El ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, volvió a quedar en la mira de la Justicia. Luego de haber estado detenido durante dos años – entre 2018 y 2020-, ahora afronta un juicio oral y público acusado como “autor, miembro y Jefe de una asociación ilícita” y de ser penalmente responsable de los delitos de “defraudación y perjuicios contra la administración pública”.

La causa también tiene como imputados al excontador municipal, Walter Fernández y el ex tesorero Marcelo Porto, a quienes el ministerio público fiscal les solicitó ocho años de cárcel como “miembros de una asociación ilícita” y coautores de los delitos de “defraudación y perjuicios contra la administración pública”.

En tanto, la Fiscalía desestimó la acusación contra el ex secretario de Hacienda Mario Ruiz ante la falta de elementos probatorios. El monto de las penas solicitadas se conoció en los últimos días, durante la jornada de alegatos del juicio que se ventila en los tribunales de Junín y que tiene señalados a los acusados como presuntos responsables de 45 hechos.

Durante esa instancia, los abogados defensores de los exfuncionarios imputados pidieron la absolución de sus defendidos ante lo que consideran “graves omisiones en la recolección de las pruebas para la instrucción” según revela el diario Democracia de Junín.

A su vez, durante los alegatos también se conocieron las demandas de la querella que representa a la actual gestión municipal del intendente Salvador Serenal (UCR). Los letrados fueron más duros y demandaron15 años de cárcel para Jorge Fernández e inhabilitación perpetúa para cargos públicos, 10 años de cárcel para Walter Fernández y Marcelo Porto y 4 años de prisión para Mario Ruiz.

Jorge Fernández fue intendente de Lincoln durante tres periodos consecutivos (2003-2007/ 2007-2011 y 2011-2015) y dos veces concejal por el Partido Justicialista entre 1993 y el 2001. Desde marzo de 2018 estuvo detenido tras una denuncia presentada por el actual intendente Salvador Serenal, en base a un expediente que había sido desestimado previamente. Allí se lo acusaba de numerosos delitos como presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de fondos públicos, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Tras permanecer varios meses alojado en una cárcel de Junín, continuó con prisión domiciliaria hasta principios del 2020, cuando finalizó el plazo máximo de detenciones bajo prisión preventiva."Fue una de las más claras persecuciones políticas en la Provincia" dijo en aquel entonces en una entrevista con Infocielo.

En 2021, volvió al ruedo de la política y ganó la interna municipal del Frente de Todos que le permitió conquistar una banca como concejal. En 2022, arribó al ministerio de Seguridad de la Nación de la mano de Alberto Fernández.