martes 25 de junio de 2024

NACIONALES | 11 jun 2024

A SEIS MESES DE GOBIERNO

El Cels denuncia que Milei intenta desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia

Un informe del organismo de defensor de los DDHH cuestiona la disolución de áreas vitales para la investigación de los crímenes de lesa humanidad que realiza la gestión libertaria en un contexto de ajuste del Estado. Critican además la vigencia de los discursos negacionistas y la discontinuidad de las políticas reparatorias para las víctimas de la última dictadura.


El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un informe crítico sobre las políticas de derechos humanos en los primeros seis meses del Gobierno de Javier Milei, en el cual da cuenta del “desmantelamiento total o parcial” de las iniciativas sobre Memoria, Verdad y Justicia que el Estado argentino desarrolla desde hace 20 años en relación a los crímenes del terrorismo de Estado. El trabajo fustiga además la visión “negacionista” que posee la administración libertaria sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas en los años ’70.

“Terrorismo de Estado y Políticas de Memoria, a seis meses del Gobierno de Javier Milei”, es el título de este relevamiento que consigna algunas de las decisiones que el Gobierno tomó en los últimos meses como la disolución de los equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la decisión de dejar de elaborar registros audiovisuales sobre los juicios de lesa humanidad y la suspensión de las reparaciones que recibían las víctimas de la última dictadura cívica militar.

Además, el organismo defensor de los derechos humanos da cuanta sobre “la falta de preservación y mantenimiento” que se verifica actualmente en los sitios de Memoria.

En ese sentido, el trabajo sostiene que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se ven afectadas por una combinación de ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y vaciamiento de estructuras”.

“En marzo, fueron despedidos dieciocho trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales. A esto se suman los discursos reiterados de los máximos funcionarios del gobierno que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas”, se remarca en este análisis.

El CELS lamenta que las directivas sobre políticas de memoria y educación en derechos humanos que se vienen aplicando desde 2003 sean vistas en la actualidad como “un adoctrinamiento. También deplora que las reparaciones sean vistas como “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas.

“El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el ‘Nunca Más’ para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, subraya el CELS.

El estudio recuerda que “hasta marzo de este año se habían iniciado 686 causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. De ese total, 321 tienen sentencias, que condenaron a 1176 personas, entre militares, policías y civiles, y absolvieron a 183”.

Se indica también que “el Poder Ejecutivo Nacional interviene desde 2007 como querellante, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, en 266 de estas causas”. “Si bien el actual Ministerio de Justicia sostuvo su rol en las querellas, esta decisión acertada convive con resoluciones y declaraciones del nuevo gobierno que buscan socavar el proceso de justicia”, se fundamenta en el relevamiento.

En relación a las decisiones que se tomaron en los últimos meses, el CELS recuerda que “el Ministerio de Defensa puso fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), que había sido creado en marzo de 2010 (Resolución 308/2010)”.

Se trataba de una entidad que había aportado información significativa para el avance de las causas de esa humanidad a partir de relevar información sobre el funcionamiento de las estructuras de mando que tuvieron los Fuerzas Armadas durante la represión ilegal.

Sin embargo, el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri calificó a estos equipos como “un grupo macartista y de persecución parajudicial sobre las Fuerzas Armadas”.

El Ministerio no aclaró hasta el momento cómo responderá a los pedidos de información que puedan surgir durante el desarrollo de alguna instrucción judicial sobre delitos de lesa humanidad.

La decisión de Petri causó alarma en 36 fiscales federales que trabajan en procesos por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, quienes destacaron la importancia del trabajo realizado por esos equipos para el avance de las investigaciones y pidieron que no sean desmantelados.

El Cels reseña además la reciente directiva del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, quien le informó a la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (Conadi) que no entregaría información sobre los legajos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad que pudieran estar implicados en el robo de bebés que se cometieron en la última dictadura.

La Conadi es un organismo creado en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y se especializa en la búsqueda y restitución de las identidades de los niños que nacieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención ilegales que funcionaron en el país entre 1975 y 1983.

El gobierno también desmanteló el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, que había sido creado en 2009, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Con esa decisión se buscaba preservar a las víctimas que declaraban en los procesos de lesa humanidad, que eran documentados por efectivos de las fuerzas federales, que podían haber sido partícipes de hechos de represión ilegal.

El Cels señala además que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) discontinuó el trabajo de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 e integrada por organizaciones de derechos humanos. La tarea de este organismo era analizar archivos sobre la participación de los servicios de inteligencia en delitos de lesa humanidad.

El CELS apuntó además contra las posturas negacionistas que manifiesta habitualmente la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de aceitados vínculos con represores condenados por la justicia. La titular del Senado reclama desde hace meses que los genocidas encarcelados “deben acceder a una solución jurídica”.

La calificación de los sitios de Memoria como “lugares de adoctrinamiento” por parte de funcionarios del Gobierno también fue objeto de críticas por parte del informe, en el cual se reseña la visita que realizaron integrantes de una promoción de egresados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) al predio donde funcionó uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la última dictadura. Los efectivos retirados de la Armada entonaron cánticos alusivos a la Marina y se tomaron una foto junto a un avión que había sido utilizado en los vuelos de la muerte.

Por último, el análisis señala que en base a una irregularidad que fue denunciada por la gestión que encabezó hasta diciembre de 2023 Horacio Pietragalla Corti en la Secretaría de Derechos Humanos, el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, suspendió el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. La resolución del funcionario, que defendió a personas acusadas en procesos de lesa humanidad, se tomó con la intención de “frenar un festival de pagos”.

Sin embargo, el CELS recuerda en su estudio que las políticas reparatorias están vigentes desde 1991, y “han sido evaluadas regularmente por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por la Sindicatura General de la Nación”.

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