martes 21 de mayo de 2024

NACIONALES | 13 may 2024

El Gobierno dispuso la emergencia ferroviaria tras el choque de trenes en Palermo

Es una medida que permitirá administrar fondos de manera más ágil. Estarán destinados a la cobertura de contingencias como el robo de cables u otros problemas de infraestructura en el sector


Después del choque de trenes en la línea San Martín que se produjo el viernes en Palermo, el Gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria. Eso le permitirá disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura.

La falta de inversión crónica en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos, empresa que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, se refleja en que las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas tuvieron un recorte del 60% en los primeros cuatro meses de 2024, respecto del mismo período del año anterior, según el análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que publicó Infobae esta fin de semana.

La sociedad estatal que soportó el mayor ajuste en la gestión de Javier Milei fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con un 92% de reducción. Y, entre otras obras pendientes, está una licitación para la electrificación de la línea San Martín con un préstamo del BID, anunciada en 2017, que sigue sin adjudicación.

Trenes Argentinos actualmente es dirigida por Luis Adrián Luque, un ex concejal del Frente Renovador en San Miguel. Esa empresa que opera los trenes de pasajeros en el país estuvo dos meses sin autoridades por la demora de Milei en designar al reemplazante de Martín Marinucci, también integrante del partido fundado por Sergio Massa. Luque se desempeñaba, desde enero de 2002, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que controla Trenes Argentinos.

No será la primera vez que se declare la emergencia ferroviaria en el país. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, también se la había aplicado y se mantuvo durante años. Lo hizo mediante el decreto 2075 que abarcó a todas las líneas que operaban en el ámbito metropolitano e incluso a los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

El medio digital Enelsubte informó este lunes que, una semana antes del choque que dejó casi un centenar de heridos y la interrupción del servicio del San Martín entre Palermo y la cabecera Retiro, desde Trenes Argentinos habían alertado a sus superiores sobre los problemas de la línea debido a las restricciones presupuestarias. El informe se remitió al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, a la Secretaría de Transporte que conduce el cordobés Franco Mogetta y también a Mauricio González Botto, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación que tiene a cargo el área donde se analiza la situación de cada unas de las empresas estatales que el Gobierno tiene previsto dejar en manos privadas.

De acuerdo a esa nota, por la falta de fondos se complicó el arreglo del material rodante, se frenaron licitaciones como la que iba a servir para renovar locomotoras en el San Martín y se paralizó la compra de insumos e incluso la contratación de servicios médicos que iban a servir para atender a los pasajeros y a los empleados de de servicios de seguridad en trenes y estaciones, entre otros.

En la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) que se ocupa del mantenimiento y de las tareas de infraestructura hubo más de 100 despidos en marzo. SOFSE, con un recorte del 56%, fue una de las ramas de Ferrocarriles Argentinos más afectada. Es la empresa que tiene la mayor cantidad de empleados, 23.743, y la que debe garantizar el funcionamiento de las líneas de pasajeros. En 2023 tuvo un resultado negativo de $47.310 millones. Para este año, tiene previstas transferencias del Tesoro previstas por $336.000 millones, pero solo se ejecutó el 40% de este monto.

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