Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL Nº 386 DE SEMANARIO DE JUNÍN. CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023.

La aparición de un video en el que un funcionario judicial aparentemente ebrio o drogado es acusado por otra persona de una serie de hechos relacionados, entre otros, con trata de menores, pornografía infantil, tráfico de influencias y corrupción, derivó en amenazas y medidas judiciales contra SEMANARIO, luego que nuestro medio informara al ministerio fiscal que iba a ser publicado.

El hecho adquiere una gravedad inusitada debido a las características del mismo y por la actitud corporativa que asumieron algunos de los compañeros del protagonista, tratando de soslayar un hecho que parece aberrante.

Desde hace ya varios años y coincidente con la llegada de Juan Manuel Mastrorilli a la jefatura de fiscales, el Departamento Judicial de Junín ha tenido singulares episodios que terminaron de tirar por la borda la impoluta figura de un sector que debiera ser honrado por honorables. La corrupción en la Argentina ha logrado captar a todos los sectores por más venerables que se precien llevándolos a compartir miserias comunes; esta devaluación no tiene límites geográficos.

En el orden regional, no faltaron escándalos y escandaletes, en general enrollados con cuestiones político partidarias que de un plumazo le bajaron la venda a la estatua del genial Rogelio Yrurtia.

El tema, que parece desarrollado de forma burlona, deja de serlo cuando comienzan a acontecer sucesos que causan profunda preocupación en las instituciones y no se trata de simples juegos de espionaje como los generados en la justicia porteña, sino operaciones del poder que llegan a la prensa, intentan involucrarla y terminan culpándola de todos los males, cuando la promiscuidad parece ser judicial.

Javier Martín Tomino (a la der.) durante la inauguración de una dependencia judicial. En la otra imagen, junto al fiscal general Mastrorilli.

Hace unos días, la redacción de SEMANARIO recibió un video cuyo “actor” principal el secretario del fiscal general Juan Manual Mastrorilli. Se trata de Javier Martín Tomino, quien por estas horas habría tomado licencia.

En el video, que dura unos cinco minutos, una persona allegada al funcionario y con clara intención de dañarlo, le hace una serie de planteos y recriminaciones que exceden el tema de la vida privada y la animosidad, ya que abundan en elementos que podrían constituir un delito de orden público.

Tomino, a quien se observa sentado en un sillón con el torso desnudo y un vaso en la mano, parece no estar en condiciones para responder con objetividad a los cuestionamientos agresivos de la otra persona, aunque asiente parte de los mismos.

Capturas del video.

Sin embargo, las acusaciones se refieren a seis delitos, a saber: tráfico de influencia, robo, pornografía infantil, encubrimiento, incumplimiento de funcionario público, violación y trata de personas.

EL MENSAJERO

Este medio recibe en forma frecuente material de distinto tipo, por parte de una heterogénea pléyade de lectores y seguidores, con el objetivo de ser considerado de utilidad periodística.

Los mismos son evaluados por un equipo de trabajo que determina acerca del interés de divulgarlo y si hay necesidad de requerir la asistencia de la justicia debido a las características del hecho.

Martín Laius, fiscal a cargo de la investigación de su propio compañero de departamento judicial.

Eso ocurrió en este caso, donde se determinó, antes de hacerlo público, realizar la consulta a la justicia a pesar de ser del mismo departamento judicial del que resultara parte el protagonista.

El video fue enviado a la fiscal Pamela Ricci, quien lo elevó a sus superiores e inmediatamente al otro día se reunieron en la fiscalía general y la funcionaria produjo un informe que pasó a la órbita de la Unidad Fiscal N° 8, a cargo del fiscal Martín Laius, demostrando por su parte el compromiso con la función judicial.

Pamela Ricci, fiscal que preparó el informe cuando Semanario envió el video.

Además de adjuntar el material, Ricci hizo una descripción detallada de los hechos que allí se materializan.

De todos modos, si bien se adujo que el video era parte de una situación ocurrida hace casi dos años atrás, recién ahora habría generado en la “familia judicial” que Tomino fuera apartado del cargo y se considere darle apoyo profesional ante una probable situación de “consumo problemático”.

HECHOS PREOCUPANTES

A partir de haber hecho llegar el video a la fiscalía y sin que todavía tomara estado público por parte de nuestro medio, el director de SEMANARIO, Héctor Javier Orellano, empezó a recibir llamativos mensajes al respecto, al punto que mientras realizaba tareas en inmediaciones de los tribunales locales, fue interpelado por el mismo Tomino acusándolo de haberlo denunciado, oportunidad en que se evitó por poco que la situación trascendiera a hechos de mayor violencia, debido a lo exaltado que se hallaba el protagonista de la filmación en la que se detallan delitos aberrantes que, supuestamente, son motivo de investigación.

Tomino le solicitó una medida cautelar a la fiscal Fernanda Sánchez contra el director de SEMANARIO.

Eso generó que el director de este medio realizara la denuncia formal respecto al video, mientras que llamativamente al mismo tiempo, Tomino, le solicitara una medida cautelar a la fiscal Fernanda Sánchez contra el director de SEMANARIO para que éste “no mantenga ningún contacto” con el secretario de la fiscalía que fue apartado del cargo.

Lo que no consta en la presentación es que desde distintos actores, incluso del propio afectado, hubo intentos de soborno para no dar a conocer el video.

Finalmente otro hecho de gravedad resulta de que la notificación de la cautelar al director de SEMANARIO llegó a su domicilio privado que no figura en los organismos públicos, demostrando al menos una operación de inteligencia para rápidamente intimidar a quien iba a dar a conocer el documento que de este modo, termina manchando al resto de la justicia bonaerense con asiento en Junín, que ha sabido protagonizar varios hechos escandalosos, logrando acallarlos por diferentes vías, como la que exponemos, mediante presiones.

En virtud de los sucesos que podrían afectar el derecho de la libertad de prensa, el cual no puede estar sujeto a censura previa, desde SEMANARIO se ha tomado contacto con medios nacionales y en virtud de la presunta persecución judicial, se ha informado al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Fundamedios USA, agencia internacional.

Esta muestra de corporativismo de la justicia tratando de blindar a uno de sus funcionarios claramente apuntado por cuestiones aberrantes, suma una marca al poder judicial argentino, cuestionado de forma constante no sólo por actitudes corporativas, sino por muestra de conveniencia política partidaria y disímiles posturas a la hora de emitir sus fallos, en claras muestra de favoritismo.

Desterrar este tipo de prácticas no debe ser una lucha silenciosa de unos pocos, sino que requiere del compromiso de todas las organizaciones, particularmente las del Derecho que aparecen claramente dañadas por los efectos colaterales de los sectores que intentan defender situaciones indefendibles.

VIDEO: UN CONTENIDO ABERRANTE

El ida y vuelta que mantiene el tal “Gabriel S.”, con el funcionario judicial Javier Tomino, se da en un marco de inusual sadismo, que termina desnudando la probabilidad de que se hayan cometido una diversidad de delitos que ahora deberá investigar la justicia. ¿Lo harán los mismos funcionarios compañeros del protagonista?

Quien filma hace permanentes acotaciones sexuales y lo trata a su interlocutor de ignorante en materia de leyes y que tiene problemas mentales.

En un momento lo acusa de tener pornografía infantil en la computadora y que fue “cómplice también del caso de la nena de calle Arias”, alegando: “por eso estuviste mal en aquel entonces. ¿Te acordás que lo llevaste vos al tipo ahí?”.

La referencia a “la nena de Calle Arias” podría tener relación con el caso de Camila Borda, de 11 años, quien fue hallada muerta en febrero de 2018 en la casaquinta de un vecino ubicada en Arias 1559, luego que la familia denunciara su desaparición el día anterior.

“Si, estuviste muy mal, te desmayaste, te llevó la ambulancia, estuviste en terapia. Si, hablá, yo no existía. Hay que lindo, como vas a salir en el diario ‘La Verdad’”, le dice la persona que lo filma, dando a entender que lo hacía para difundirlo a través de los medios de prensa.

Incluso lo acusa de haber consumido drogas y que lo hacía con otras personas, una de las cuales es mencionada en el video por su apellido.

Posteriormente también denuncia que “te robás plata en el laburo. Como estuviste metido en la causa de los gitanos (…) del gran secuestro que hubo de allá de los autos de la (ruta) 188”. Acotación probablemente referida a la causa donde se desbarató a la banda denominada por la policía como "Los Gipsy Kings" -por el grupo musical que tenía integrantes gitanos- un hecho acontecido en mayo de 2018 y donde les secuestraron decenas de autos de alta gama y más de 100 millones de pesos de aquel entonces, en distinta moneda extranjera y joyas.

Hacia el final y casi como en la mayor parte de los cinco minutos que dura la filmación, quien filma al funcionario abunda en aberraciones de tipo sexual que, en el marco del probable consumo de estupefacientes por parte de ambos, resulta un material altamente sensible para la opinión pública.