Por: Redacción

La muerte de una mujer de 97 años ocurrida el fin de semana pasado, en un geriátrico trucho de Junín, en pleno centro de la ciudad, dejó al desnudo la insensibilidad de un estado municipal ausente, repleto de funcionarios que no tienen ni la menor idea de lo que significa su tarea, que es estar al servicio de los vecinos y velar por su bienestar.

La imagen horrorosa que se llevaron las autoridades policiales al revisar la vivienda ubicada en Malvinas Argentinas 220, propiedad de Silvia Castaño y Héctor Cruz, hallando a más de una decena de adultos mayores con carencias de todo tipo prácticamente “escondidos” y hacinados en un quincho, debiera resultar un fuerte llamado de alarma hacia una sociedad que suele naturalizar pequeñas situaciones, que luego devienen en innecesarias tragedias como la de este caso.

La cadena de irresponsabilidades apunta a la encargada de la atención de adultos mayores del municipio, Adriana Summa, pero involucra a un Estado comunal que tiene el deber de controlar y hace la “vista gorda” por razones desconocidas, generando estos resultados nefastos.

La ley 3129 regula el funcionamiento de las “Residencias de Corta y Larga Estadía y Centros de Día para Personas Mayores” y respecto a la fiscalización de las sanciones indica que “serán inspeccionados periódicamente por la Autoridad de Aplicación con la colaboración de autoridades municipales, no menos de dos veces por año, fiscalizando el cumplimiento de la presente Ley”.

Debido a que las autoridades municipales salieron rápidamente a sacarse las responsabilidades de encima, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de la Región Sanitaria III brindó una cronología de lo actuado y adjuntó la resolución del 1 de diciembre de 2021 en la que disponía la clausura efectiva del establecimiento, lo cual no fue controlado eficazmente por el municipio. Es más, en declaraciones a la prensa, Summa indicó sin tapujos: “No nos encontramos con nada que yo no supiera”, lo cual agrava su situación porque reconoce haber dejado continuar con el destrato a los adultos mayores, siendo ella la encargada del área respectiva.

LOS HECHOS

El sábado 18 de junio, a partir de un llamado a la policía científica requiriendo la presencia de un médico para certificar el deceso de una persona, motivo por el cual correspondía realizar la autopsia respectiva, se hizo presente en el lugar del hecho el instructor de fiscalía Andrés Crosetti.

Según señalaron a SEMANARIO fuentes confiables, en el comedor de la vivienda de Malvinas Argentinas había una cama en la que se encontraba la persona fallecida. Nada parecía estar fuera de lugar aunque cuando se detectó que se trataba de un lugar de alojamiento clandestino de adultos mayores, se dio aviso a la municipalidad como órgano de contralor de estos establecimientos.

Cuando se le advirtió del hecho sucedido a Adriana Summa, ésta habría hecho referencia a que tenía conocimiento de la situación haciendo referencia a que había ocurrido en dos oportunidades una clausura por parte de la provincia. Las mismas tienen registro de diciembre de 2021 y mayo del corriente año, tras una primera revisión de julio del año pasado donde ya se había constatado gravísimas irregularidades como por ejemplo por no poseer habilitación ministerial, no respetar el máximo de 4 camas ni los metros cuadrados, el baño no poseía ducha, tampoco contaban  con director médico, ni médico, ni enfermero, lo cual resultaba insuficiente para atender a cuatro pacientes postrados y seis semidependientes. EL informe agregaba que la calefacción no era confiable y se notaba humedad en techos y paredes. Tampoco poseísn deposito final de residuos patogénicos.

Por eso la semana pasada cuando las autoridades consultaron a la dueña del lugar respecto a la cantidad de personas que tenían a su cuidado la misma hizo referencia sólo a tres, que eran las visibles en el lugar, aseveración que sembró dudas entre el personal policial.

La llegada de la fiscal Fernanda Sanchez, generó una mayor tensión en los responsables del alojamiento clandestino a quienes se les solicitó llevar a cabo una revisión del lugar, caso contrario se pediría el allanamiento respectivo.

De este modo, Castaño autorizó el ingreso y luego de pasar un patio central observaron un quincho cuyos vidrios estaban tapados con papeles y al entrar a ese lugar se encontraron con once personas que estaba en condiciones de hacinamiento, una situación que los mismos efectivos policiales compararon con las celdas de la prisión.

Si bien no habrían hallado a personas en situación de extrema gravedad, sí se hallaban descuidados en su atención y en un lugar no apto desde el punto de vista sanitario.

A partir de allí la fiscal procedió a solicitar la aprehensión de los dos responsables. Luego la jueza Marisa Muñoz Saggese convertiría la aprehensión en detención. Los inculpados se negaron a declarar y se abrió una causa cuyo delito quedaría tipificado dentro del artículo 106 del código penal que castiga con hasta 15 años de prisión a “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.

CRONOLOGIA PROVINCIAL

Desde el ministerio de Salud en un comunicado emitido el martes pasado explicaron que “el establecimiento de Malvinas Argentinas 220 de Junín fue clausurado (…) atento que mediante inspección de fecha 26 de enero de 2022 se constató que continuaba funcionando en infracción a la normativa vigente, se remitió, con fecha 6 de febrero, carta documento a la propietaria intimándola al desalojo en un plazo de 5 días. También se solicitó al municipio que se les notifique lo informado a los familiares y/o responsables de los albergados y se los inste a su retiro en el plazo mencionado. El listado entregado por los propietarios tenía datos erróneos por lo que el municipio tuvo que realizar las gestiones para poder notificar”.

Siguiendo con los pasos llevados a cabo “luego de un seguimiento del municipio, el 20 de abril constataron que no había residentes en el establecimiento. El 19/05 fue una inspección provincial (acompañada de un inspector municipal) y colocaron la faja de clausura luego de observar que el lugar estaba cerrado”.

Dicha cronología no concuerda con los dichos de Summa, quien además de asegurar que ella estaba en conocimiento del tema, indicó que “las cosas en este geriátrico se hacían cada vez peor, en un quincho sin ventilación había un montón de abuelos. Ya tenía este lugar de Malvinas Argentinas una clausura. Sabíamos que esta gente (los dueños) mentía, maltrataba y amenazaba. En un momento se hizo una denuncia penal”.

¿Si en mayo pasado se puso la faja de clausura porque “no había nadie”, como sabía Summa que los internados estaban en un quincho sin ventilación?}

De no haber sido por el deceso del sábado pasado, hoy una docena de adultos mayores necesitados de cuidados paliativos seguirían desatendidos en un centro clandestino del que paradójica e inexplicablemente se conocían todos sus movimientos.

Por lo que puso saber SEMANARIO, no habría una denuncia penal por la situación y si así fuera, la irresponsabilidad de Summa y el municipio se agravan porque la ley 3129 señala en su artículo 16 que “Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio o por denuncia formulada por alguien que tome conocimiento de hechos u omisiones sancionables. Cuando haya hechos que lo ameriten el denunciante podrá solicitar reserva de identidad”. Si Summa no lo denunció habría faltado a sus deberes de funcionario y si lo hizo ¿Por qué la Justicia no actuó?

Más allá de la muerte de esta mujer de 97 años y los padecimientos de una docena de vecinos en condición de ser atendidos, es necesario visibilizar cuáles han sido las responsabilidades incumplidas para saber a qué Estado le dejamos el cuidado de nuestros adultos mayores. Incluso Summa en sus declaraciones a la prensa señala además que: “Hay tres lugares en la ciudad sobre los que se está trabajando porque no cumplen con lo que corresponde”.

¿Podrán evitar más muertes y atrocidades? Es la pregunta que nace espontáneamente.

UN MUNICIPIO QUE NO ESCUCHA

Cuando empezaba a prepararse la llegada de la pandemia en abril del 2020, SEMANARIO alertó en una nota de tapa sobre las irregularidades en la habilitación de los geriátricos de Junín.

Bajo el título “Geriátricos: El municipio se lava las manos” se hacía referencia “a que el control municipal de estos establecimientos es nulo, cuando no han faltado ejemplos en otros tiempos de la existencia de “geriátricos” fuera de las normas legales, que terminaron convirtiéndose en verdaderos y horrorosos depósitos de ancianos”.

El artículo exponía hace más de dos años que “Lamentablemente, las alertas parecen no haber ejercido acciones por parte de la gestión que conduce el intendente Pablo Petrecca, que sólo hizo algunas advertencias en el inicio del mandato allá por 2016 para culpar a la herencia recibida y posteriormente olvidar la propia responsabilidad”.

En otro párrafo señalaba que “A ello se suma el reciente pedido de hace menos de un año por parte del Concejo Deliberante, para conocer el panorama de los geriátricos en Junín, el cual no fue respondido por el Ejecutivo municipal, demostrando ninguna preocupación por el tema. Sin embargo, Cambiemos utilizó en su campaña eleccionaria a los abuelos, aunque al mismo tiempo hacía oídos sordos a los reclamos de la mesa de Jubilados y Pensionados que denunciaban la muerte de sus integrantes a la hora de conseguir un turno hospitalario”.