Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA DE LA EDICION IMPRESA Y DIGITAL DE SEMANARIO DE JUNIN Nº 345. PUBLICADA EL SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2023

El relato de la situación es sencillo, aunque la investigación es secreta: se robaron y vendieron más de medio centenar de armas que estaban bajo custodia en el área de “Efectos” del ministerio fiscal del Departamento Judicial de Junín. Se detuvo a cuatro personas, entre ellas el chofer personal del fiscal general y a un guardia penitenciario, su hermano y su mamá.

¿Quién lleva a cabo la investigación? Un fiscal del mismo departamento, que es subordinado de quien tenía a su cargo al presunto delincuente.

La crónica podría finalizar con el consabido¿cómo se llama la obra? Y el remate: “impunidad” o mejor: “otra vez impunidad”, teniendo en cuenta la cantidad de deslices acontecidos en ese ministerio judicial a cargo de Juan Manuel Mastrorilli, que terminó en un vaciamiento inexplicable y una ineficiencia abrumadora a la hora de administrar justicia en la región.

El fiscal Pedernera, que a pesar de su grave estado de salud no deja de "operar" para su jefe

Sin embargo, a la hora de dimensionar la situación se trata de uno de los escándalos más grandes dentro de la justicia regional con asiento en nuestra ciudad y una investigación –imparcial- debiera arrojar luz respecto a las responsabilidades. ¿Pero quién se anima?

Esto no va a ser fácil ya que la investigación recayó en manos del fiscal Esteban Pedernera, que tiene fuerte vinculación con el fiscal general, además de ser su subordinado. Pedernera, a punto de jubilarse ha sido quien, una tras otra, desestimó todas las denuncias de presunta corrupción contra el intendente Pablo Petrecca. Por el contrario, y debido a un artículo periodístico, inició de oficio una causa contra los ex funcionarios meonistas Gastón Blanc y Agustín Pinedo que terminaron absueltos después de siete años. Del mismo modo, llevó a juicio oral al ex director del HIGA Junín, Carlos “Piojo” Garbe, acusación que al fin y al cabo no tenía ningún asidero.

Tal vez por eso una de las primeras medidas de Pedernera (quien por otra parte es fiscal de juicio y no de instrucción) fue blindar la causa que salpica a su jefe, poniéndola en modo “privado” para que nadie pueda acceder a la misma, mientras que los cuatro imputados, detenidos por el hecho se negaron a declarar.

La responsabilidad cayó sobre el chofer personal de Mastrorilli, Germán Néstor Villar; el agente penitenciario de la unidad N° 49 de Junín, Miguel Santillán; su hermano Franco Santillán y su madre Nora Ledesma, estos dos últimos con domicilio en la ciudad de San Nicolás.

Rápidamente y en un comunicado emitido por las huestes del fiscal general se indicó que "la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial".

Y agregaba que “Villar no cumplía funciones jurídicas, sino que en las fiscalías trabajaba en el área de ‘maestranza’ y eventualmente como chofer”, lo cual según lo que pudo conocer SEMANARIO resultaría mendaz ya que Villar disponía –a su antojo- de toda la flota vehicular de la dependencia y por ese motivo era frecuente ver a Mastrorilli en vehículos distintos según la ocasión.

Es más, fuentes fidedignas resaltan que el ahora imputado habría realizado tareas de mantenimiento en una casa que el fiscal general posee en Mercedes. De hecho, Villar –quien vive en un distrito vecino- se llevaba a su casa la camioneta que usaban en forma oficial y por lo que ahora es acusado (además) de“peculado”cuando contaba con la venia de su jefe inmediato para obtener dicho privilegio.

Por lo tanto, resulta sorprendente la forma como se intenta “despegar” al empleado infiel de la relación con su jefe, cuando sí existiría esa relación, la cual además era permanente y fluida.

El "jefe". La operación política le brindó protección y salvó su ropa del "jury"

Llama la atención que Villar haya tenido acceso al área de “Efectos”, creada por la gestión de Mastrorilli y a cargo de tres empleados que registraban de forma minuciosa cada ingreso de elementos que eran producto de los allanamientos y que luego de la investigación eran devueltos a sus dueños en el caso de que no se constatara delito.

Es en este punto donde el abanico del escándalo se abre una vez más ya que fuentes extraoficiales del juzgado indican que serían 60 las armas robadas y no 20 como se indicó, pero también se agregarían al faltante:celulares, computadoras y probablemente estupefacientes que se hallaban almacenados en el mismo lugar.

Por ese motivo es que se trata de un escándalo de dimensiones imprevisibles y que de haber querido demostrar transparencia en la investigación, debiera haberse convocado a funcionarios de otro departamento judicial para llevar adelante el procedimiento y no que sea un subordinado quien deba investigar a su jefe, lo cual resulta a todas luces otro disparate jurídico a los que nos ha acostumbrado el ministerio fiscal, en los últimos años, con el liderazgo de Mastrorilli.

¿Incluso no estaría en riesgo la seguridad jurídica de Villar, quien guarda silencio ante la situación y que estará bajo custodia de personal ligado a quien fuera su socio en el ilícito y al que Mastrorilli ahora dice no tener relación?

Cuánto sabe el chofer privado del jefe de fiscales acerca del negociado que hicieron con las armas y demás elementos, ya que después de 15 allanamientos no encontraron absolutamente nada. Otro punto llamativo, por cierto.

Se estima que las armas fueron vendidas y no es descabellado pensar que puedan haber terminado en el circuito de la delincuencia por la ligazón del guardiacárcel con los internos del penal, aunque el comunicado oficial de inmediato intentó desligar esta posibilidad al afirmar que "se trata de un agente penitenciario en actividad que cumplimenta sus tareas en la Unidad 49 de Junín pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría -en principio-, la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento".

Por eso el panorama es desalentador cuando al frente de la causa se encuentra un fiscal que ha mostrado tener poco de imparcial en materia investigativa y justamente le toca sumergirse en lo que parece estar plagado de argumentos para transformarse en un thriller exitoso desarrollado en capítulos, aunque en la realidad se trate de un suceso aberrante que mancha de lleno al poder judicial y estaría plagado de tácitos encubridores.

Más desalentador todavía cuando desde las esferas políticas y judiciales no se denota reacción frente a un hecho, al menos llamativo y preocupante, en cuanto a los procesos que deben dar certezas a la hora de impartir justicia y que ésta sea igual para todos.

La imputación que pesa sobre los acusados incluye cinco delitos: "el hurto agravado, la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, el peculado, la asociación ilícita y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial", según confirmó el comunicado de la fiscalía.

La asociación ilícita está penada “con prisión o reclusión de tres a diez años, al que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.

En este caso el agente penitenciario recibiría una pena agravada por ser funcionario público de un organismo de seguridad.

En el caso del peculado “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

En el caso de que hayan faltado estupefacientes, las penas serían todavía más graves por haber incurrido en un delito federal.

Lo cierto es que sería necesario que intervenga un estamento superior para poner orden e imparcialidad en este escandaloso hecho judicial que no se remite solamente a cuatro imputados como lo quieren hacer ver, sino que tiene aristas mucho más filosas a las que parecen temerle ciertos sectores que no quieren salir heridos. Por eso resultaría importante para la salud de la justicia bonaerense, hacer cirugía mayor y no dejar que el alud de sospechas recaiga sobre todos.