Luego de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre los programas sociales y el manejo por parte de los movimientos, los intendentes se sumaron al debate y plantearon sus posturas.

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, fue uno de los más entusiastas a la hora de evaluar el traspaso de esta responsabilidad a los municipios.

“Estoy de acuerdo con el traspaso. Ya hemos administrado un esquema similar, con el Programa Argentina Trabaja y veo bien la descentralización de los planes en manos de los municipios, con un esquema de contraprestación (puede ser esquema cooperativa) y un esquema de actualización de fondos y duración de los planes”, dijo Petrecca.

También subrayó que “estoy a favor de la autonomía municipal. La proximidad es el factor fundamental para dar solución a los problemas que trasuntan en los municipios; y nos hace más eficientes”.

“Los municipios son las organizaciones prestacionales de base territorial más próximas a los ciudadanos y al mismo tiempo se encuentran en una situación privilegiada para detectar y actuar sobre sus necesidades. Los planes y varias funciones más deberían descentralizarse”, afirmó Petrecca.

OTRAS POSTURAS

Gustavo Posse, jefe comunal de San Isidro, aseveró que “el lugar más cercano para hacerle un seguimiento y ayudar a la sociedad con la retribución al trabajo desde los planes es el municipio, pero estamos hablando de los planes que corresponden. Hacerse cargo el municipio de los planes que no corresponden, no”.

En tanto, Franco Flexas, alcalde de Viamonte, afirmó que “es ilógico que lo manejen movimientos sociales en nuestros distritos donde no cumplen horarios y no sabemos si le sacan la plata a la gente beneficiaria”.

Por su parte, Julio Garro, intendente de La Plata, planteó que "se necesita una descentralización de diferentes cuestiones que hoy se mantienen en grises. La idea es que los planes sociales se conviertan en trabajo estable y que el intendente pueda utilizar esa fuerza productiva a cambio de una remuneración". Asimismo, remarcó que "es difícil que se cambie en este contexto, pero la idea es loable, así como también el traspaso de la policía locales o el manejo de los fondos educativos para la infraestructura escolar".

También se expresó Ezequiel Galli, mandamás municipal de Olavarría, y compartió en que “si se maneja desde las intendencias, nos da mucho margen de acción para regular las contraprestaciones, y de esa forma, se terminan los gerentes de la pobreza. No puede seguir pasando que quienes tienen sus necesidades básicas insatisfechas, dependan de asistir a marchas y de aportar un porcentaje a referentes políticos para cobrar los planes sociales”, sumó.

Y agregó el olavarriense: “Por eso, a partir del este mes, en Olavarría dejamos de armar bolsones de comida para las familias que necesitan asistencia del estado y les entregamos una tarjeta de débito con los fondos depositados, para que ellos elijan qué alimentos comprar y donde comprarlos”.

Miguel Fernández, jefe municipal de Trenque Lauquen, opinó que “el problema central no tiene que ver con que si son las organizaciones sociales o el estado el que administra, es si se logran los objetivos de acompañar las necesidades de la gente vinculándola al trabajo digno para incorporarse en el mundo del trabajo formal”.

En esa línea, el radical explicó: “Ese es un proceso complejo, de largo alcance donde confluye muchos factores. Hay q aprender de los programas q ya existieron y no funcionaron para no volver a cometer los mismos errores”.

El alcalde de Pergamino, Javier Martínez, también se sumó al debate y planteó que “los planes son salidas transitorias porque han demostrado su fracaso y es algo que no sirve y cada vez crea mayor diferencia. Habrá que generar un seguro de empleo hasta que la ley laboral termine de modernizarse, que es necesaria y muchos gremios están a favor de eso. Y en esa transitoriedad, antes que la maneje un delincuente que maneja un plan social y organizaciones, que lo maneje una estructura que tiene un control auditada e inspeccionada por el Tribunal de Cuentas, es más favorable hacia la transparencia del sistema. En ese extremo, y solamente de manera transitoria, los intendentes podrían hacerse cargo”. 

Vale recordar que Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, dijo que “con su propuesta los beneficiarios no pasarían a ser empleados del municipio sino que realizaran 20 horas semanales en tareas u oficios. Mensualmente recibirían $ 4.000 del municipio, más la obra social IOMA, y el Plan Potenciar Trabajo de Nación”.

“Yo no quiero agarrar mano de obra de planes, como se hizo en otros lados y en otra época, para involucionar, todo lo contrario”, explicó al respecto el alcalde ultra kirchnerista.

Martín Insaurralde, jefe comunal de Lomas de Zamora en uso de licencia, explicó su idea y destacó que "hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente. La Argentina en general y la provincia de Buenos Aires en particular deben crecer vinculando al sector privado con el público, e incluso a los emergentes de la economía popular, con un rol preponderante de los municipios, como la principal puerta de atención hacia los vecinos y vecinas, y sus demandas", puntualizó el ministro coordinador bonaerense.

Desde Chascomús, su mandatario municipal, Javier Gastón, planteó que "habría que analizar si son los intendentes los que deben administrar los planes sociales, pero lo que sí sé es que debe haber una articulación entre el gobierno nacional, provincial y municipal y los movimientos sociales que están en los distritos. Lo que sí afirmó es que hay mucho para mejorar y podemos hacerlo”.

En tanto, Iván Villagrán, jefe comunal de Carmen de Areco, sostuvo que “tenemos un nivel de articulación público privado que podríamos transformar esos planes en trabajo genuino”.

Hernán Ralinqueo, intendente de 25 de Mayo, se sumó a la postura de Insaurralde e informó que “me parece bien lo que plantea Martín (Insaurralde), que por lo menos se haga con convenio con los municipios para poder mejorar distintas tareas de mantenimiento y servicios o para proyectos productivos”. Y agregó: “O convenios con el Ministerio y los movimientos sociales”.

Por último, Javier Iguacel, alcalde de Capitán Sarmiento, planteó un rotundo rechazo a todas las posturas y remarcó que “no tiene que haber más planes sociales y sí trabajo genuino”.