento importante de 4.19% y el acumulado del año sería del 13.20%, muy por encima de los incrementos salariales o para jubilados y pensionados”, apuntó. Tres informes que están en el escritorio del magistrado, hoy jaqueado por la controversia de poderes entre los miembros de la alianza gobernante.

Según los datos relevantes referidos a la incidencia de los Programas Sociales aparecen en el Estudio “Efectos de la Pandemia Covid-19 sobre el Bienestar en la Argentina Urbana” del Observatorio Social de la UCA, que sin las ayudas monetarias, como el IFE, AUH y otras transferencias del Estado, los niveles de indigencia en 2020 en lugar de afectar al 10% de la población habrían alcanzado al 27% y el porcentaje de pobreza hubiese sido de casi el 54 % en lugar del 44,7%.

Sobre una población total de 45,4 millones, habría casi 24,5 millones de personas pobres. Entre la población pobre, la ayuda alcanzó al 79,7%.

El ministro sabe de qué están rellenos algunos colchones. Pero también sabe de las frazadas cortas.