La historia que comenzó hace algunos días -fue reflejada en una investigación que realizó TN- tiene como principal sospecha a una banda de delincuentes que opera desde las cárceles bonaerenses.

la víctima de 45 fue extorsionada a pagar una suma cercana a los $200.000 para evitar que una supuesta causa judicial avanzara en su contra.

Todo ocurrió luego de que el pergaminense conociera a una mujer en una sala de chats para adultos. Tras consultarle la edad, ella le respondió que tenía 29 y accedió a continuar el diálogo por WhatsApp. “Soledad” cambió su respuesta luego de enviar una foto en ropa interior. Previo a ello, N.P. había preguntado: “¿Cuándo cumplís los 30″? Ella contestó: “Tengo 17, no 30″.

N.P. cortó el diálogo luego de un breve intercambio y bloqueó el número de la mujer. “Quedó ahí. Al otro día me llamó otra mujer, diciéndome que era la madre, asegurándome que me iba a denunciar por hablar con su hija. Ella me había dicho que tenía 29, no la hubiese agregado a WhatsApp de ninguna manera si sabía que era menor de edad”, contó el hombre a TN.Tras ese llamado, la mujer no volvió a contactarse y él creyó que todo había quedado atrás. Sin embargo, a los pocos minutos recibió el mensaje del comisario Ramírez.

“Buenos días, le habla el comisario Ramírez de la Comisaría Tercera de Merlo. Si intenta bloquear este contacto, en menos de 24 horas estaremos en su domicilio. Si le escribo desde mi celular personal es porque puede que haya una solución. De lo contrario elevaré su causa a la fiscalía y en menos de 24 horas se realizará el allanamiento correspondiente en su domicilio”.

Cuando N.P. recibió este mensaje pensó que todo se trataba de un error; un número desconocido que intentaba comunicarse con otra persona que no era él. Pero no era así. Esta persona manifestó que su nombre y apellido estaba en una causa judicial en la que se lo investigaba por grooming y pedofilia.

N.P. entendió que estaba siendo extorsionado. Confirmó su sospecha cuando en ese mismo chat leyó lo siguiente: “Se le hace saber que en el día de hoy se acercó Marisa Rodos para realizar una denuncia en su contra. La menor entregó su teléfono móvil, encontrándose fotos, audios y más irregularidades en su contra”. El comisario Ramírez le exigió que se comunicara a la brevedad “para solucionar el asunto”. La extorsión subió de tono cuando le indicó que lo hiciera “antes de que sea demasiado tarde”.

N.P. ofreció enviar un audio vía WhatsApp para relatar lo sucedido y explicar que todo se trataba de una confusión. Detalló estar predispuesto a colaborar con la causa, entregar su teléfono para que fuera peritado y e incluso viajar hasta Merlo para visitarlo en la Comisaría y declarar su versión.

“Voy a la comisaría de Pergamino y llamame ahí”, le dijo N.P. a Ramírez. Su pedido originó una nueva amenaza: “Ok, ya mismo elevo su causa a la fiscalía”.

N.P. entendió rápidamente que se trataba de un intento de estafa. Fue allí cuando pensó que si simulaba estar dispuesto a pagar podía conseguir algún dato de la persona que lo extorsionaba. “Nicolás, necesito hablar dos minutos con vos. Porque me llamó la fiscal. Y si lo querés solucionar llamame ahora”, contestó el comisario Ramírez, sin especificar el nombre y apellido de la funcionaria judicial, través de una nota de voz.

N.P. se negó a efectuar la llamada y las amenazas se incrementaron. El extorsionador le exigió que le enviara una captura de su home banking para demostrar que tenía dinero en su cuenta. N.P. lo hizo. Luego ofreció $50.000 para culminar el conflicto. “Solo buscaba que me pasara un número de cuenta o CBU, no pensaba transferir un peso porque sabía que era todo mentira”, enfatizó.

El diálogo se terminó cuando N.P. le dijo que iba a contactar a su abogado. “Me bloqueó y no me volvió a molestar. Ni por llamada ni por mis redes sociales”, dijo el damnificado.

N.P. decidió recurrir a la Policía y rápidamente hizo la denuncia, adjuntando las capturas de ambas conversaciones y todos los datos que había obtenido de la mujer.

El letrado Daniel Monastersky, director de la Diplomatura en Gestión y Estrategia en Ciberseguridad de la Universidad del CEMA indicó que la Justicia no admite como argumento el desconocimiento de edad: “Es un acto racional. Cualquiera que conoce a un hombre o una mujer debe preguntar cuántos años tiene. Enviarse o recibir fotos con un menor es un delito. Decir que se desconocía la edad no exime de responsabilidades a quien lo realice”.

N.P., por su parte, manifestó que siente vergüenza por lo sucedido, a pesar de que no perdió dinero y que actuó de buena fe al contactarse con la mujer. “Denuncié porque no quiero que le pase a nadie. Es horrible que sucedan cosas así”, sostuvo.

La causa se tramita en la UFIJ N°8 de Pergamino, a cargo de Pablo Santamarina.