Por: Redacción Semanario

Ya no trabajan, aunque en estos tiempos sin alma muchas veces deban ayudar a sus propios hijos desocupados. La mayoría cobra jubilaciones vergonzosas y pasa privaciones que nadie merece. Son víctimas de una sociedad que descuida a sus mayores. Que parece no verlos como lo que son: la bisagra entre cinco generaciones, de un lado quienes fueron sus padres y abuelos, y del otro sus hijos y nietos. Ellos son los portadores de las tradiciones y la identidad. Y sin ellos, algo de nosotros se pierde.

Muchas familias tienen la suerte de poder cobijar a sus viejos. Pero en muchas otras los abuelos terminan internados en algunos de los geriátricos o pensiones –en regla o truchos/as- de la ciudad: un destino pocas veces agradable.

Sin reglas claras que unifiquen exigencias de calidad y atención, sin presupuesto para ejercer un control eficaz y transparente, en demasiados geriátricos o pensiones los ancianos corren peligro.

"El trato a los abuelos es un desastre", "se abusa de los ansiolíticos, se lo dan para evitar que a la noche molesten"; "en el lugar no hay servicios de emergencias”, "el lugar es una mugre”. Los testimonios de este tipo abundan cada vez que se intenta desentrañar el oscuro mundo que rodea la atención de nuestros viejos.

Hace un par de semanas, salió a la luz el resultado de una investigación que se originó por la denuncia formulada por familiares de una mujer de 92 años, residente de “Mama Cora”, un geriátrico ubicado en Coronel Suárez 571, por “Estafas reiteradas y asociación ilícita”, causa que se tramita la UFIJ N° 8 a cargo del fiscal Esteban Pedernera.

Por el hecho, fueron detenidos Raúl Cancio (50 años), su esposa Marisa Satsury (58), y su hija Manuela Cancio (24).

La investigación concluyó que los encargados de administrar la residencia engañaron sistemáticamente a la anciana, utilizando su tarjeta de crédito para adquirir bienes y servicios. Las pruebas indican que compraron electrodomésticos, ropa deportiva, celulares, alimentos, muebles; además, utilizaron el plástico para pagar el servicio de televisión por cable e internet.

Además, el fiscal ordenó cuatro allanamientos: en la Residencia Geriátrica Mama Cora; en el domicilio de los administradores del geriátrico (Alem 444); en un depósito ubicado en calle Tucumán y Cabrera; y en una quinta del barrio Real, propiedad de un allego a la familia.

Como resultado se logró secuestrar una cocina, una PC, un mueble despensero, tres celulares, un placard, una escopeta calibre 16, documentación de distintos pagos con la tarjeta de crédito, recibos por el abono de servicios de TV e internet y otros elementos de interés para la causa.

Lejos de ser un hecho aislado, esta no es la primera vez que trascienden denuncias de esta índole, además de otras por malos tratos, golpes, suciedad y falta de asistencia médica.

Este tipo de instituciones, que asilan a cientos de ancianos -muchas veces en instalaciones inadecuadas-  cuentan con personal de escasa preparación y precios más accesibles, pero con escasos o nulos controles.

Según datos de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), los “geriátricos” son difíciles de controlar: comienzan con tres o cuatro camas y cuando consiguen unos 15 clientes se mudan a una propiedad alquilada. En algunos casos, inician sus actividades con los trámites de habilitación que pueden demorar años, y cuando nuevamente son localizados vuelven a mudarse y de ese modo evitan inspecciones.

En la práctica, los geriátricos “truchos” no dan más que casa y comida, mientras los legales deben incluir un sistema de control médico y contar con personal, infraestructura y alimentación adecuados que, se sabe, en muchos casos no se cumple.

Muchas veces los vecinos conocen donde están los geriátricos ilegales, pero sólo pocos se atreven a denunciarlos. Lo más grave siempre es la atención que reciben los ancianos, pero sin denuncia no hay posibilidad de clausura.

VACÍO LEGAL

Los proyectos que esperan aprobación en la Legislatura provincial para regular los geriátricos parecen coincidir en la necesidad de realizar adecuaciones al sistema de fiscalización aplicable a todo establecimiento sanitario privado asistencial o de recreación, teniendo en cuenta que “luego de ser habilitado por el Ministerio de Salud”, debe seguir funcionando “cumpliendo los requisitos establecidos”.

Por consiguiente, los proyectos que esperan su tratamiento, en primer lugar, establecen que los municipios, en el caso de los geriátricos, serán quienes ejecutarán las acciones tendientes al cumplimiento de las normas provinciales vigentes sobre habilitación y funcionamiento. Percibirán los aranceles por habilitación, regularán el régimen de infracciones y el cobro de las multas que se apliquen.

En la actualidad, los numerosos geriátricos o pensiones que no están habilitados funcionan en total desconocimiento de las normas que velan por la seguridad de los residentes. La pregunta que se impone es ¿quién los controla?

La tendencia indica que cada vez más ancianos pasarán sus últimos años en un geriátrico. Lo que les espera es lo que aquí se contó: un universo casi sin reglas ni controles, donde la lógica del negocio domina sin contrapeso porque la responsabilidad del Estado y la sociedad se diluyen muchas veces hasta la nada.

Tipos de geriátricos

No todos los geriátricos ilegales son iguales. Una tipología construida a partir de un relevamiento a nivel nacional dice que se dividen en:

*Los que venden "atención personalizada" en "una casa pequeña".

*Los que se hacen pasar por legales y eternamente tienen alguna habilitación en trámite. Estos, muchas veces se mantienen abiertos con recursos judiciales.

* Los "golondrina", que van mudándose de casa en casa, por lo general dejando impago los alquileres y abandonados a los internados.

* Los de "pueblo chico", donde alguien conocido en el barrio decide utilizar los cuartos vacíos de su casa.

* Los de "alta rotación", que son de muy mala calidad, muy baratos y para los que el negocio consiste en que las familias retiren al anciano antes de que termine el mes que ya pagaron.