Por: Redacción Semanario

Esta semana se llevó a cabo un encuentro de vecinos de los barrios ubicados camino al Parque Natural Laguna de Gómez, el que también contó con la presencia del director de Región Sanitaria III, Jorge Herce y técnicos del INTA local.

La iniciativa forma parte de lo publicado en diversas oportunidades por SEMANARIO respecto a las permanentes fumigaciones sobre los barrios Real, Moya, Jardín y San Carlos. Efectivamente en uno de los últimos informes se constató, tras los análisis, la presencia de glifosato en orina en una menor que vive en las inmediaciones.

Sin embargo, la situación no sólo afecta a este sector de Junín sino que los padecimientos de los residentes se repiten en cada uno de los poblados del distrito, acuciados por el uso de agrotóxicos y la falta de controles para determinar eficientemente qué productos se utilizan y si están dentro de la ordenanza municipal que ha quedado obsoleta.

La problemática es archiconocida, pero las soluciones se relacionan con un compromiso social de parte de las autoridades municipales y los concejales que parecen no asumir.

Por ese motivo, desde Región Sanitaria se comprometieron a establecer los puentes para que el tema se incorpore a la agenda del municipio en forma urgente.

Por su parte, los vecinos autoconvocados emitieron un comunicado en el que resaltan que están afectados sus “derechos fundamentales, a decir: Derecho a la Salud y por consecuencia Derecho a la Vida, derecho al goce de un medioambiente sano, debido a las aplicaciones agroquímicas del establecimiento ya citado”.

Sostienen que a pesar de haber mantenido conversaciones con el propietario del predio no hubo soluciones, ni tampoco por parte de Ejecutivo municipal.

“Quienes desconocen esta problemática, deben saber que nuestros hijos sufren en mayor medida afecciones dermatológicas los días que se realizan las aplicaciones, en ciertos casos mayores y muy notables y en otros casos leves, además de ello adultos y niños comenzamos a sentir resequedad y ardor de garganta, algunas personas incluso, sufren dolores de cabeza y broncoespasmos”, relataron en el comunicado.

Añadieron que “hemos sido siempre, respetuosos en nuestras comunicaciones y hemos recibido siempre la falta de respeto por nuestros derechos, e incluso hemos sido pacientes por años esperando resolver el conflicto mediante acciones de mediación incluso apoyándonos en la gestión de diversas administraciones del ejecutivo local, y aun así solo hemos conseguido indiferencia y violación a nuestros derechos y garantías constitucionales y convencionales durante décadas”.

Incluso manifestaron su preocupación también por la contaminación generalizada al indicar que “el propósito de esta nota, es comunicar a la comunidad las afectaciones recibidas, la falta de igualdad en el tratamiento de nuestra demanda no contenciosa, y en relación a ello la contaminación del recurso agua que estamos logrando comprobar a partir de estudios privados, al igual que esperamos hacerlo respecto a la contaminación de suelo”.

Aclaran que “no tenemos interés en impedir la actividad agropecuaria en el ya citado establecimiento, ya que somos personas dignas, de trabajo y estudio, y sumado ello, muchos de nosotros tenemos un vínculo estrecho con el ámbito agropecuario, y es por ello que hemos sido receptivos durante todo este tiempo en la posibles soluciones de bajo impacto para todos los actores que nos vemos involucrados en esta situación, aunque esta paciencia se haya tomado cómo ignorancia por la parte receptora de nuestras solicitudes”.

Para finalizar en un pedido a la comunidad de Junín para “que comprenda y se solidarice con la situación de vulnerabilidad de la salud y el medioambiente que nuestras familias viven diariamente y de manera silenciosa, así como también invitamos a las autoridades locales a entender la parcialidad que han mantenido durante décadas en favor del propietario del establecimiento profundizando la posición dominante con la que se vulneran intereses jurídicos socialmente comprometidos y de máxima jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico, de forma contraria a los principios constitucionales de igualdad e incluso por sobre los derechos de incidencia colectiva”, concluyeron.