Por: andrés rosa

El empleo de sistemas de videovigilancia bajo el lema de la seguridad pública no es un fenómeno reciente ni aislado. Sus orígenes datan de mediados del siglo pasado, siendo en Inglaterra donde por primera vez una ciudad incorpora un sistema de vigilancia mediante cámaras, pero es en la década del 90 que los avances tecnológicos comienzan a tener un mayor impcto en la materia. Desde entonces, se ha producido una evolucion permanente: reconocimineto facial, dispositivos infrarrojos, identificación automática de matrículas, etc.

En la sociedad moderna siempre ha existido la necesidad de vigilar, ya sea con fines políticos, económicos o militares, formando parte del ya por si amplio sistema de control social. Al parecer, la sociedad está acostumbrada al control. Nuestras sociedades están totalmente vigiladas, donde el poder habita exclusivamente en el ojo del vigilante, conocido como el Gran Hermano.

Estas tecnologías se han instalado en nuestra sociedad con tal rapidez y profundidad que deberíamos preguntarnos ¿qué función cumple realmente la video vigilancia en materia de seguridad?

Hay una tensión entre dos derechos, un conflicto de intereses: derecho a la privacidad y la demanda por seguridad, en socidades cada vez menos tolerantes e inclusivas e incapaz de tener confianza. La sociedad se siente desprotegida y entonces renuncia a ciertos derechos y garantías que fueron obtenidos en las luchas sociales de los últimos dos siglos como son la libertad y, más ampliamente, la intimidad. Las “víctimas potenciales” prefieren sacrificar un grado de su privacidad personal por un grado de proteccion personal.

MARCO NORMATIVO

Nuestro país carece de una ley federal que regule la actividad. Hay quienes vienen alertando sobre el enorme aumento en la recolección, almacenamiento y procesamiento de información sobre particulares por parte del Estado como una amenaza a los derechos humanos (CELS, 2013).

EFICACIA Y TRANSPARENCIA

Está instalado en el imaginario social y, así lo lee la dirigencia política, que las cámaras de video son indispensables por su función preventiva del crimen. Está naturalizado el uso de tecnologías de vigilancia como respuesta ante el problema público de la inseguridad. Está claro que la videovigilancia no solo logró imponerse sino expandirse, mantener cifras de apoyo popular considerables y ha generado un consenso favorable entre los responsables políticos, las autoridades policiales y la población en general.

EFECTO GLOBO

En verdad, se produce un desplazamiento temporal de las acciones delictivas. Las zonas protegidas transfieren la presión delictiva sobre otras áreas por fuera de la mirada de las cámaras, quedando cuestionado su impacto en la masa total de delitos cometidos.

Un centro de monitoreo suele demandar una inversión considerable. Ahora se fundamenta su instalación, ampliación o modificación, si se lo enmarca en un plan municipal de seguridad desde el cual la videovigilancia cobra sentido, diseñando de antemano las herramientas para la evaluacion de su funcionamiento y dando lugar a la participacion de la comunidad en todo este proceso. Este punto es lo que distingue al sistema democrático, es la relacion que se plantea entre control y legitimidad, puesto que la existencia de controles recíprocos es la fuente de legitimación del sistema.

Los centros de videovigilancia locales deben estar abiertos y preparados para el escrutinio. Deben dejar de ser “cajas negras” cuyo funcionamiento interno quede cerrado a toda problematización, siendo la propuesta convertir a estos centros en un sitio de permanente observación.

Si bien nuestro país no cuenta con experiencias registradas de evaluación de reducción de problemáticas delictivas y de la disminución de la sensación de inseguridad, existe una considerable literatura internacional que nos acerca a modelos que pueden servirnos para la medición local.

¿SIRVEN LAS CAMARAS?

Hay estudios en EE.UU e Inglaterra que muestran un desempeño modesto o nulo de estos dispositivos, a la vez que efímero. También en la Union Europea este abordaje predomina.

Hay un potencial simbólico de las cámaras: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones de la gestión orientadas a atender la cuestión del delito.

En nuestro país no ha habido una investigación que revele con evidencia la verdadera necesidad de hacer este gasto por parte del Estado para capturar imágenes que posteriormente serán utilizadas en la persecución judicial de delitos de reiterada comisión en la vía pública. Es decir, su utilidad quedaría reducida al registro como posible prueba “a posteriori”.

La academia no ha mostrado aún interés por investigar el fenómeno. La videovigilancia estatal de espacios públicos no ha generado aún un cuerpo de estudios locales que la interpelen desde las ciencias sociales.

Por otro lado, más allá de los resultados de los sitemas de videovigilancia, la elección de este tipo de herramientas de control implica una cierta forma de tratamiento de la inseguridad, que no apunta a resolverlo desde sus causas con un enfoque social, sino que evidencia un discurso eficientista acerca del problema del delito. Es decir, no hay una preocupacion por sus motivaciones, sino que las acciones están orientadas a buscar soluciones inmediatas en el escenario actual, entendiendo así al delito como un hecho aislado y sin tomar en consideracion su contexto social.

EL FACTOR HUMANO

¿Cómo se realiza cotidianamente la tarea de vigilancia? De nada sirve contar con cámaras que no puedan ser observadas o que lo sean por personas sin los conocimientos técnicos o la capacidad de registrar la información necesaria y de actuar conforme a ella, sea por deficiencias en el sistema de incorporación de personal, por la falta o inadecuada preparación o bien por el incumplimiento de los descansos regulares que este tipo de actividad demanda.

He tenido la posibilidad de observar en forma sostenida una sala de monitoreo, y me ha permitido comprobar que se repiten situaciones, donde aparece el “factor aburrimiento” ante la obligación de encerrarse en un pequeño cuarto de control y vigilar por largas jornadas las monótonas imágenes que producen las cámaras. Frustración y cansancio, sumados a una precaria remuneración. Todos estos elementos complejizan el análisis de la tarea de vigilancia.

El resultado es un dispositivo que no empodera a quien mira, sino que lo aliena y encierra, al mismo tiempo que consigue niveles muy bajos de eficacia.

Hay una investigacion en la ciudad de Curitiba (Brasil) que muestra cómo trabajadores con discursos entusiastas luego son observados en actos subconscientes de resistencia a los protocolos, expresados en la relajacion y el distanciamiento irónico para con la demanda de atención que supone el sistema.

El desafío está en sincerar las expectativas sobre la real efectividad de la videovigilancia y sobre la atención que merece el factor humano. Está bueno problematizar y tener una mirada crítica de la videovigilancia.

Hoy vemos que crece el número de las cámaras, pero también se integran otros dispositivos tecnológicos como los botones anti-pánico, los drones y los software de reconocimiento automático, en una constante carrera por traer algo nuevo. Claro que esto nos interpela con la pregunta: ¿cómo estudiar un dispositivo en plena transformacion?

Entiendo que sería necesario un debate público sobre sus efectos y modos de funcionamiento, capaz de evaluar costos y beneficios. Espero que mi recorrido y los aportes que pueda hacer sean una invitación a continuar profundizando en esta tarea.

(*) Abogado. Concejal unibloque “Compromiso por Junín”.