Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 401 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2024

En el marco de un amparo ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad de dos normas de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales que fijaban una distancia de seguridad de entre 50 y 100 metros para el uso de agroquímicos en zonas cercanas a viviendas y cursos de agua. De forma unánime, la máxima instancia judicial de la provincia consideró que “los avances científicos han demostrado” que las distancias establecidas en las resoluciones cuestionadas “resultan ineficaces e insuficientes para proteger a la salud de las personas que viven o desarrollan alguna actividad en los predios cercanos a donde se aplican plaguicidas”.

Antes hagamos una pausa para decir que en el distrito de Junín donde los predios agrícolas son linderos con las viviendas de los pueblos e incluso la propia ciudad, sigue vigente sin que nadie se anime a modificar una ordenanza de 2013 que permite fumigaciones de glifosato al lado de las viviendas, ya que no hay limitaciones.

En Junín donde los predios agrícolas son linderos con las viviendas de los pueblos e incluso la propia ciudad, sigue vigente una ordenanza que permite fumigaciones de glifosato

Retomando y según el fallo que publicó el Poder Judicial de Entre Ríos, el expediente se inició por un reclamo ambiental y de salud de la Comisión Vecinal del lote “Tierra Alta”, ubicado en la localidad de Colonia Ensayo, del Departamento Diamante, contra distintos propietarios rurales con el fin de lograr el cese de fumigaciones de forma terrestre “a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del loteo” y de fumigaciones áreas “en un radio de 3 km” del predio, ubicado en una zona lindera a la urbanidad.

Algo similar rige en Pergamino, gracias a la tarea realizada por el juzgado federal de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

El amparo entrerriano también solicitó la inconstitucionalidad del artículo 2° de la resolución N° 47/04 dictada por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de Entre Ríos, que estableció en 2004 un límite en el uso de agroquímicos “en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y del artículo 1° y 2° de la resolución N° 49 del mismo organismo, que suspendió “las aplicaciones terrestres” en una distancia de seguridad de 50 metros entre el límite del cultivo y el curso de agua permanente y fijó, además, una zona de 100 metros libre de plaguicidas “si en las proximidades de los lotes a tratar existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna”.

El caso se elevó, apelación mediante de todas las partes del proceso, hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrado por los jueces Germán Carlomagno, Miguel Giorgio y Laura Soage, quien fue la primera en desarrollar su voto en una decisión que terminó siendo unánime.

 “En el presente, los avances científicos han demostrado que las distancias establecidas en las resoluciones cuestionadas en el presente amparo resultan ineficaces e insuficientes para proteger a la salud de las personas que viven o desarrollan alguna actividad en los predios cercanos a donde se aplican plaguicidas”, describió la jueza Soage, y agregó: “Los avances tecnológicos y científicos han puesto en evidencia la irrazonabilidad de las referidas normas, esto es, su manifiesta ineficacia para cumplir con la finalidad para la cual fueron dictadas, esto es evitar que la aplicación de plaguicidas por aspersión aérea o terrestre pueda ocasionar daños a terceros”.

El glifosato fue desarrollado originalmente por la empresa agroquímica estadounidense Monsanto, adquirida por Bayer en 2018

Al evaluar las distancias o “zonas de restricción” necesarias para preservar la salud frente al uso de agroquímicos, la jueza tomó en cuenta el dictamen preparado por la médica forense del Superior Tribunal de Justicia, Lilian Pereyra, donde señaló que “Existen evidencias de que el uso mediante técnicas indebidas de los plaguicidas producen alteraciones en la salud muy variadas como genotóxicas, mutagénicas, teratogénicas, inmunitarias y otras, que pueden expresarse como asociación con cáncer, disrupción endocrina, malformaciones congénitas, problemas de fertilidad y reproducción, déficit neurológicos y neurocognitivos (...), entre otras patologías”.

Ese dictamen también expuso que, en base a la información científica existente, “se considera que a partir de una mínima distancia de 1000 metros se puede comenzar a contar con un nivel razonablemente aceptable de protección”.

A su vez, propuso tomar como límite la mayor distancia prevista en los estudios referidos por el experto Rafael Lajmanovich (1095 metros) como zona de exclusión y, en consecuencia, prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en el radio de esa distancia (1095 metros) y la fumigación aérea en un radio de tres mil metros (art. 12, dec. 279/03), en la zona abarcada por los loteos Tierra Alta I, II y III”.

MONSANTO BAYER Y LOS MEXICANOS

En función de los multimillonarios reclamos que enfrenta Bayer por el glifosato,  el grupo químico y farmacéutico, dijo que se encuentra desarrollando un producto que podría utilizarse como alternativa al controvertido herbicida. De todas formas, las autoridades siguen afirmando que es seguro.

"Ya estamos probando esta nueva sustancia en plantas reales", con el objetivo de sacar el nuevo producto al mercado en 2028, es decir, dentro de cuatro años, anunció el consejero delegado de la compañía, Bill Anderson, en declaraciones al dominical "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Según Anderson, se trata de la primera innovación pionera en este campo desde hace treinta años.

El glifosato fue desarrollado originalmente por la empresa agroquímica estadounidense Monsanto, adquirida por Bayer en 2018 por más de 60.000 millones de dólares. Desde entonces, el consorcio alemán se enfrenta a decenas de miles de demandas por daños y perjuicios debido a un posible efecto cancerígeno del glifosato.

En tanto, los mexicanos emprendieron una cruzada a favor de las tortillas sin transgénicos ya que se consumen a diario 300 millones de tortillas y la mayoría se elaboran a partir de harina de maíz y agua. México consume unas diez veces más maíz que EE.UU. o Europa.

“La población en México está altamente expuesta y vulnerable a estos riesgos debido a la cantidad de maíz que se consume a diario en forma de tortilla y otros alimentos”, advierte un informe presentado esta semana para defender la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el maíz transgénico en harinas destinadas al consumo humano.

Lo más alarmante del informe son los nuevos datos sobre la salud. Según un estudio realizado en 2017 –antes de la prohibición– se han encontrado residuos de glifosato y otras herbicidas en miles de tortillas analizadas. Existen indicios de que el glifosato puede estar relacionado con enfermedades neurológicas y cáncer.