Tras reclamos de pacientes y el rechazo del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires dio marcha atrás y resolvió cancelar el cobro de hasta mil pesos en concepto de “gastos operativos de consultorio”. Esto ocurrió luego de que los organismos competentes la calificaran como “irregular, ilegal e ilícita”.

Fueron las y los usuarios de distintas obras sociales y prepagas ante los organismos competentes, e impulsado en forma conjunta por el IOMA; la Asesoría General de Gobierno y los Ministerios de Salud y de Justicia de la Provincia, es que el Colegio de Médicos bonaerense, a través de su Consejo Superior, tomó la determinación de cancelar el pago del módulo.

Fue el Ministerio de Salud el que dispuso intimar al Colegio para que dejara sin efecto la aplicación del módulo GOC después de analizar la situación y de verificar la normativa aplicable. Como consecuencia, el Colegio de Médicos decidió dar de baja ese “plus” adicional de 1000 pesos, estableciendo un plazo de 48 horas a los médicos prestadores para que den cumplimiento a la medida.

De acuerdo a denuncias realizadas por afiliadas y afiliados, ese plus ya se venía aplicando en distintos consultorios de La Plata y también en el interior de la Provincia.

Todo comenzó el pasado 1° de junio, cuando el Colegio de Médicos habilitó a los profesionales a cobrar hasta mil pesos extra a los pacientes, más allá del bono de consulta de la obra social o el coseguro. En aquel momento, IOMA dijo que se trataba de un cobro indebido ya que los honorarios de consultas entre los médicos prestadores de la obra social están establecidos en su totalidad por las entidades que vinculan a ambas partes. "Desde nuestro punto de vista constituye una inadecuación a la ley, excede las facultades del Colegio la regulación del precio, ni siquiera de los honorarios. La ley del Colegio dice que, a lo sumo, tiene la facultad de proponer al Ejecutivo aranceles, no fijarlos" señaló  Mariano Cardelli, miembro del directorio de IOMA, quien subrayó que se trata de "gastos fuera de la ley".