El caso por el espionaje ilegal a jueces tendrá ahora como fiscal a Carlos Stornelli. El fiscal Gerardo Pollicita, que venía trabajando en la causa, se excusó de intervenir cuando el juez Marcelo Martínez De Giorgi decidió sumar al expediente principal una denuncia contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Precisamente, había sido Stornelli quien había imputado a ese legislador en la causa que se anexó. Por eso, el fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe resolvió que sea él quien quede a cargo de impulsar la investigación.

La decisión se tomó precisamente por la conexidad de los expedientes. Y fue el propio Martínez De Giorgi el que facilitó la resolución de la cuestión al informarle a la fiscalía de Cámara que ya existía una denuncia en la que intervenía Stornelli Se trata de la causa que convirtió a Tailhade en imputado: una denuncia que había radicado en su contra el ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro por el espionaje ilegal tras la difusión de supuestos chats de su celular.

El caso investiga la megacausa del espionaje que tiene presos a un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro y a Ariel Zanchetta, que aparece como la punta de iceberg de distintas tareas de inteligencia ilegal contra jueces y fiscales. El análisis del teléfono de Zanchetta , sin embargo, destapó que esas diligencias ilegales alcanzaron también a políticos, empresarios, dirigentes sociales y de fútbol, gremialistas, periodistas, y más hombres de la Justicia.

Llevó a Pollicita a imputar, pedir la indagatoria y hasta la detención (cuando no se lo encontró para secuestrarle el teléfono) de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la estructura de comunicación de La Cámpora que hasta hace unos días ocupaba un cargo jerárquico en la AFIP. En el teléfono de Zanchetta, que se decía periodista, aparecía un diálogo en donde el ex policía le preguntaba si seguía “reportando” a él y el funcionario le encargaba averiguar sobre un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y publicar una nota en contra de ella.

La difusión de las maniobras llevó a una treintena de personas a pedir ser querellantes en el expediente. Stornelli había sido uno de ellos. El juez Martínez De Giorgi recién en las últimas horas comenzó a exhibir a los primeros que se presentaron en el expediente la información que había sobre ellos para que ellos evalúen el material y resuelvan si avanzan con el pedido de querellar. Stornelli no estaba por ahora entre los convocados. Eventualmente ahora tendrá que evaluar si con el material encontrado se considera una víctima del espionaje. O si se queda como fiscal.

En tribunales se creía que con la salida de Pollicita el caso iría a parar a la fiscalía de Alejandra Mangano. Pollicita está a cargo de la fiscalía 11 y Mangano de la 12. Y habitualmente cuando hay reemplazos suben o bajan los expedientes, según la acumulación de trabajo de cada dependencia.

Sin embargo, la existencia de una causa conexa en la que intervenía otro fiscal inclinó la cancha. Lo mismo ya había sucedido al inicio del expediente. Cuando el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti denunció la creación de líneas “truchas” a su nombre, la fiscalía que intervino fue la titular de la fiscalía 10 Paloma Ochoa. Como la causa se acumuló con una denuncia anterior por el hackeo a celulares de cuatro jueces, quedó Pollicita. Ahora Pollicita sale y pasa a Stornelli.

El caso investiga la megacausa del espionaje que tiene presos a un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro y a Ariel Zanchetta, que aparece como la punta de iceberg de distintas tareas de inteligencia ilegal contra jueces y fiscales. El análisis del teléfono de Zanchetta , sin embargo, destapó que esas diligencias ilegales alcanzaron también a políticos, empresarios, dirigentes sociales y de fútbol, gremialistas, periodistas, y más hombres de la Justicia.

Ese material llevó a Pollicita a imputar, pedir la indagatoria y hasta la detención (cuando no se lo encontró para secuestrarle el teléfono) de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la estructura de comunicación de La Cámpora que hasta hace unos días ocupaba un cargo jerárquico en la AFIP. En el teléfono de Zanchetta, que se decía periodista, aparecía un diálogo en donde el ex policía le preguntaba si seguía “reportando” a él y el funcionario le encargaba averiguar sobre un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y publicar una nota en contra de ella.

Precisamente, el juez está a la espera de los resultados de los dispositivos que se secuestraron a “Conu” Rodriguez. En principio los que se secuestraron en la AFIP y su casa. Y de su celular personal que entregó cuatro días después en los tribunales, cuando había fracasado el pedido de la fiscalía de detenerlo.